Tomas Nassar

Tomas Nassar

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Viernes 5 Agosto, 2016

Cada uno de nosotros debe sentir en carne propia la vergüenza de la incapacidad para dar a los privados de libertad un trato humanitario

VERICUETOS

Hipocresía

Confieso que me han producido gran tristeza las razones que fundamentan la orden del Juez de Ejecución de la Pena de clausurar la cárcel de San Sebastián.

Quisiera contar con argumentos suficientes para no tener que admitir que las condiciones inhumanas en que viven mas de mil habitantes y transeúntes en Costa Rica reflejan que hemos llegado a ser una sociedad profundamente egoísta e hipócrita, que sigue regocijándose en glorias pasadas mientras los atributos de nuestra personalidad colectiva se derrumban a pedazos.
Ninguna sociedad civilizada debería permitir que un solo ser humano viva de esa manera, que se le someta a condiciones de insalubridad y hacinamiento, ni que la represión violente la dignidad de quienes, por diferentes razones, viven la tragedia personal y familiar de la pérdida de la libertad.


Si para ellos, por las circunstancias que sean, la reclusión les enfrenta a una realidad terrible, para el colectivo la deshumanización de ese drama nos debería hacer palidecer de vergüenza.
Confiaba en que Costa Rica había superado el oprobio de la “Peni” y de San Lucas y que la reforma penitenciaria, lograda gracias al empeño de doña Elizabeth Odio como Ministra de Justicia (1978-1982), prevalecería a través de los tiempos; no obstante, hoy San Sebastián confirma el cinismo, la ceguera y la ignominia que se produce cuando se da la espalda a una realidad que nos humilla como nación.
No termino de entender cómo no hay voces que se alcen por la dignidad de esos seres humanos prisioneros, no solo de sus actos, sino también del más reprochable abandono institucional. No logro asimilar que esos diputados y miles de ciudadanos que clamaron por una ley de maltrato animal sean profundamente indiferentes ante la realidad de nuestros presidios.
Como ciudadano no acepto que se excuse la inacción de los responsables en la falta de recursos, no cuando los hay abundantes para viajes y gollerías, no cuando el Ministerio de Justicia dispone de $130 millones otorgados por el BID mediante un préstamo concedido precisamente para ser invertido, entre otras cosas, en rehabilitación penal, desde mayo de 2011.
Injusto sería, por supuesto, atribuir la situación a esta administración de la Cartera de Justicia, siendo que obviamente es producto de ese letargo enfermizo que nos corroe como mal endémico de nuestra institucionalidad.
Cada uno de nosotros debe sentir en carne propia la vergüenza de la incapacidad para dar a los privados de libertad un trato humanitario, que no va mucho más allá de los conceptos elementales de dignidad y decoro, que garantice la preeminencia de su valor como persona, de sus derechos como seres humanos, que les permita aspirar a su reinserción social. Nuestra propia dignidad como nación esta siendo mancillada ante la ineptitud del sistema y la terrible indolencia de gobernantes y ciudadanos; silentes y cómplices, todos.
Regocijarnos en las quiméricas premisas de que somos la Suiza de América o la nación más feliz de la tierra no es más que un acto de absoluta hipocresía, porque no puede haber felicidad mientras no haya dignidad y justicia.