Gerente de Unops: “La falta de infraestructura debilita la institucionalidad”
“Cuando los carteles están bien hechos, los procesos están bien conducidos y no hay mucho lugar para las apelaciones”, comentó Sergio Mazzucchelli, gerente para Costa Rica de Unops. Gerson Vargas/La República
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Entidad apoyará al país en la construcción del puente sobre el río Sixaola

Gerente de Unops: “La falta de infraestructura debilita la institucionalidad”

Mayor obra pública impactaría en empleo y disminución de la pobreza


Tres décadas sin realizar obras importantes postraron al país en una inercia que no solo afecta sus indicadores de competitividad y desarrollo social, sino que también debilita al Estado como ejecutor y administrador de sus obras.
Devolverle esa capacidad de ejecución es uno de los objetivos trazados por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocido como Unops, por sus siglas en inglés.

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La institución cumple 20 años de existencia, y el primer paso de su incursión en el país es la construcción de un puente binacional sobre el río Sixaola, frontera con Panamá. Al mismo tiempo, encarará otros proyectos, como la construcción de tres rotondas en la vía de Circunvalación y la ampliación de dos puentes, uno en las cercanías del Ricardo Saprissa, y otro en Lindora, focos de alto tránsito y presas interminables para los conductores.
La promesa es concluir estos proyectos en un tiempo mucho más breve que el que normalmente necesita el gobierno para construir esas obras. Si tiene éxito y enseña a la actual administración a ser más eficiente, habrá cumplido su misión.
El argentino Sergio Mazzucchelli, gerente para Costa Rica de Unops, señala los retos de la presencia de esta organización en el país.

¿Por qué era necesario que ustedes participaran en el puente del Sixaola?
Este es un proyecto binacional con más de diez años de discusión entre los gobiernos de Costa Rica y Panamá, y el mayor obstáculo que han encontrado es la dificultad de armonizar las leyes de contratación administrativa de Panamá y de Costa Rica.
Esta es una de las razones importantes, y como se aplican procedimientos internacionales que no están en conflicto con las constituciones de ninguno de los dos países, por eso ambos decidieron que Unops llevara adelante esta obra.
Vamos a tratar este proyecto como una única cosa, con su propio procedimiento pero en coordinación con los dos países. Cuando haya que tomar decisiones importantes vamos a consultar con los gobiernos para tener su visto bueno en las etapas cruciales. Pero somos nosotros los que llevamos adelante la ejecución de esta obra desde la licitación de los diseños, la contratación de la construcción, su supervisión y la entrega a los gobiernos del proyecto.

¿Hasta qué punto pueden llegar para superar todos los escollos de licitaciones y apelaciones?
Nuestros procedimientos respetan los principios de la ley de contratación administrativa de los países pero no están sujetos a la letra chica de esas leyes.
Cuando nosotros llevamos adelante los procesos para los gobiernos estamos hablando de plazos que no exceden los cuatro o cinco meses para tener un contrato firmado de una obra pública. En el caso de las apelaciones, como son contratos suscritos por Unops, nosotros asumimos la totalidad de las responsabilidades, y una de las características principales es que estos recursos no frenan los procesos. Las apelaciones son tratadas en forma paralela, por lo que la obra pública no se detiene.
Como experiencia le digo que cuando los carteles están bien hechos, los procesos están bien conducidos y no hay mucho lugar para las apelaciones.

¿Qué ha detectado en cuanto a la dificultad de ejecución de Costa Rica?
Detectamos que por distintas razones de tipo histórico, Costa Rica tiene un rezago de tres décadas en la inversión pública. Esto ha hecho que en un plazo tan dilatado haya tenido un impacto en distintos niveles, casi que cultural e institucional. Es estructural.
Esto provoca que los profesionales se vayan al sector privado o a otros países, y esto debilita la institucionalidad pública.
La institucionalidad pública requiere hacer obras para ser fuerte.
¿Y cómo pueden ayudar ustedes para que el país adopte prácticas para mejorar su capacidad de ejecución?
En primer lugar, empezar a tomar medidas urgentes en obras prioritarias que se puedan ejecutar a través de esta modalidad, en tiempos lógicos, con eficacia y previsibilidad, mientras se fortalecen las capacidades del gobierno.
Como entidad de las Naciones Unidas, siempre tenemos como mandato en nuestra estrategia de salida dejar fortalecidas las capacidades, para que una vez terminado el proyecto quede valor agregado en el interior de la institución.

Costa Rica está apostando a modelos de ejecución más ágiles, como los fideicomisos de obra pública. ¿Cuál es su opinión sobre este mecanismo?
Los fideicomisos son una herramienta muy válida, que puede funcionar bastante bien.
No estamos para nada en contra de las fórmulas con las cuales se desarrollan las asociaciones público-privadas y se generan esquemas de financiamiento como el fideicomiso.
Son un complemento interesante, pero nuestro principal foco es apoyar al gobierno para poder ejercer el rol que tiene por mandato. Incluso aun cuando esos mecanismos florezcan en el país, siempre requieren un Estado con capacidad de controlar el funcionamiento de las cosas.
No sirve de nada tercerizar y subcontratar si finalmente no hay un padre de familia que esté velando por el interés de esa familia. El Estado tiene necesariamente que recuperar esa capacidad.

¿Estos 30 años de no hacer nada en infraestructura hizo mella en los indicadores del país?
En el caso de la competitividad no cabe duda que fue así, porque afectan su competitividad con otros países. Costa Rica claramente tiene una velocidad de tránsito de mercaderías marcadamente inferior a la de sus vecinos, y eso tiene un impacto negativo.
Lo que se ve en la región, es que aun cuando las variables económicas van en aumento en general, la infraestructura se mantiene en niveles bajos, muy por debajo de lo esperado. De ahí que el gran reto de los países latinoamericanos y Costa Rica en particular es resolver su capacidad y la productividad de su sistema de gestión y de producción de infraestructura pública.
Nosotros entendemos que esas mejoras van a impactar decididamente en el empleo y en la disminución de la pobreza.

Rodrigo Díaz
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