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NACIONALES


Algunos delitos que se le atribuyen al ex mandatario por el caso ICE-Alcatel no habrían prescrito, pero pruebas en su contra con casi inexistentes

Figueres: ¿libre de causas para volver?

Desde 2007, la Fiscalía desestimó la investigación al no poder comprobar los hechos y a la fecha carece de tal información

Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Lunes 14 febrero, 2011


Expresidente de Costa Rica
La búsqueda de testigos y pruebas que incriminen al ex presidente José Maria Figueres,por su presunta participación en el caso ICE-Alcatel a la fecha no ha dado frutos. Archivo/La República


José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, en cualquier momento puede hacer maletas para volver a suelo nacional y abandonar su residencia en Ginebra, Suiza, donde vive desde hace más de seis años.

La mayoría de los supuestos delitos que se le atribuyen por el caso conocido como ICE-Alcatel ya prescribieron o bien, la existencia de pruebas que lo liguen es casi nula.

Legalmente los inconvenientes para que vuelva son mínimos. La posibilidad de que tenga que enfrentar un juicio por haber recibido poco más $900 mil de la telefónica francesa, se ha ido diluyendo con el pasar de los años.

En cuanto a la prescripción, Mario Soto, abogado del ex mandatario, considera que los delitos que supuestamente Figueres cometió ya caducaron, pues los hechos se suscitaron en 2002 y de acuerdo con el Código Penal vigente para ese entonces, el tiempo máximo para que un caso se extinga es de seis años, en este sería en 2008.

Sin embargo, hay otras interpretaciones legales. Hay quienes creen que todavía podría ser juzgado por algunos delitos, pues las presuntas infracciones que habría cometido, se extendieron desde 2000 hasta 2003. Es decir, que cuando recibió los últimos pagos de Alcatel ya estaba en vigor una reforma a la legislación penal que amplía la prescripción de la mayoría de los delitos.

En este sentido, Figueres todavía podría ser investigado por supuestas infracciones como la concusión, ya que se cree que como empleado público presuntamente habría abusado de sus funciones e indujo a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí mismo o un tercero, un bien o un beneficio patrimonial. Este delito no caducaría hasta este año, pues el plazo es de ocho años.

Igualmente, podría ocurrir que le atribuyan cuatro enriquecimientos ilícitos, infracciones que vencerían también en 2011.

No obstante, es poco probable que llegue a los Tribunales por este caso. Ello en razón, de que en setiembre de 2007 la Fiscalía desestimó la investigación al no contar con pruebas que lo ligaran a hechos delictivos en 2004 dos hombres denunciaron al ex presidente por supuestamente haber cometido algunos de los delitos contra los deberes de la función pública, establecidos en el Código Penal, y a la fecha se carece de estas.

El Ministerio Público llegó a esta conclusión, luego de haber investigado también a Carmen Valverde, ex secretaria general de Liberación Nacional, y Roberto Hidalgo, asesor presidencial de Figueres durante su mandato (1994-1998), quienes habrían recibido en sus cuentas bancarias unos $2,7 millones de Alcatel y después en varios tractos supuestamente le depositaron más de $900 mil al ex gobernante.

Valverde e Hidalgo fueron indagados por la Fiscalía y desde un principio sostuvieron que el dinero provenía de una consultoría para la firma francesa firmada desde 1999. Versión que a la fecha no ha podido ser desmentida.

Igualmente, en 2006, Francisco Dall’Anese, entonces fiscal general, viajó a Francia para interrogar a Christian Sapsizian, en ese momentos director para América Latina de Alcatel, pero tampoco encontró pruebas que incriminaran a Figueres.

“El Ministerio Público dice que se desestime porque no hay pruebas y el juzgado dice que en esta relación de hechos no hay pruebas, pero además analiza los demás delitos de ese capítulo. Entonces, la juez lo investigó por todos los delitos y estableció que no existió ninguna conducta de él que pudiera tener una característica delictiva”, explicó Soto.

Además, desde 2004, cuando salieron a la luz pública los hechos en torno al caso ICE-Alcatel, el ex presidente no ha vuelto al país para ser interrogado. Acción que en su momento también le valió otra acusación judicial, solo que esta vez por presuntamente haber cometido el delito de desobediencia.

Ello, tras rehusarse a acudir a una audiencia en la comisión legislativa de Control de Presupuesto y Gasto Público para explicar la procedencia del casi $1 millón que habría recibido.

Por este caso, al final la denuncia se desestimó, pues la comisión que lo llamó para ser interpelado, no tiene la facultad para hacerlo; así mismo, hubo un error en el citatorio y Figueres por escrito ya había enviado la información solicitada.

Investigación sin frutos

En 2004, tras publicarse en varios medios de comunicación que el ex presidente Figueres supuestamente recibió dinero ilícito de la firma Alcatel, el Ministerio Público inició una investigación que a la fecha no da frutos.


19 de setiembre de 2007: La Fiscalía desestimó la investigación penal contra Figueres al no encontrar pruebas en su contra que comprobaran la ejecución de enriquecimiento ilícito, concusión o cohecho propio, entre otros delitos que se le atribuían.

26 de setiembre de 2006: Francisco Dall’Anese viajó a París, para entrevistar a Christian Sapsizian, quien se desempeñara como director para América Latina de Alcatel. De la indagatoria no se extrajo ningún elemento que pudiera incriminar a Figueres o a los otros dos denunciados.

10 de marzo de 2005: Valverde declaró al Ministerio Público que el trabajo de Figueres consistía en aclarar las dudas que surgían junto con Roberto Hidalgo, sobre temas relacionados con tecnologías de punta y su promoción en el país.

9 de febrero de 2005: La Fiscalía abre una investigación contra Figueres por el delito de desobediencia, debido a su renuencia a comparecer ante el Congreso.

7 de febrero de 2005: Figueres, anunció que no regresará al país a declarar sobre el polémico pago de casi $1 millón que recibió de la multinacional francesa Alcatel.

5 de noviembre de 2004: La Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de Figueres, Valverde e Hidalgo y determinó el ingreso de $2,7 millones proveniente de Alcatel.

3 de noviembre de 2004: La Fiscalía recibió la declaración de Hidalgo, quien aseguró que el dinero provenía de una asesoría profesional para la empresa Alcatel, que él firmó desde 1999.

29 de octubre de 2004: Ministerio Público inicia las investigaciones contra Figueres por presuntamente haber recibido poco más de $900 mil de Alcatel entre 2000 y 2003. Junto a él, se abrió una investigación a Carmen Valverde, ex secretaria general del Partido Liberación Nacional, y Roberto Hidalgo, asesor presidencial de Figueres durante su mandato.








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