Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Jueves 9 Marzo, 2017

El país, en ninguno de los precandidatos y candidatos actuales, se ve como una empresa que hay que gestionar

Pizarrón

Hacia la primera vuelta electoral

El domingo 4 de febrero de 2018, en diez meses, se definirá en Costa Rica el resultado de lo que es en la práctica la primera ronda electoral nacional.

Desde 1953 hasta 2014 todos los procesos electorales, de carácter presidencial, excepto dos: el de 2002 y el de 2014, se han resuelto en la primera ronda electoral, la que constitucionalmente se establece para el primer domingo de febrero del año electoral.
La segunda ronda electoral existe constitucionalmente para el caso, excepcional, de que en la primera votación no se alcance el 40% de los votos válidamente emitidos para un partido político. En este caso van a una segunda ronda electoral los que quedaren en el primero y segundo lugares, sin que para ellos, en esa segunda votación se requiera alcanzar el 40% de los votos. En esta segunda ronda electoral gana el que tenga más votos. Así de simple.
Para el caso costarricense, la cultura política nacional no define el espectro político entre partidos de izquierdas y derechas, o entre izquierda o derecha que derrotar. Mucho menos entre un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda que derrotar o sacar del poder.
El electorado en Costa Rica no se define de derechas y de izquierdas al estilo europeo, al estilo suramericano, ni siquiera al estilo gringo. Hay izquierdistas y hay derechistas, pero no hay fuerzas políticas organizadas que en sí mismas así se reconozcan. Por referencia sí se estampa el adjetivo de izquierda o derecha, según interese identificar a un partido, o a un candidato, si ello causa un estigma negativo, o pueda significar una excomunión, o un anatema político.
En términos muy generales se entiende, en este momento, el proceso electoral como un encuentro de partidos políticos, muy desdibujados en sus aspectos teórico políticos o ideológicos, aunque exista un partido como Liberación Nacional, que se define casi de manera vergonzosa socialdemócrata, como lo han hecho José María Figueres y Rolando González, partido que sigue siendo miembro de la Internacional Socialista, donde acaba de tener un asiento, con Bernal Jiménez, en una de sus vicepresidencias, una Unidad Social Cristiana que se define como socialcristiana, donde en su interior un precandidato, Rafael Ortiz, acusa al otro, el más fuerte, Rodolfo Piza, de no tener ese ideario político, un Movimiento Liberal que se define como liberal, que buena disputa le hace el partido Liberal Progresista, y un Frente Amplio, que no se define como marxista, marxista leninista, socialista, comunista, revolucionario, en su sentido clásico, sino que se cubre del paraguas del “amplismo”, siendo que el adjetivo “amplio”, tan solo significa dilatado, extenso o ancho, lo cual tampoco dice mucho. Sus principales voceros son como renegados vergonzantes de esas corrientes clásicas. Y su alianza tácita con el Gobierno le acarrea lo malo del gobierno, o la mala imagen que este tiene en la percepción popular. El país, en este momento, aguanta una definición más certera en este sentido.
En este escenario, ¿cómo se avecina la campaña electoral oficial, que ya está en marcha? Veamos:
1.- A la vista está que todos compiten por ganar en la primera ronda. Quien crea, partido político o candidato, que hay segunda ronda, y que será uno de los protagonistas de esta segunda vuelta, ya perdió, porque seguramente trabaja desde ahora para llegar a obtener el segundo puesto de esa posibilidad.
2.- Por ahora los grandes temas nacionales de la campaña electoral, que enfrentará candidatos presidenciales ya definidos y escogidos por los partidos políticos, no están en la palestra pública. Tan solo asoman retazos de ellos como parte de las precampañas internas de algunos de estos partidos, especialmente en la lucha de los dos principales contendientes de Liberación Nacional, José María Figueres y Antonio Álvarez, en lo que agita cada precandidato, relacionado a cómo enfrentará los graves problemas del país, que sufren los ciudadanos o que estos perciben.
3.- El país no está sufriendo una crisis económica que sea la huella indeleble de la campaña electoral. Si esta crisis existiera, profunda o no, sería el principal tema de la campaña. No lo es ni siquiera, por ahora, el tema del déficit nacional como tema de campaña.
Como no hay una crisis económica tampoco hay un partido responsable de ella, ni un gobierno, como el del Partido Acción Ciudadana, o el presidente Luis Guillermo Solís, a quien pueda achacársele.
En cierta forma, cuando se habla de “crisis económica” en el estilo costarricense, “esta” percepción de “crisis” se achaca a todos los gobiernos anteriores hasta el actual, con lo cual se diluye la responsabilidad entre los partidos que han ejercido gobiernos.
Las acusaciones aquí son mutuas entre el tripartidismo gobernante, los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana. Ni siquiera se discute cuál es más responsable de esa crisis. En el límite extremo del origen generalmente se señala a partir del primer gobierno de Óscar Arias en 1986, y de excepción se menciona a los gobiernos de Luis Alberto Monge y de Rodrigo Carazo por extensión lejana.
Como no está percibida electoralmente esta situación de “crisis”, al menos hasta hoy, tampoco los electores, ciudadanos o futuros votantes, orientan hoy sus inquietudes y simpatías electorales en función de cómo perciben esta “crisis”.
¿Quiénes serían los más interesados en agitar sobre una situación de “crisis económica”? Los más interesados son obviamente los partidos de oposición política, todos los partidos enfrentados al Gobierno, o todos los partidos que achacan las causas del malestar económico a los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y a Acción Ciudadana que han ejercido el gobierno. Pero, hasta hoy, este discurso tampoco existe en este momento electoral.
Con el desempleo existente, y creciente, rondando el 11%, con el aumento de desempleo de mujeres, con la marginación de más de 300 mil personas que trabajan, que les rebajan su cuota del seguro social del pago de sus salarios, pero que dichas obligaciones de la seguridad social, los patronos irresponsables ¿ladrones? no las entregan a la Caja, con el perjuicio que ello tiene a los trabajadores y sus familias, y a la propia institucionalidad, con una cifra similar de trabajadores que no reciben el salario mínimo, ¿de nuevo patronos ladrones?, no hay en el discurso político actual nadie, oígase y léase NADIE, partidos políticos, precandidatos o candidatos, que diga que le va a poner fin a esta situación, por lo que dentro de este panorama socioeconómico estos temas no parecen ser preocupaciones principales de campaña electoral en la conciencia de los ciudadanos costarricenses, ni de los partidos que tienen que reflejarlas.
4.- Cuando en Costa Rica se habla de “corrupción”, se usa como una palabra mágica del argot político y como adjetivo que se aplica en todo y para todo, pero en términos generales y abstractos, el o los gobiernos corruptos, los candidatos corruptos, los partidos políticos corruptos, las instituciones corruptas.
Ni gobiernos, candidatos, partidos políticos o instituciones por sí son corruptos. Lo pueden ser las personas a cargo de gobiernos, los dirigentes políticos de carne y hueso, personalizados, a cargo de puestos directivos en Gobierno, instituciones o partidos políticos.
La “corrupción” de la que se habla en Costa Rica no está asociada a situaciones económicas del país, que puedan tenerse como negativas o resultantes de “crisis económicas”, de las cuales algunas personas puedan aprovecharse. Más se asocian a negocios de funcionarios, del Estado o del Gobierno, que se aprovechan de lo que se les pone a mano para su honrada gestión.
Lo peor que ha sucedido en esta generalidad es cuando se ha llegado a afirmar que con un partido político determinado la “corrupción”, reconocida popularmente, es más generalizada que con otros partidos, que no universalizan el acceso a la corrupción, concentrándose esta en pocas manos. Así, los tiempos de “bonanzas” gubernativas se pueden considerar, en estas percepciones, como tiempos de corrupción generalizada o compartida, y socialmente aceptada o, al menos, “perdonada”.
La indignación ante la “corrupción” que se percibe, o de la que se tiene idea, no llega a salir del escenario político a los espectadores del proceso electoral.
En un Gobierno como el actual, donde no ha habido importantes casos o escándalos de esta naturaleza, eso hace que esa “corrupción” no sea más que parte del drama y la tragedia de la vida política electoral nacional, ya casi como un asunto de leyenda urbana.
Los casos de pagos extras, de algunos funcionarios públicos, y los premios con que el Poder Ejecutivo, sanciona a estos funcionarios no sirven ni siquiera para agitar las manos de la gradería de sol, y tan solo se han vuelto información gacetillera de medios de comunicación.
Lo patético de esta situación, que enterró la “corrupción”, fue el informe de los 100 días del actual Presidente, con 34 denuncias de “corrupción” del gobierno anterior que no se materializaron en ninguna, ni una sola, acción penal, con lo cual hasta hoy se ha dado un perdón Ejecutivo, institucional y judicial hacia quienes se enfilaron esas acusaciones.
Es claro que en su acepción más importante el concepto “corrupción” está dirigido especialmente, en el ambiente político, hacia quienes están en el Gobierno y sus instituciones. Pero, en este caso, hoy, no se pueden dirigir las baterías hacia los funcionarios del Ejecutivo nacional, con lo cual la oposición política, todos los partidos que no están en el Gobierno nacional, no tienen banderas que agitar, ni el tema de la corrupción es el principal de la campaña electoral. Y, en su generalidad se habla de corrupción anterior a este gobierno.
Cuando a algún precandidato se le han regado rumores, en esta dirección, nadie se ha atrevido a presentar denuncia pública ante el Ministerio Público, para que se investigue a dicho precandidato o se le abra causa investigativa, porque se carece de pruebas, o no existen, o no existe el supuesto delito que pueda ser causado por este rumor de corrupción. Contra él solamente hay una campaña de rumores… Son rumores…
Téngase la seguridad de que si existieran prueban ya habrían sido ofrecidas por quienes no quieren que sea candidato presidencial.
En un país como el nuestro sería más fácil, gobernado en el Ejecutivo nacional por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, decir desde un lenguaje de izquierda o progresista, u opositor general, que la corrupción está solo en gobiernos de esos partidos, de la misma manera como en Venezuela, Bolivia, Ecuador solo se acusa a los partidos de izquierda, y sus gobiernos progresistas, de izquierda, del Socialismo Siglo XXI, que están en el gobierno de ser los agentes exclusivos de la corrupción.
A los partidos, candidatos, precandidatos, que no están en Gobierno no se les factura “corrupción” y hasta pareciera que no es parte de su ADN político.
Electoralmente la corrupción castiga más, en sus sospechas, a quienes están en Gobierno o son opciones de Gobierno.
Así, la corrupción, como “bandera” la tiene la izquierda o la derecha según le caliente el sol, y hasta los que no tienen partido político pueden usar la bandera contra la corrupción de manera generalizada y agitadora.
Hasta hoy la idea de “corrupción” no se extiende de manera indignante entre todo el electorado nacional. Para la campaña anti “corrupción” solo tiene que funcionar un buen aparato mediático y poseer un buen ventilador público en este sentido.
5.- Frente a los dos últimos gobiernos seguidos de Liberación Nacional, y frente a la posibilidad de un tercer gobierno en 2014, por la percepción generalizada de “corrupción”  que existía, de la forma que lo he dicho, la idea del cambio político prendió en las masas electorales, sobre todo en la segunda vuelta.
La idea del “cambio” también se asoció a la idea de un partido que lo proponía, que levantaba banderas de ética política, de buen manejo de la cosa pública, de trasparencia pública.
Esta idea de “cambio” caló en el electorado y triunfó. ¿Pero, se ha percibido algún cambio? ¿Un cambio radical, en la raíz de los problemas? ¿El actual Partido Acción Ciudadana puede seguir hablando de “cambio”?
En toda la gestión de gobierno de Luis Guillermo Solís no se ha dicho nada sobre el significado de este “cambio”.
¿Hubo un cambio político verdadero? ¿Qué cambio puede ofrecer hoy el Partido Acción Ciudadana? Como partido político en ejercicio del gobierno solo puede ofrecer “continuidad en el Gobierno”, ¿continuidad en el cambio? O, ¿continuidad de cambio?
El “cambio” de gobierno es una expectativa real para todos los partidos políticos que participan en la actual contienda electoral. Todos están por cambiar al Gobierno del Partido Acción Ciudadana y el mismo Partido Acción Ciudadana está por renovar, por cambiar, a su actual Partido gobernante, o mejor dicho a su actual grupo gobernante.
Lo que ha hecho el Partido Acción Ciudadana no vale como oferta electoral de cambio político, ni siquiera de cambio institucional significativo. Alguna ley que pudiera merecer este reconocimiento igual se equipararía con cualquier otra ley de otro gobierno anterior. Aquí ha habido cambio para que todo siga igual, como en El Gato Pardo.
A pesar de lo anterior, la expectativa del cambio seguirá alimentando sueños, ilusiones y esperanzas electorales de los costarricenses. La batalla por el cambio es permanente, concreta y precisa de cada campaña electoral.
No hay nada en este Gobierno que concite a una convocatoria del Partido Acción Ciudadana a mantener como línea de gobierno, como conquistas sociales, como oferta electoral novedosa, creativa, rica.
Lo que se ha hecho en el gobierno del Partido Acción Ciudadana no levanta ninguna oferta electoral atractiva, pero no deja de ser importante el Partido Acción Ciudadana en tanto lo es de Gobierno, y tiene los recursos institucionales a su servicio, a todos los efectos electorales.
Al Partido Acción Ciudadana, me parece, que hoy el elector costarricense lo está percibiendo como pasado. Así resultó de las elecciones municipales en 2016.
De este modo, el futuro está en los otros partidos. ¿Pero, en cuáles o en cual particularmente?
En aquellos o aquel que logre perfilar el “cambio” como el mejor desarrollo de la Costa Rica actual, en lograr “más” de lo que hasta ahora hemos forjado como nación, como democracia, como institucionalidad, como proceso económico y social, como calidad de vida.
6.- La democracia nacional crea en el proceso electoral un gran clima de opinión pública y política, como nunca se da en la vida cotidiana de los costarricenses.
La ausencia en nuestra vida política de dictaduras, gobiernos autoritarios, cercenamiento de libertades, potencia los recursos democráticos de participación y de exigencia de cuentas públicas a quienes desean dirigir los destinos del país y a quienes desean ir a legislar.
Este ambiente hay que potenciarlo para conocer mejor a los partidos políticos y sus candidatos que quieren participar en el proceso electoral.
No hay a la vista en el proceso electoral una amenaza al sistema democrático, ni a sus fundamentos o libertades.
Nuestra economía no depende de productos estratégicos, que generen grandes ingresos al erario nacional, ni cuyos excedentes puedan ser manejados a discreción por el presidente de la República, como sucede en algunas repúblicas sudamericanas. Y, no dependiendo de esta situación, tampoco nos influye negativamente la caída de precios de productos estratégicos que no producimos, ni para el proceso económico ni para fomentar corrupción alrededor del manejo de esta producción estratégica.
7.- En el escenario político que ya está en marcha no hay a la vista, en posibilidad de ser candidato oficial de un partido a un empresario que se muestre como modelo político, como sucedió en México con Fox, en Argentina con Macri, en Estados Unidos con Trump y con Lasso en Ecuador. Lo más cercano a esta figura es Antonio Álvarez Desanti, pero es más político que empresario, no llegó a la política por empresario, ni nunca su imagen política se ha idealizado en su capacidad empresarial para señalar que así como administra sus negocios particulares, y los de su familia, así podría administrar los del Gobierno y del Estado, y que los buenos negocios que hace como empresario podrían darle buenos réditos a un gobierno dirigido por él.
El país, en ninguno de los precandidatos y candidatos actuales, se ve como una empresa que hay que gestionar, ni se compara en la eficiencia empresarial para generar riqueza.
8.- Curiosamente en el actual proceso electoral, lejos todos de enfocar sus baterías contra el Partido Acción Ciudadana, como partido gobernante que es, con posibilidad de reelección, las enfocan contra el Partido Liberación Nacional y contra José María Figueres, a quien se le considera por ello, el principal contrincante a vencer desde la lucha interna por lograr oficialmente su nominación presidencial. Aquí es, todos a uno contra Liberación Nacional y José María Figueres, como parece irse perfilando el panorama.
El blanco de la ofensiva política electoral, tanto de partidos y precandidatos, como de los “outsiders”, y de algunos medios, está claramente esbozado contra Liberación Nacional y José María Figueres, fortaleciendo a la vez su hegemonía y su posibilidad de triunfo, al menos en la interna liberacionista.
9.- No hay a la vista, salvo que así se quiera ver o interpretar, un programa neoliberal clásico, al estilo de las dos décadas anteriores, agitado por alguno de los partidos en la actual contienda, al menos hasta hoy y hasta que den a conocer sus Programas de Gobierno. De manera que, mientras no haya un Programa de este estilo no hay modo de aglutinar en contra suya al resto de los partidos políticos, o dentro de ellos, a los que se consideren de izquierda o antineoliberales. Su referencia antiliberal o antineoliberal por ahora solo puede tener de referencia al Movimiento Libertario y al Liberal Progresista.
10.- De acuerdo con las elecciones de 2006 y la de 2014, en febrero, la victoria electoral se dirimió por pocos puntos porcentuales entre un candidato y otro. En la elección de 2010 hubo un salto abismal entre la ganadora, Laura Chinchilla y sus oponentes.
¿Cuál es el referente de resultado para la elección de 2018, las elecciones de 2006 y 2014 o la de 2010?
Los dos escenarios son válidos. En febrero de 2018, dependiendo de la estrategia electoral de la campaña el resultado puede resolverse como en la elección de 2010, con amplio margen de votación entre los partidos políticos que queden de primera y de segunda fuerza electoral.