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Maniobra política evitaría que se archive

Gobierno mete en el congelador proyecto de renta global dual a la espera de mejor ambiente

Mayoría de diputados de oposición evidencian dudas y desacuerdos

Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 13 enero, 2022


Harllan Hoepelman
Harllan Hoepelman, diputado de Nueva República. Archivo/LA REPÚBLICA.


Tratar de salvar el proyecto de renta global dual y que no se archivara, motivó a Carlos Alvarado, presidente, a tomar la decisión de desconvocarlo temporalmente de la Comisión de Asuntos Hacendarios. 

Las dudas de ciertos diputados de oposición y su negativa a aprobar nuevos impuestos en plena campaña electoral anticipaban la muerte de la iniciativa.

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Y es que, el Gobierno no puede darse el lujo de que no se apruebe, debido a que es fundamental para cumplir con las obligaciones del Fondo Monetario Internacional.

“La desconvocatoria temporal se da ante la insistencia de algunos grupos políticos por matar el proyecto en comisión y sin concluir las audiencias en Hacendarios, el análisis por el fondo, tanto de las consultas recibidas y de las mociones presentadas, aseguró Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia.

El proyecto ya tiene fecha para dictaminarse (vencido desde el 18 de octubre) y se continuaba con la discusión en comisión.

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“Las fracciones que lo impulsan y callan no quieren asumir el costo político hasta después de las elecciones, en momentos de contracción económica como la que atraviesa el país.  

Los esfuerzos deben dirigirse a mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público para atender el desajuste fiscal que amenaza seriamente la estabilidad económica, previo a discutir la imposición de nuevas cargas sobre los bolsillos de los costarricenses”, indicó Harllan Hoepelman, diputado de Nueva República.

En la misma línea se pronunció la diputada, María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien dijo el martes anterior, que el proyecto debía votarse y empezar luego con el proceso de nuevas audiencias.

“Una vez más, el Gobierno le pasa por encima a la voluntad del legislador al desconvocar el proyecto y en este Parlamento siempre es igual.   Está claro que este pueblo no puede con más impuestos y debería luchar por la reactivación económica y por frenar la evasión”, destacó Shirley Díaz, diputada independiente.

La audiencia convocada para ayer era con el Colegio de Abogados y todavía quedaban pendientes con la Asociación Bancaria Costarricense y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, confirmó Laura Guido, congresista oficialista.

“Esa falta de audiencias es suficiente motivo para que el proyecto no se dictamine todavía y me parece que querer hacer de esto un debate de electoreros sobre la decisión del Ejecutivo no es admisible”, destacó.

La renta global dual serviría para aplicar una sola escala para los ingresos de las personas físicas con actividad lucrativa y asalariada.

Eso quiere decir que el trabajo personal dependiente, por jubilación o pensión, actividades lucrativas, rentas de capital, ganancias y pérdidas patrimoniales, se unen para ser consideradas en el pago de renta.

“La intención de la iniciativa es que el que más gane más pague y que exista justicia tributaria”, dijo Yorleny León, diputada liberacionista, que está a favor.

Sin embargo, consideran los opositores que sería un duro golpe para la clase media, ya que el nuevo impuesto lo deberán de pagar todas las personas que tengan un ingreso mayor a ¢683 mil colones por mes, muy por debajo al actual que está en ¢842 mil aproximadamente.

“El proyecto de renta global debería ser un instrumento de lucha contra la elusión mediante la unificación de los ingresos de las personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta, y eso lo apoyamos; pero la propuesta del Poder Ejecutivo implica un aumento en el pago del impuesto de renta, para aquellos trabajadores, con o sin renta adicional superior al mínimo de la base imponible actual y eso es tramposo”, destacó Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional.

Los empresarios también evidencian su oposición a la iniciativa y aducen que afectaría la inversión extranjera directa y la generación de nuevos empleos.


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