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Centros de copiado proponen eliminar la pena de cárcel por reproducir obras literarias con fines educativos
Fotocopiadoras quieren legalizar “clonación” de libros
• Sector pedirá adelantar discusión de proyecto de ley en el Plenario

Natasha Cambronero
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El temor a las denuncias penales que podrían enfrentar por violar la legislación nacional sobre derechos de autor motivó a los dueños de fotocopiadoras a buscar una salida a este conflicto.
La solución que proponen es modificar algunos estatutos que les permitan fotocopiar libros con fines educativos sin llevar sobre sus espaldas la posibilidad de enfrentar una pena de cárcel.
Si bien la Ley de Propiedad Intelectual permite la “clonación” de obras literarias, cuando estas se utilicen sin fines de lucro, esta medida no incluye a los centros de copiado, los cuales podrían enfrentar una denuncia penal, que va de seis meses a cinco años de prisión o una multa por hasta 500 salarios base.
Por esta razón están promoviendo un proyecto de ley que contempla esta y otras modificaciones, el texto fue presentado por el diputado José Merino, del Frente Amplio.
Además de eliminar la pena de prisión, la eventual reforma contempla que las editoriales no puedan interponer una denuncia penal.
“La reforma debe centrarse hacia la eliminación de todas las penas carcelarias presentes en los artículos comentados de la ley, por cu
anto fotocopiar no es un delito ni tampoco el acceso universal a la cultura representa prácticas delictivas”, señaló Josué Aguirre, presidente del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, que agrupa a fotocopiadoras de las cercanías de la Universidad Nacional (UNA) y de la Universidad de Costa Rica, así como a estudiantes de la UNA.
Junto a estas propuestas, el proyecto de ley también planea eliminar las sanciones contra la persona que “represente o comunique al público” obras literarias o artísticas, fonogramas o ejecuciones, o a quien los “ponga a disposición del público” por cualquier medio, incluyendo Internet.
La anterior modificación la proponen aduciendo que la legislación actual limita a quienes leen un libro en público o representan una obra de teatro protegida ante otras personas.
Si bien esta reforma ya es del conocimiento de la Asamblea Legislativa, un grupo de dueños de fotocopiadoras y estudiantes se manifestó ante los diputados para pedir que esta reforma se anali
ce lo más pronto posible.
El temor de los empresarios que se dedican al copiado se suscitó luego de que las editoriales anunciaran que están iniciando los trámites legales para interponer una denuncia penal en contra de tres centros de fotocopiado.
“Las acciones legales contra tres centros de fotocopiado son para que se acabe el abuso contra las editoriales, que desembolsan fuertes cantidades de dinero por derechos de importación y de autor. Durante mucho tiempo las editoriales han tenido que enfrentar abusos y es momento de que las personas que están cometiendo un delito se hagan responsables”, señaló Gloria Navas, abogada y representante legal de Cámara y sus afiliados.


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