Estos líderes sindicales son los eternos opositores a proyectos de importancia nacional

¿Hasta cuándo?

Una vez más, el sindicato de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), les ha recetado a los costarricenses una “huelga”, a la que difícilmente podemos llamar así, pues no reivindica sus propias condiciones laborales.
Más bien, los sindicalistas persiguen la anulación o modificación de un contrato firmado por el Poder Ejecutivo, refrendado por la Contraloría General de la República y avalado por el Poder Judicial.
JAPDEVA ha fracasado rotundamente en su misión como administradora de puertos: Limón y Moín son calificados entre los peores del mundo. También ha fallado como promotora del desarrollo de la vertiente atlántica: Limón es una provincia con alta pobreza, desempleo e inseguridad.
¿Qué hace el sindicato de empleados de JAPDEVA ante estos rotundos fracasos? ¿Estarán más interesados en defender sus propios privilegios, gollerías y beneficios?
Afortunadamente, este gobierno se ha plantado contra esos abusos y Ann McKinley, jerarca de JAPDEVA, puso una denuncia contra la convención colectiva de esa entidad. Con toda razón, aboga por un acuerdo de beneficios laborales que incluya metas de producción y eficiencia, a cambio de mejores ventajas económicas y sociales para los 1.500 empleados de JAPDEVA.
Esta enésima huelga del sindicato nos hace reflexionar acerca de cuánto estamos dispuestos a soportar el abuso, el matonismo y el sinsentido de los líderes sindicales.
¿Hasta cuándo aceptaremos la oposición de estos grupos al desarrollo, al avance y al mejoramiento de las condiciones para todos los costarricenses?
Estos líderes sindicales son los eternos opositores a proyectos de importancia nacional como la apertura del monopolio de cuentas corrientes, y las concesiones del puerto de Caldera, la Ruta 27 y el aeropuerto Juan Santamaría. Se opusieron a la apertura comercial, al tratado de libre comercio con Estados Unidos, a la apertura del monopolio de telecomunicaciones y de seguros.
En esas decisiones nacionales, que han sido exitosas, afortunadamente no lograron su objetivo. ¿Cuáles serían hoy las consecuencias si lo hubieran conseguido?
En marzo de 2011, el Gobierno de Costa Rica adjudicó a la empresa holandesa APM Terminals la concesión por 33 años para diseñar, financiar, construir, operar y mantener la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en Limón.
La inversión supera los $1.000 millones y generará unos 2 mil empleos, por parte de la concesionaria y las empresas constructoras. Habrá movimiento de personas, consumo, necesidad de servicios y de vivienda.
Una inversión como esta debe ser más que bienvenida en Limón, dados sus altos índices de desempleo y pobreza. Pero lamentablemente, APM tiene casi cuatro años de batallar contra los opositores al desarrollo e iniciar su proyecto.
¿En quiénes piensan estos señores cuando abogan contra la inversión y el desarrollo? Definitivamente no lo hacen por Limón, que sigue esperando soluciones efectivas para convertirse en la provincia que merece ser.

David Gutiérrez Swanson

davgutswa@gmail.com
 

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