Frenar abusos salariales exige gobierno a universidades públicas
Marta Esquivel, jerarca de Planificación, amenaza con presentar denuncias
Marta Esquivel, ministra de Planificación. Cortesía/La República.
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En el marco de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2026, Marta Esquivel, ministra de Planificación, exigió orden en las universidades estatales con el pago de salarios.
La ministra dio un “ultimátum” a los centros de enseñanza para eliminar beneficios incompatibles con la Ley de Empleo Público y la Ley de Finanzas Públicas, de lo contrario, estará presentado denuncias como corresponde.
La advertencia fue oficializada mediante un oficio remitido por Esquivel a la Comisión Nacional de Rectores (CONARE), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General.
En el documento, Esquivel detalla una serie de acciones que, a su juicio, contravienen la Ley Marco de Empleo Público y otras disposiciones legales.
Las quejas
Entre los señalamientos más graves se encuentra el supuesto uso indebido del régimen de dedicación exclusiva, la conversión irregular a salarios globales y la entrega de pluses salariales sin sustento técnico.
Particularmente, se cuestiona a la Universidad Técnica Nacional (UTN), cuyo reglamento de dedicación exclusiva presenta supuestas inconsistencias legales, así como el otorgamiento de incentivos financiados con recursos públicos.
Además, la Universidad de Costa Rica (UCR) fue señalada por la construcción de edificios que presentan deficiencias e irregularidades en los procesos de contratación, lo que ha generado gastos adicionales evitables.
En el caso de la Universidad Nacional (UNA), el Ministerio pidió la suspensión del reglamento de régimen de prohibición, actualmente bajo análisis de la Sala Constitucional, e instó a tomar medidas correctivas que garanticen los derechos del personal y la coherencia interna de la normativa.
Otros hallazgos incluyen falta de transparencia en la metodología para definir salarios, deficiencias en los modelos de valoración de puestos y contradicciones normativas que debilitan la rendición de cuentas.
De no atenderse estas observaciones antes del 18 de julio de 2025, Esquivel anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
