Hacienda detuvo apenas ¢4,8 millones en mercadería ilegal
“La falta de recursos es la principal debilidad que tiene la PCF, sobre todo porque en el último presupuesto se aprobó un recorte”, explicó Elías Soley, vicepresidente de AmCham. Esteban Monge/La República.
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Un total de ¢4,8 millones en mercadería ilegal decomisó la Policía de Control Fiscal (PCF), del Ministerio de Hacienda, durante el primer semestre del año y reconoce que la falta de personal la tiene atada de manos.

“Apenas 148 funcionarios cubren todo el país. Es imprescindible duplicar la planilla y así darle una mayor cobertura a nivel nacional e incrementar el control de manera más eficiente”, destacó Irving Malespín, director de la PCF.


Los principales productos decomisados son cigarrillos, cerveza, licores, artículos de uso personal y doméstico, medicamentos, bienes enlatados y alimentos.

En cigarrillos, la situación es preocupante, porque uno de cada seis que se consumen en el país ingresa por contrabando y en el primer semestre, la cifra llegó a 12,5 millones de unidades decomisadas.

Además, el 35% de la población admite que compró productos de contrabando, confirmó una encuesta realizada por la firma Unimer el año pasado.

Cuando las autoridades detienen un cargamento, los oficiales de la PCF analizan el valor de la mercancía ilegal. Si consideran que puede sobrepasar el monto establecido en el artículo 211 de la Ley General de Aduanas como umbral de punibilidad ($5 mil), proceden a solicitar colaboración del Ministerio Público.

En caso de que el valor sea inferior a los $5 mil, se elabora un expediente y se remite directamente a la Dirección General de Aduanas para lo que corresponda.

“La falta de recursos es la principal debilidad que tiene la PCF y sobre todo, porque en el último presupuesto se aprobó un recorte. Es necesario proponer ideas con respecto al tema y que el personal sea suficiente para la magnitud del problema. Otro de los aspectos que perjudican es el ambiente de impunidad debido a que las sentencias no se dan”, explicó Elías Soley, vicepresidente de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham, por sus siglas en inglés).

Los números y las sugerencias recopiladas por AmCham y el Ministerio de Hacienda se analizaron en el Foro “Comercio ilícito en Centroamérica: experiencias, avances y desafíos que se realizó en junio y participaron representantes de Honduras y Guatemala.

Todos coincidieron en que este flagelo, así como las actividades de crimen organizado que financian, deben combatirse en bloque para que se logren resultados más significativos.

Las acciones realizadas durante el primer semestre incidieron en un crecimiento en la recaudación durante los primeros cuatro meses del año. Los ingresos del Gobierno subieron un 8,1% pero esto no evitó que se siga reportando un déficit fiscal del 2,1% por el incremento en el gasto público.

El sector privado reconoce que se ha visto muy afectado por estos problemas, así que solicita un abordaje de manera integral que incluya la participación de las distintas agencias de la ley, de seguridad, salud, aduanas, y Hacienda.

“El contrabando constituye una competencia desleal contra el comercio formal que cumple con sus obligaciones para la importación de mercancías y que paga impuestos. Esta actividad ilícita significa un riesgo para el consumidor, pues ingresan mercaderías sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo su salud”, aseguró Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

El país requiere información de inteligencia sobre redes de contrabando; asignar más recursos financieros y humanos a las autoridades públicas; utilizar tecnologías que sean eficientes en cuanto a costos; implementar regulaciones que incrementen la transparencia en las zonas libres y sanciones más rigurosas para estos delitos.

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