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En medio de una disputa internacional que podría costarle al país más de $125 millones, el Gobierno de Costa Rica anunció que asumirá directamente la defensa del Estado ante el proceso de arbitraje internacional iniciado por la empresa Berthier de Costa Rica S.A. (EBI) y su filial Bajo Pita S.A., ambas de capital canadiense.
El conflicto se desató luego de que las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro iniciaran procesos legales para anular certificados de uso de suelo otorgados previamente a las compañías, lo que, según los inversionistas, ha paralizado proyectos estratégicos de tratamiento de residuos en ambas localidades.
Las empresas argumentan que estas decisiones municipales constituyen una “expropiación de facto” que pone en riesgo su inversión y la continuidad del servicio de gestión de residuos en el país.
La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con base en el tratado de protección de inversiones suscrito entre Canadá y Costa Rica. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) será la institución encargada de liderar la defensa del país.
“La situación amenaza con generar una crisis nacional en la gestión de residuos”, advirtió Julien Charbonneau, gerente general de EBI en Costa Rica, al señalar que el eventual cierre del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) La Uruka a finales de este año, junto con la imposibilidad de abrir nuevos centros de tratamiento, pone en jaque el sistema actual.
EBI sostiene que ha cumplido rigurosamente con los requisitos legales y ambientales, y acusa a los municipios involucrados de mantener una campaña “perpetua y sesgada” contra la empresa, obstaculizando así el avance de los proyectos denominados Bajo Pita (Alajuela) y Galagarza (Montes de Oro).
Ante este escenario, el Gobierno reiteró su compromiso con una defensa técnica y responsable, y anunció que buscará establecer mecanismos de coordinación con las municipalidades involucradas.
Además, Comex intentará mantener un canal de diálogo abierto con los inversionistas para encontrar una salida negociada que evite mayores perjuicios para el país.
