Luis Alejandro Álvarez

Luis Alejandro Álvarez

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Miércoles 22 Noviembre, 2017

¿Fraude?

Un aspirante a la Presidencia de la República, exministro de la administración Figueres, nos anuncia que en las próximas elecciones Costa Rica estará enfrentando “el mayor fraude electoral”.

Preocupa que este candidato, sin presentar la mínima evidencia sobre el eventual fraude electoral, ataque el sistema cuando su partido no ha inscrito ni un solo representante a nivel nacional en las juntas cantonales, tal y como lo han hecho muchas de las otras divisas que participan en la contienda.

No es de sorprenderse de su falta de capacidad de aportar dichos nombres, ya que escogió postularse a través de un partido sin estructura y cuyo mayor éxito ha sido haber elegido un diputado por la provincia de San José en la última elección general del siglo pasado.
Esta agrupación ha servido como partido franquicia en diversas ocasiones en elecciones a nivel municipal.

La organización electoral de los partidos que aspiran a llegar a Zapote, incluye una estructura a nivel nacional que debe proveerle sus miembros de mesa, fiscales, fiscales generales, representantes a las juntas cantonales; también los encargados de transportes, de territoriales, de signos externos, de alimentación, entre otros.

Estas estructuras funcionan desde las bases, en los 81 cantones, y se llega a la cúpula con personas con experiencia y que coordinan las diversas funciones que implican una elección. Una logística monumental.

El sistema esta diseñado para proteger la voluntad del pueblo, y esa protección del voto es responsabilidad de los ciudadanos que colaboran en alguna de las trincheras de la organización.

Tanto los miembros de mesa, como los fiscales de los diferentes centros de votación son los encargados del conteo inicial, y los resultados se plasman en actas que están disponibles para cada uno de los participantes, y son actas verificables con los datos que emite el Tribunal Supremo de Elecciones, y que eventualmente se pueden corroborar con el conteo manual.

Hacer afirmaciones gratuitas que comprometen la credibilidad del sistema, no es ni sano, ni real, ni leal a la patria.

En las elecciones de los años 1966, 1994, 1998, y 2006 hubo resultados muy cerrados, donde los candidatos no favorecidos con el voto mayoritario perdieron con cifras que rondaron el 1% de los votos válidos, y nunca hicieron denuncia alguna de fraude orquestado.

El sistema no es infalible a minúsculas incidencias locales, pero jamás se puede afirmar que se presta, por la forma como está estructurado y con los controles cruzados que existen, para que se nos anuncie irresponsablemente un fraude de esa magnitud.

El sistema electoral actual lo hemos construido desde mediados del siglo anterior, con los primeros pasos dados en la administración Picado Michalski al dictarse el primer Código Electoral de Costa Rica, y su Tribunal Nacional Electoral (Decreto 500 del 18 de enero de 1946), que evolucionó al Código vigente, y a lo que posteriormente sería el Tribunal Supremo de Elecciones, institución insigne y de alto prestigio a nivel local e internacional.

Nos corresponde a los ciudadanos ofrecer un día o parte de él, para colaborar como voluntarios bajo la bandera de nuestra simpatía, y convertirnos en garantes del sistema, en alguna de las posiciones que hay para colaborar ese primer domingo de febrero.

Debemos juntos, y con orgullo, sacar pecho ante tan burdas afirmaciones, y demostrarle al temerario candidato Castro Fernández que en Costa Rica el fraude es una palabra vedada desde hace ya muchas décadas.