Se proyecta una disminución de 147 casos en relación con el año pasado
Homicidios reportarán a finales de 2026 la cifra más baja de los últimos cuatro años
Presidenta Laura Fernández anunció una batalla sin cuartel contra los criminales
Al llegar a la mitad del 2026, Costa Rica se encamina a cerrar el año más pacífico de la guerra entre bandas narcotraficantes.
Pese a ello, la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los costarricenses, a la vez que los medios de comunicación siguen reportando violentos asesinatos.
En todo caso, de mantenerse el ritmo de homicidios diarios de la primera parte del año, el país registraría 726 asesinatos al finalizar este período.
Se trata de 147 casos menos en comparación con el año pasado, cuando se registraron 873, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al lunes anterior.
Por otra parte, se trataría de la cifra más baja en los últimos cuatro años, en donde Costa Rica pasó de ser un país pacífico con una tasa de homicidios de 11 casos por cada 100 mil habitantes, a registrar 17 personas fallecidas en igual número de habitantes.
Desde el 2022, cuando Rodrigo Chaves asumió las riendas del país, Costa Rica empezó a registrar números preocupantes en esta materia, producto de una guerra entre bandas narcotraficantes por territorio, y para el 2023 se alcanzó la cifra histórica de 905 homicidios.
Por otra parte, la provincia de San José es la que reporta más homicidios en lo que llevamos del año; sin embargo, registra una disminución importante en relación con el mismo período del año pasado, mientras que Limón y Puntarenas son las otras provincias que lidian con los problemas de seguridad.
Lucha frontal
Para acabar con este problema, la mandataria Laura Fernández comanda el grupo Fuerza Élite. Se trata de un comando de seguridad activo que reúne a los jerarcas del sector y a la policía judicial todos los lunes.
La idea es darle seguimiento constante a la problemática de seguridad. Su última acción fue separar a siete jefes policiales que no pasaron la prueba del polígrafo. A ellos les hicieron preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos.
“Siete de 33 funcionarios no pasaron esta prueba. (…) Para tranquilidad de todos los costarricenses, los ministros y directores de la DIS y de la UEI aprobaron sin problema. ¿Qué va a pasar con los siete directores de confianza que no pasaron la prueba? Fueron removidos de inmediato de sus puestos de dirección y, adicionalmente, instruí una investigación preliminar que se conducirá desde mi despacho contra cada uno de ellos”, dijo Fernández el lunes pasado.
Por otra parte, tras aseverar que durante años la justicia estuvo del lado de los delincuentes, la presidenta presentó al Congreso una serie de propuestas que buscan poner a las víctimas en el centro de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La mandataria no solo presentó al Congreso seis proyectos para endurecer las penas carcelarias, sino que también encontró espacio para fomentar la justicia restaurativa.
Ese sería el caso, por ejemplo, de una propuesta que se llama “Cero ocio en las cárceles”, en donde los privados de libertad que decidan trabajar para reducir su estadía en prisión tendrán que destinar un 35% de lo que ganen para resarcir a las víctimas y sus familias.
“Tiene que acabarse la alcahuetería contra los criminales reincidentes; quien haga del crimen su forma de vida tiene que recibir penas más severas”, dijo Fernández.
Las iniciativas incluyen también un plan para que la respuesta armada de un oficial de policía se presuma como legítima defensa de ahora en adelante, además de otro plan para establecer penas de cárcel específicas para quienes conforman una red criminal.
Asimismo, se impulsa una ley para que las personas reincidentes no puedan ser liberadas por los jueces solo por alegar arraigo familiar o arraigo laboral.
Finalmente, se establecen penas de prisión de 5 a 10 años para propietarios de pistas clandestinas y se niega el derecho al olvido por un período de 15 años en caso de narcotráfico y homicidio.
