Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Actualmente, el artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) incluye las causas por las cuales se interrumpe la prescripción en los procesos tributarios, por ejemplo, cuando la Administración Tributaria no inicie las actuaciones de comprobación en un plazo máximo de un mes luego de realizar la notificación de la Comunicación de Inicio de la Actuación Fiscalizadora, o si, una vez iniciada la comprobación, se suspenda por dos meses.
No obstante, la problemática actual radica en que los actos que son declarados nulos por alguna irregularidad o vicio en su formulación, son considerados como interruptores de la prescripción. Lo cual, genera incertidumbre para los contribuyentes, ya que las fiscalizaciones y los actos emanados por la Administración Tributaria podrían extenderse indefinidamente.
A pesar de la problemática existente, se encuentra una propuesta en la Asamblea Legislativa enfocada en realizar una reforma al instituto de la prescripción tributaria, por medio del proyecto de ley No. 24.362 “Fortalecimiento al Principio de seguridad jurídica, así como al instituto de la prescripción en los procesos tributarios mediante la reforma del artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, en este, se propone incluir que los actos nulos y las resoluciones que así los declaren, no puedan considerarse como casos de interrupción de la prescripción.
Lo anterior, genera dentro del ordenamiento jurídico una serie de implicaciones en el equilibrio que debe existir entre los derechos que poseen los contribuyentes y las facultades que mantiene la Administración Tributaria. La Sala Constitucional ha sido fiel defensora de que el principio de seguridad jurídica es necesario para dar término a los conflictos tributarios que se generan a diario en el país, procurando que éstos no duren indefinidamente, y brindando con ello una justicia pronta y cumplida.
Además, el instituto de la prescripción juega un papel fundamental en la defensa y cumplimiento del principio de seguridad jurídica, por lo que esta reforma contribuye en la defensa del principio que ha protegido la jurisprudencia de la Sala Constitucional y brinda consigo una certeza para los contribuyentes.
En caso de aprobarse, el proyecto de ley tendría un impacto significativo en los litigios fiscales, ya que muchos de ellos podrían verse afectados con la reforma y es posible que los contribuyentes puedan optar por aplicar el instituto de la prescripción en procesos que declaren nulos actos emanados por la Administración Tributaria.
Pese a lo antes mencionado, y a las ventajas que podría representar esta reforma para los contribuyentes, el proyecto aún es discutido en la Asamblea Legislativa y no basta con su aprobación para garantizar el fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, sino que se debe conocer la interpretación que podrían brindar los tribunales y la Administración Tributaria, por lo que será necesario un periodo de adaptación e interpretaciones para considerar verdaderamente un beneficio en el sistema tributario actual para los contribuyentes.
Empero, en el marco del sistema tributario actual, la reforma se torna necesaria al amparo de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado, el respeto de una justicia pronta y cumplida, así como el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Lo anterior, debido a que el sistema tributario actual es sumamente complejo y si se logra reconocer que los actos declarados absolutamente nulos no pueden tener efectos interruptores de la prescripción (pues precisamente se debe partir de que nunca existieron), contribuye con la defensa de los derechos que actualmente poseen los contribuyentes, logrando así, un sistema tributario mucho más justo, eficiente y claro, lo cual representa una victoria para nuestro Estado social de derecho.
Keylin Coto, Consultora Legal de Grant Thornton
