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He aquí nuestro inmovilismo

Alvaro Madrigal cuyameltica@yahoo.com | Jueves 04 febrero, 2016

Aunque es un esfuerzo limitado al sector institucional social, hay que tomarlo como un primer paso de un desafío de grandes dimensiones que se manifiesta en toda esa versión de Estado ineficiente que hemos creado a costos que crecen exponencialmente

De cal y de arena

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Esto dijo el Ministro de Planificación en 1992: “Es imprescindible modernizar el aparato institucional del Estado para que éste deje de ser un obstáculo y, por el contrario, contribuya a la transformación productiva que se busca.” Lo dijo en uno de los tantos documentos en que se consigna el compromiso del gobierno de ejecutar lo que se llamó el Programa de Ajuste Estructural III donde, al precisar los objetivos de reestructuración y consolidación institucional, dice –ahora a la par del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda— que “buscar la eliminación de duplicaciones y reducir ineficiencia en las instituciones del sector público deben ser preocupaciones permanentes de la Administración”. Han pasado más de 20 años y aquellos objetivos siguen pendientes de cumplimiento. Sin temor a error, cabe afirmar que más bien el aparato institucional del Estado se ha tornado más ineficiente, oneroso y lastrante, su tamaño se ha multiplicado y sus presupuestos cargan los costos de los privilegios de muchos grupos de presión que han encontrado en él nido para su modus vivendi. Así, la reducción de las ineficiencias en la prestación de los servicios públicos y el objetivo de garantizarles mayor cobertura y mejor calidad al menor costo posible, quedaron archivados en la historia de un programa que se llamó “Reforma del Estado en Costa Rica” que quedó en nadadito de perro. ¡Cuántos recursos perdidos y el Leviatán sigue, desafiante y gravoso, poniendo estorbos a los propósitos de hacer de la costarricense una mejor sociedad!
En este contexto, el diputado Ottón Solís toca las campanas de alarma con un proyecto de ley que hunde el bisturí en la cornucopia de instituciones creadas para cumplir el mandato constitucional que impone al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes. Es ese enorme mar en el que se ahogan ingentes recursos y no se consigue abatir —por ejemplo— la pobreza y la desigualdad: más de ¢60 mil millones van a parar a las arcas de las instituciones comprometidas con el combate de la pobreza y sin embargo, la población que la sufre ha pasado del 5,8% al 7,2%. Aciertos y defectos tendrá el proyecto de Solís; lo más importante es que sirva de timbrada para convocar un gran debate nacional que se ocupe de la reforma del aparato institucional a fin de que deje de ser un estorbo y pase a ser eficaz herramienta a los propósitos de abatir la pobreza y la desigualdad de oportunidades. Aunque es un esfuerzo limitado al sector institucional social, hay que tomarlo como un primer paso de un desafío de grandes dimensiones que se manifiesta en toda esa versión de Estado ineficiente que hemos creado a costos que crecen exponencialmente. El proyecto merece atención, no con la pretensión de ser la única alternativa pero sí con la esperanza de que sirva de inspiración a una tarea que no debe posponerse más y que es de la incumbencia de todo el arco de las fuerzas sociales del país. Si los políticos siguen pateando la bola pa’delante, este viejo edificio va a terminar cayéndonos encima.

Álvaro Madrigal

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