Hay que asumir la responsabilidad

Costa Rica consume más recursos naturales de los que regenera y ese déficit corresponde a 879 mil hectáreas, el triple que hace siete años. Cada persona ocupa 1,86 hectáreas en la huella ecológica y la biocapacidad del país está en 1,66, por lo que cada individuo aquí tiene una deuda de 0,20 hectáreas. Esta “ecodeuda” se debe a patrones de consumo e incremento de la población. Así lo puntualiza un reportaje de este medio ayer, basado en los estudios del Informe Estado de la Nación. La realidad es que desde hace décadas el país hizo grandes esfuerzos para tener áreas protegidas, pero luego no hubo voluntades semejantes en otros aspectos directamente relacionados con los patrones de consumo y conservación. Faltaron las medidas para implementar un adecuado manejo de las aguas vertidas y para cuidar la riqueza de nuestros mares. La agenda azul y la marrón respectivamente. Esto hubiera dado coherencia al programa gubernamental “paz con la naturaleza”. La ecodeuda del país, que consume un 12% más de lo que su suelo puede regenerar, es baja si se compara con la media mundial que anda en un 30%, y más aún si se toma en cuenta el porcentaje de déficit de un país como Estados Unidos que es de un 88%. No obstante, es peligroso sentirse bien mirando los errores ajenos. Nadie asumirá lo que Costa Rica no sea capaz de resolver por sí misma en un mundo que se enfrenta a la crisis de los recursos naturales con sectores resistentes al cambio necesario. Costa Rica tiene la posibilidad de sacar provecho al turismo ecológico y su mejor herramienta de ventas es hoy la de mostrarse como un país protector de la naturaleza. Esto debe ser algo real a lo interno si se desea mantener credibilidad. Los insumos para el ecoturismo no podremos adquirirlos en otra parte. El compromiso de los gobernantes con los costarricenses es el de proveer un sistema de desarrollo y unas reglas del juego capaces de equilibrar nuestra huella ecológica con nuestra capacidad biológica. Algo que no se logra con retórica por muy buena que sea, sino que requiere acciones en esa dirección. La población en general está bien dispuesta a ello, pero necesita educación y soluciones a sus necesidades básicas. La tarea de lograr el mencionado equilibrio es de todos. Pero es a la administración a quien le corresponde implementar las regulaciones necesarias y ampliar la capacidad de los órganos fiscalizadores a fin de que se cumpla. Un tema que demanda a gritos salirse de los intereses político-partidistas para ser resuelto mediante un acuerdo nacional.