Hablar poco y hacer mucho
| Jueves 30 abril, 2009
Hablar poco y hacer mucho
Los jueces penales solicitaron una encerrona urgente con la finalidad de tomar medidas debido a la percepción de impunidad que se tiene, fruto de sus actuaciones. Inclusive se les censura utilizando fuertes epítetos. La población, cansada de tanta desidia, les está perdiendo el respeto. Deberían exigirle también al Ministerio Público un mayor esfuerzo, efectuando investigaciones profundas que les permitan presentar pruebas contundentes y ayudar de esta forma a los señores jueces al momento de emitir el fallo. Le corresponde al fiscal general establecer la política general y las prioridades que deben orientar la investigación de los hechos delictivos; sin embargo, la queja de los señores jueces está enfocada en la mayoría de los casos, a la falta de prueba o al raquitismo de la exhibida por el Ministerio Público.
Si por los resultados nos guiamos, se concluye con facilidad que el sistema judicial en el ámbito penal no está funcionando, veamos; les sustraen cocaína incautada del mismísimo edificio de los Tribunales de Justicia con una facilidad asombrosa, se vencen los plazos de las medidas cautelares impuestas sin que la Fiscalía presente pruebas que respalden la acusación, obligando al juez a liberar a los supuestos inculpados, libertan a extranjeros armados e indocumentados y como medida cautelar les imponen una orden de “arraigo” (lo razonable sería, al menos, expulsarlos), las mujeres asesinadas o agredidas es noticia de todos los días y a los culpables los liberan impunemente en la mayoría de los casos; bajonazos, paseos millonarios, secuestros, etcétera, son temas cotidianos.
Debemos recordarles a nuestras autoridades que los costarricenses pagamos cientos de millones de colones para mantener a la multitud de personas encargadas de velar por nuestra “seguridad”. Quien toma se compromete, si reciben el pago deben cumplir con sus deberes. Una de las prohibiciones socarronas del Código Penal señala que en ningún caso se le requerirá al imputado “juramento ni promesa de decir la verdad”… ¿Qué valor jurídico tienen estas ocurrencias? Esperamos que también inviten al Lic. Luis Paulino Mora a la “encerrona”, de esta manera quizás recuerde que la sociedad costarricense tiene mucho tiempo de vivir entre rejas.
Jorge Castro Guardia
San Rafael de Escazú
Los jueces penales solicitaron una encerrona urgente con la finalidad de tomar medidas debido a la percepción de impunidad que se tiene, fruto de sus actuaciones. Inclusive se les censura utilizando fuertes epítetos. La población, cansada de tanta desidia, les está perdiendo el respeto. Deberían exigirle también al Ministerio Público un mayor esfuerzo, efectuando investigaciones profundas que les permitan presentar pruebas contundentes y ayudar de esta forma a los señores jueces al momento de emitir el fallo. Le corresponde al fiscal general establecer la política general y las prioridades que deben orientar la investigación de los hechos delictivos; sin embargo, la queja de los señores jueces está enfocada en la mayoría de los casos, a la falta de prueba o al raquitismo de la exhibida por el Ministerio Público.
Si por los resultados nos guiamos, se concluye con facilidad que el sistema judicial en el ámbito penal no está funcionando, veamos; les sustraen cocaína incautada del mismísimo edificio de los Tribunales de Justicia con una facilidad asombrosa, se vencen los plazos de las medidas cautelares impuestas sin que la Fiscalía presente pruebas que respalden la acusación, obligando al juez a liberar a los supuestos inculpados, libertan a extranjeros armados e indocumentados y como medida cautelar les imponen una orden de “arraigo” (lo razonable sería, al menos, expulsarlos), las mujeres asesinadas o agredidas es noticia de todos los días y a los culpables los liberan impunemente en la mayoría de los casos; bajonazos, paseos millonarios, secuestros, etcétera, son temas cotidianos.
Debemos recordarles a nuestras autoridades que los costarricenses pagamos cientos de millones de colones para mantener a la multitud de personas encargadas de velar por nuestra “seguridad”. Quien toma se compromete, si reciben el pago deben cumplir con sus deberes. Una de las prohibiciones socarronas del Código Penal señala que en ningún caso se le requerirá al imputado “juramento ni promesa de decir la verdad”… ¿Qué valor jurídico tienen estas ocurrencias? Esperamos que también inviten al Lic. Luis Paulino Mora a la “encerrona”, de esta manera quizás recuerde que la sociedad costarricense tiene mucho tiempo de vivir entre rejas.
Jorge Castro Guardia
San Rafael de Escazú