Fiscalía confirma amenaza de bomba 24 horas después de que explotó caso de corrupción en la CCSS
Se investiga un perjuicio para la institución por ¢12 mil millones en contrataciones con cooperativas
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 24 septiembre, 2024 12:33 p. m.
Un día después de que la fiscalía detuviera a Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y se diera a conocer un supuesto caso de corrupción en dicha institución, el Ministerio Público confirmó que en estos momentos se está lidiando con una amenaza de bomba en sus instalaciones.
“Se informa que lamentablemente se ha recibido una amenaza de bomba en la Fiscalía General de la República. La situación está siendo atendida con todas las medidas de seguridad y afortunadamente todo nuestro personal se encuentra seguro y en buenas condiciones. El Ministerio Público repudia este tipo de actos sin precedentes, suscitados un día después de los 28 allanamientos y detenciones ejecutados dentro de un caso de presunta corrupción pública”, dijo la oficina de prensa de la fiscalía.
Mientras tanto, Carlo Díaz, fiscal general, ha señalado que ninguna amenaza evitará que el Ministerio Público continúe, “de manera inclaudicable”, haciendo el trabajo que la ley le ha encomendado. El funcionario se encuentra en Europa participando en una misión de la DEA.
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Pasadas las 2:00 p.m. la Fiscalía General de la República, informó que después de activarse el protocolo de seguridad correspondiente, se culminó la revisión exhaustiva realizada al inmueble sin encontrar indicios de amenaza.
El jerarca, también señala la importancia de moderar discursos que descalifican innecesariamente las acciones de la administración de justicia, haciendo referencia a lo indicado ayer por Laura Fernández, ministra de la Presidencia, a nombre del gobierno.
La funcionaria habló de show y sensacionalismo innecesario, a la vez que indicó que "esto no huele nada bien" y que es una amenaza clara contra el gobierno, a tal punto, que se trata de intimidar al gobierno, como en el caso de doña Marta.
“Nosotros como sociedad debemos que evitar que la fiscalía haga uso de su fuerza para paralizar al gobierno, a través de un hostigamiento ilegítimo. El gobierno no va a aflojar. Esperamos que el gobierno esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”, dijo Fernández.
Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS.
La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó 27 allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública, Tráfico de Influencias y Prevaricato.
Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.
La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año.
A inicios de julio, la CCSS adjudicó la administración de 138 Ebáis y diez áreas de salud, por un plazo de diez años.
Los oferentes adjudicados fueron las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
