Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 6 Agosto, 2014

Se ha abierto el debate de si un Presidente tiene la potestad jurídica de levantar un veto de un antecesor


Hablando Claro

Historias sin fin

El presidente Luis Guillermo Solís sorprendió la semana pasada con una decisión que no adoptaba mandatario alguno, desde hace más de tres décadas; es decir, desde antes de la existencia de la Sala Constitucional.
Solís levantó el veto mediante el cual se mantenía vigente la prohibición que pesaba sobre el dominio público de una calle que han reclamado para su uso particular un grupo de artesanos, instalados justamente en vía pública, en la famosa calle 13 bis, entre la Plaza de la Democracia y la edificación donde opera la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.


Precisamente el veto a la ley con que los diputados de entonces pretendieron asegurarles la calle a los artesanos, fue interpuesto por el presidente Oscar Arias en 2009, lo cual produjo en su momento todo un debate, en el que por supuesto pesó mucho el hecho de que se tratara justamente de la calle frente a la Fundación, lo cual colocó la lucha —según argumenta ahora una diputada del Frente Amplio— en la dimensión de David contra Goliat, como si la propiedad de la calle se disputara entre los artesanos y el propio expresidente.
La cosa es que está visto que en este país nuestro nada concluye cuando supuestamente está concluido. Y el veto fue solo un capítulo más.
Después de que la Municipalidad de San José se pusiera manos a la obra e invirtiera mucho dinero para habilitar en el antiguo Frontón un mercado de artesanías como debe ser, ahora la historia va de nuevo.
Por un lado, se ha abierto el debate de si un Presidente tiene la potestad jurídica de levantar un veto de un antecesor. Por otro, el tema de la conveniencia política de tal proceder.
Como sucede siempre, habrá que recorrer ahora un camino de abogados, criterios e instancias que nos deja a todos, pero especialmente a los artesanos, otra vez en ascuas, aunque momentáneamente contentos con una victoria obtenida en puertas del desalojo.
Hemos leído, en estos días muchísimas opiniones, la mayoría contrarias, respecto de la potestad que reclama como legítima la nueva administración para desandar lo andado.
¿Qué va a hacer ahora la Municipalidad con las nuevas instalaciones?
¿Son las calles públicas, municipales o nacionales, bienes de los que se pueda disponer para el ejercicio del comercio de cualquier actividad?
Admito que me quedo corta para comprender cómo es que podemos enredarlo todo tanto.
Menos aún entiendo si el paso dado por el presidente Solís es, como dicen algunos, un cálculo para establecer a partir de las repercusiones de este caso puntual, las posibilidades jurídico-políticas de levantar —como pide el Frente Amplio— el veto que pesa sobre las reformas al Código Procesal Laboral, con lo cual el mandatario terminaría por habilitar el derecho a huelga en los servicios públicos.
Lo único que por ahora me queda claro, es que tenemos una capacidad ad infinitum para complicarnos todo. Lo cual no deja de ser sorprendente, habiendo tantos y tantos asuntos de gran calado por debatir y resolver.
Ojalá no se nos vaya la vida, dándonos vueltas. Como el perro que se busca la cola.

Vilma Ibarra