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Guatemala reactiva pena de muerte

Legisladora argumenta que altos niveles de violencia justifican la aplicación de la pena de máxima

Guatemala
EFE

El Parlamento guatemalteco aprobó ayer una ley que restituye al presidente del país la potestad de conceder o no el “recurso de gracia” a los reos condenados a pena de muerte, con lo que se reactiva el cumplimiento de esta ley, suspendida desde hace seis años.
La iniciativa, del opositor derechista Partido Patriota (PP), recibió el voto a favor de la mayoría de los 112 diputados presentes -excepto los izquierdistas de Encuentro por Guatemala (3) y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (1)- que aprobaron la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte.
La ley restituye al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, la facultad de conceder o rechazar las peticiones de “gracia” presentadas en última instancia por los reos condenados a la pena capital, de los que actualmente hay 34 en las penitenciarias guatemaltecas.
La diputada del PP Roxanna Baldetti declaró a la prensa que los altos niveles de violencia que padece la sociedad guatemalteca justifican la aplicación de la pena de muerte “para castigar a los delincuentes que cometen delitos contra la sociedad”.
Según la nueva ley, el presidente deberá pronunciarse en un plazo de 30 días, después de solicitarse la “gracia”, que se hará saber de inmediato al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que éste la traslade al Juez de Ejecución.
En los casos en que el gobernante conceda el recurso de gracia, el reo beneficiado deberá purgar la pena máxima de prisión establecida en la legislación penal guatemalteca, que es de 50 años.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles, dijo a Efe que el presidente Álvaro Colom -quien durante la campaña electoral se declaró abolicionista de la pena capital-, “es respetuoso de la ley y asumirá su responsabilidad tal y como ésta lo establece”.
“Cuando se presenten las solicitudes de indulto, el presidente los examinará y si se determina que debe aplicarse la pena de muerte, tendrá que aplicarse tal y como lo establece la ley”, anotó Robles.
La aprobación de esta ley da curso a los procesos de 34 reos condenados a muerte que desde el año 2002 se encuentran a la espera de que el Congreso unicameral de Guatemala resolviera cuál es la autoridad que concede la gracia en aplicación de la legislación vigente, que data de 1892.
A mediados de ese año, la Corte de Constitucionalidad -máximo tribunal de este país-, a solicitud del entonces presidente Alfonso Portillo, dejó en suspenso la aplicación de la máxima pena, al considerar inconstitucional la ley que la contempla, por no precisar qué autoridad debía conocer los recursos de gracia.
En ese fallo, la Corte ordenó al Parlamento enmendar la ley y precisar, por medio de una normativa penal, qué autoridad debía tener la última palabra al respecto.
Desde hace diez años, en vez del fusilamiento, como se ejecutaba antes la pena capital en este país, se utiliza una inyección letal, que pone fin a la vida de los reos condenados en cuestión de minutos.
Los últimos reos a quienes se les aplicó la pena capital en Guatemala fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, en junio de 2000, condenados por los delitos de asesinato y secuestro de una empresaria.
Una encuesta publicada por la prensa local en mayo del año pasado estableció que el 65,2% de los guatemaltecos apoya la aplicación de la pena de muerte con el fin de contrarrestar la ola de violencia que afecta a la población.
Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países del continente americano que contemplan la pena de muerte como máxima condena penal.


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