Fuenteovejuna a la tica

Creciendo junt@s

Fuenteovejuna a la tica

Lo que permitió el Poder Judicial lo impidió, al menos temporalmente, un indignado barrio de Goicoechea que ante la posibilidad de tener como vecinos un par de personajes provenientes de Máxima Seguridad de La Reforma se levantaron con rejas, pancartas y cadenas para impedir semejante atropello a su seguridad ciudadana al mejor estilo de una Fuenteovejuna a la tica.

La decisión de otorgar arresto domiciliario a dos personas acusadas por narcotráfico luego de que la avioneta en que viajaran cayera producto de una carga de 177 kilos de cocaína es indefendible. Insostenible lo es también por el intento de fuga que a escasas 24 horas realizaran ambos acusados al tratar de escabullir a las autoridades de Peñas Blancas no sin antes tratar de tentar a honrados policías con algunos billetes.

Cajita blanca para esta jueza de la República que tratándose de extranjeros sin arraigo, de alta peligrosidad, con solvencia económica pudiera pensar que una fianza de 10 millones de colones, el retiro del pasaporte y el impedimento de salida podrían impedir a estas personas evadir la acción de la justicia costarricense.

Si lo anterior no fuera suficiente, es difícil de comprender cómo alguien vinculado a la justicia penal no entienda las graves implicaciones para la seguridad nacional del reciente motín ocurrido en la llamada a ser la cárcel más segura de nuestro país, La Reforma.

Sin ser experta en la materia, y con lo poco o mucho que ha salido en los medios de comunicación, es evidente que en las cárceles de nuestro país se han enclavado los tentáculos del crimen organizado y del narcotráfico con sus millonarios recursos y que no escatimarán recursos para apoyar el escape de los suyos.

En una cadena de insensateces, además a costa de todos nosotros quienes debemos pagar por la custodia policial, pareciera que las únicas personas con dos dedos de cordura son la propietaria de una vivienda en el complejo las Brisas del Oeste que no dudó en rescindir de inmediato el contrato de alquiler al saber de quienes se trataba, y los vecinos de Guadalupe con su rápido levantamiento.

En momentos en que una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía es la creciente inseguridad, resoluciones como la que tomó la jueza de Pavas no hacen más que desmotivar a las fuerzas policiales, carcelarias y otras entidades judiciales.

Se está dañando la imagen de un Poder Judicial que en un ininteligible sentido de defensa de los derechos de los acusados abre de par en par las puertas para una fácil fuga, con la consiguiente impunidad de los imputados, o peor aún, el exponer a más violencia a nuestros ciudadanos.

Basta ver lo que sucedió con un panameño de apellido González, también sospechoso de tráfico de drogas y que a pocos días de cumplir con arresto domiciliario en un barrio cercano a la frontera con Panamá hizo lo previsible, fugarse a su país de origen desde donde será imposible su extradición. ¿En manos de quién estamos?

Nuria Marín