Fuente de ahorro en tiempos de austeridad

Como lo han señalado expertos en la materia desde años atrás, y reiterado de forma reciente, “La contratación pública cumple un rol fundamental en la dinamización de la economía de cualquier país. Es mediante el ejercicio de comprar y contratar que los gobiernos brindan a sus ciudadanos servicios básicos como educación, salud e infraestructura. Se trata de una actividad que cubre desde el abastecimiento de computadores en las escuelas, vacunas en centros de salud, y hasta grandes obras como aeropuertos y carreteras” (criterio de dos ilustres expertas, Carlota Pessino y Ana Cristina Calderón del Banco Interamericano de Desarrollo).

En nuestro país, la plataforma tecnológica oficial vigente es SICOP (Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas), cuyo propósito consiste en adquisición de bienes y servicios por parte del Estado como “proveeduría virtual, basado en las mejores prácticas internacionales que hace más eficientes los procesos de compra y contratación con las instituciones públicas. Ello para generar importantes ahorros a proveedores e instituciones en costos y tiempo, fomentando la transparencia, incentivar la participación de los oferentes y aumentar la competitividad de las empresas locales y el Estado”.

La Contraloría General de la República (CGR), en el informe exteriorizado por su División de Fiscalización Operativa y Financiera, identificado bajo la denominación DFOF-SAF-OS 00003-2019, nos informa que digitalizando el Estado podemos llegar a ahorrar un porcentaje considerable del producto interno bruto (PIB). Así por ejemplo, si se logra someter a ese régimen un porcentaje equivalente al 100% de las compras públicas, lograríamos un ahorro aproximado de hasta de un 1.55% de nuestro PIB (equivalente al monto que se destina al Fondo Especial de Educación Superior FEES) o una suma de $1 mil millones de dólares.

Además nos indica que del periodo comprendido entre el 2014 y 2019, los tiempos utilizados en los procesos de contratación y compras que utilizan la plataforma SICOP, son menores en comparación con los procesos que se realizan utilizando sistemas tradicionales. Así, nos pone como ejemplo, que los diferentes pasos de un proceso en la modalidad de “licitación abreviada”, toman un lapso menor de hasta 23 días, y aquellos cuya complejidad es mayor como el de “licitación pública nacional”, pese a la mayor complejidad, el periodo se acorta hasta en 89 días, computados los términos desde la fecha de invitación al concurso, hasta la suscripción del contrato con el proveedor seleccionado.

De la misma forma, y siempre dentro de los ejes de transparencia y pronta adquisición de bienes y servicios indispensables, el potencial de ahorro al utilizar las modalidades de subasta a la baja y convenios marco, es importante.

Es necesario que todas las instituciones del sector público se adhieran a este tipo de compras tecnológicas en línea.

Como anteriormente se señalaba, el esquema no se agota en la digitalización, pues las expertas a quienes hacíamos referencia nos hacen notar una especie de otra cara de la moneda: paralelamente y según el esquema, tendríamos una cara de la moneda, y la otra la conformaría el fortalecimiento y capacitación de la institucionalidad para contar con sistemas de compras públicas integrales y eficientes, todo lo cual redunda en la lucha contra las prácticas viciadas, pues no basta con la digitalización, ya que parafraseando a las expertas, a veces se gana y a veces se aprende.

En el informe, anteriormente citado, la CGR nos indica que hay ciertos factores clave que deben ser considerados, entre ellos:

• La existencia de una rectoría para lograr un liderazgo más eficaz.
• Diseñar un esquema de financiamiento que no limite el acceso a la plataforma.
• La capacitación para migrar de un modelo estandarizado a uno que se ajuste individualmente o por sector.
• Interoperabilidad entre el SICOP y los sistemas institucionales en el sector público. Este es uno de los retos más grandes.
• Alineación con las necesidades de requerimientos de información que demandan las instituciones y la ciudadanía.
• Información de fácil acceso y que esté disponible de forma completa, correcta y oportuna.

Pero lo importante de la materia es que al final se avanza hacia el destierro de la opacidad en las compras públicas.