Silvia Castro Montero

Silvia Castro Montero

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Lunes 11 Agosto, 2014

¿Cómo no sentir incredulidad, rabia… falta de confianza en nuestros gobernantes cuando más de ¢1.700 millones para becas se adjudicaron irregularmente?


Fonabe y la reforma de ley

Si bien es cierto que, en países como México, Brasil, Honduras, Jamaica y Nicaragua, los programas de transferencia condicionada de dinero han tenido éxito en motivar a las familias pobres a enviar a sus hijos a la escuela y a concluir con éxito su proceso educativo, se sabe que hay que actuar con cautela para asegurarse que la presión política por otorgar y expandir estas subvenciones no relaje los mecanismos de identificación y focalización de los beneficiarios.
Cuando el dinero llega a beneficiar a las personas que no son pobres o se subejecutan los fondos debido a excesos en la tramitología institucional, la inoperancia administrativa y la corrupción, como en el caso de Fonabe, se pierde totalmente la objetividad y la transparencia, fundamentales para la credibilidad de los programas sociales.


Cuando la junta directiva y el director ejecutivo de Fonabe rehúsan admitir que su institución está en problemas, atentan contra la legitimidad misma de la democracia y la estabilidad política de nuestro país.
¿Cómo no sentir incredulidad, rabia, incertidumbre, desmotivación y falta de confianza en nuestros gobernantes cuando más de ¢1.700 millones para becas se adjudicaron irregularmente a proveedores en los últimos dos años, incluyendo la contratación directa de Correos de Costa Rica por 1.291 millones, que, a su vez, subcontrató los servicios de una empresa privada en la que la esposa del exministro Gallardo ocupaba un cargo en la junta directiva, según denuncias del PUSC?
¿Cómo se justifica que haya 68 mil becas sin asignar, al haberse invertido miles de millones de colones en contratos fallidos para mejorar la gestión del sistema de becas y contando con 68 funcionarios en esta institución?
No sería justo arremeter solo contra Fonabe, que es fiel reflejo de todas las entidades públicas costarricenses que conozco, gestionadas, en su mayoría, por funcionarios hostiles, incompetentes y desordenados; con servicios tecnológicos, de teléfono y web decepcionantes; procesos burocráticos perversos, corruptos e ilógicos; entidades carentes de liderazgo, voluntad y humanidad…
No basta con quitar la máxima desconcentración del Fonabe; más convendría desaparecer este órgano y otorgar las potestades a otros entes que hayan demostrado amplia capacidad para la administración de fondos de asistencia social, entidades como organizaciones no-gubernamentales, por ejemplo.
No sé a ustedes, pero a mí no me trae mucha tranquilidad saber que ahora intervendría el MEP en los procesos de gestión, control administrativo y rendición de cuentas en el otorgamiento de becas, o que ahora la junta directiva de Fonabe empezará a contar con representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda.
Flaco favor se les hará a los más desfavorecidos de nuestro país si la reforma no resuelve el problema de fondo.

Silvia Castro

Rectora de Ulacit