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Miércoles, 21 de octubre de 2020



COLUMNISTAS


Gobernanza y calidad

Eleonora Badilla [email protected] | Miércoles 07 octubre, 2020


En 1890 Mauro Fernández Acuña tuvo que dejar inconclusa su obra de diseño del sistema educativo costarricense, iniciada en 1886, debido a la situación política convulsa del país y al retiro del presidente Bernardo Soto. Don Mauro, a quien veo como el democratizador de la educación del país, consideraba que había que echar a andar un proceso que iría evolucionando. Su mente preclara comprendía la necesidad de ver el sistema educativo como un organismo vivo, dinámico, en evolución. El cierre de la universidad pontificia permitió multiplicar las escuelas primarias y a abrir los primeros colegios de educación secundaria, incluyendo el primero para mujeres. Y, preparó el terreno para que, en 1940 se fundara una universidad estatal, democrática y autónoma. A partir de allí, el sistema educativo costarricense, uno solo, ha ido evolucionando y creciendo, incorporándosele la educación técnica y tecnológica en los niveles secundarios y superiores (el sueño incumplido de don Mauro) así como instituciones de educación semi-privadas, privadas e internacionales en distintos niveles del sistema.

El mejoramiento constante de calidad de la educación que se ofrece en ese sistema debe ser la aspiración fundamental de todas las personas que vivimos en el país ya que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros descendientes. El bienestar, la salud pública, el desarrollo económico sostenible, el cuidado de la diversidad biológica y cultural y la convivencia respetuosa y pacífica dependen de la calidad de la educación en todo el sistema educativo.

Pero la calidad educativa, una aspiración, no se logra solamente con buenas intenciones y menos aún partiendo de falacias que pueblan el imaginario colectivo.

Me preocupa mucho que algunas generalizaciones superficiales hayan separado el sistema en pedazos y que en relación con la calidad se compartan estereotipos injustos. Por ejemplo, en relación con la educación primaria y secundaria, se considera que las instituciones privadas son mejores, solamente por serlo. Pero no necesariamente. Y en cuanto a la educación superior, se cree que la estatal es de mejor calidad que la privada, solamente por serlo. Pero no en todos los casos. La calidad debe aquilatarse con referentes más profundos que las creencias que se han arraigado en el imaginario popular debido a intereses creados y desconfianzas inconvenientes e innecesarias.

En el caso de la educación superior, tener la calidad como horizonte, implica procesos muy complejos como la autoevaluación permanente y una confirmación externa que se conoce como acreditación. Pero avanzar hacia la calidad trasciende por mucho la autoevaluación y la confirmación externa. Sobre todo cuando, como el en caso de nuestro país, la confirmación externa (menos en el caso de las ingenierías) se lleva a cabo por una agencia que tiene el monopolio para hacerlo. Además, la confirmación externa, como coinciden expertos en el tema, debe ser voluntaria. Al hacerse obligatoria, se convierte en un fin en sí misma, perdiendo así su propósito. De allí que confiar la calidad, de manera casi ciega, a solamente a una confirmación externa, es insuficiente. Creer que la acreditación, por sí misma garantiza la calidad o que si no hay confirmación externa no hay calidad, es tan ingenuo como contraproducente.

La verdadera estrategia para promover a la calidad educativa radica en la gobernanza. Sobre todo frente a los rápidos avances de la ciencia y la tecnología (que implican cambios sucesivos en la sociedad y la cultura); ante las crisis ecológicas y civilizatorias que enfrentamos y en medio de una nueva normalidad post-pandémica, la gobernanza debe nutrirse de conocimientos innovadores en gestión, liderazgo y evaluación emancipadora.

El proyecto de reforma a la Ley del Conesup (dependencia que regula la educación superior privada) que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No 21.578 se refiere precisamente a la gobernanza.

La propuesta tiene algunas bondades: pretende poner al día una ley aprobada en el siglo pasado y procura la calidad de la educación superior privada del país. Estamos de acuerdo con esas aspiraciones. Sin embargo, las modificaciones que se proponen el el proyecto de ley en cuestión y los articulados que se mantienen no guardan relación con las consideraciones iniciales; se confía ciegamente en la validación externa para valorar la calidad y se limita la inversión en mejoramiento entre otras inconsistencias.

De aprobarse el proyecto tal como está, nos va a salir el tiro por la cultata. Es decir, estaríamos desaprovechando la oportunidad para incidir de manera positiva en la gobernanza del sector universitario privado del país, y en vez de mejorar la calidad de este sector, estaríamos ante el riesgo de debilitarlo.

En este contexto es mi deber repetir lo que indiqué anteriormente: frente a los rápidos avances de la ciencia y la tecnología (que implican cambios sucesivos en la sociedad y la cultura); ante las crisis ecológicas y civilizatorias que enfrentamos y en medio de una nueva normalidad post-pandémica, la gobernanza, que se nutra de conocimientos innovadores en gestión, liderazgo y evaluación emancipadora, es la principal estrategia para garantizar una convivencia respetuosa, pacífica y de desarrollo sostenible.

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