Falta de justicia y de eficiencia de JAPDEVA

Debemos ser cuidadoso y justos cuando hacemos cambios en las actividades públicas que benefician a la colectividad, pero causan un costo a un grupo particular de sus integrantes.

Por eso cuando durante mi administración en 2001 concesionamos el Puerto de Caldera negociamos -con los trabajadores que iban a quedar cesantes- una compensación superior a la ordinaria de ley y por ese medio logramos ejecutar en paz la transferencia de la operación de esos muelles al sector privado. Los trabajadores lograron arreglar sus condiciones de vida, mediante esa compensación y gracias a que se les preparó adecuadamente para que pudieran hacer buen uso de los importantes recursos financieros que recibieron. Y aumentó considerablemente la eficiencia de los muelles. Del año anterior a la ejecución de la concesión (2006) al primero de su operación la eficiencia en los muelles aumento en un 13%, y en el segundo en un 18% adicional. El movimiento en los muelles pasó de 50.054 TEUS (unidad de medida equivalente a contenedores de 20 pies) en 2006 a 135.294 en 2007 y a 169.986 en 2008 multiplicándose por más de tres en esos dos primeros años.

Esa acción de la que me siento orgulloso, nos valió incluso el reproche editorial del periódico La Nación y de quienes no entendieron que para gozar las ventajas de la modernización y mejor operación de ese Puerto -en beneficio de la totalidad de los costarricenses- era conveniente y justo compensara los trabajadores afectados con la pérdida de sus puestos.

Ciertamente se requirió el valor de dirigentes como los sindicalistas de INCOP doña Ana Montero (qdDg) y don Gregorio Bolaños para poder llegar a los consensos que hicieron posible la ejecución tranquila de esa concesión. Se requirió de su valor y visión para asegurar una merecida y sustancial compensación a los trabajadores muelleros, para que depusiesen voluntariamente sus prerrogativas laborales y así toda la sociedad pudiese disfrutar de las ventajas de la modernización portuaria. Quienes perdían ventajas debían ser, en justicia, compensados por la sociedad como un todo. Nuestra sociedad ganó con ese cambio, el cual permite contar con una adecuada infraestructura portuaria, que es indispensable en un país tan pequeño como Costa Rica que avanza gracias al crecimiento de sus exportaciones y turismo. Los recursos para pagar la compensación se originaron en los pagos de la propia concesionaría. Por cierto que mucho me duele que don Gregorio, por defender los derechos de sus compañeros fue posteriormente discriminado y no tuvo la compensación que más que nadie merecía.

Junto con los estudios técnicos y financieros para ejecutar adecuadamente la concesión de Puerto Caldera, se efectuaron los correspondientes a los Puertos de Limón y Moín.

Siempre creí que la experiencia acumulada en el exitoso caso de Caldera iba a ser aprovechada para mejorar la operación de los puertos en el Mar Caribe. Desdichadamente no ha sido así.

La Administración de doña Laura dejó 15.000 millones de colones (unos $27 millones) para compensar parcialmente a los trabajadores que perderían su puesto al entrar en operación la empresa concesionaria de Moín. Esos recursos eran muy insuficientes, pues el gobierno anterior había ofrecido $137 millones para ese fin, que no fueron aceptados por el sindicato.

La situación es aún más grave. El Informe de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria DE-507-2018 sobre el Presupuesto Ordinario 2019 de JAPDEVA señala: “En las Transferencias Corrientes, llama la atención que la participación decrezca 34,9% en el año 2019, específicamente en “Prestaciones” con un 21,9%, considerando que JAPDEVA tiene pendiente la reestructuración de aproximadamente 800 puestos, debido a la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contendores de Moín, con la empresa APM Terminals S.A en el 2019.”

No se contempla restructuración alguna del empleo a pesar del cambio fundamental que se da en el servicio portuario con la entrada de la nueva terminal concesionada. Más bien se presupuesta un aumento en las remuneraciones y una disminución en la partida para prestaciones.

¿Dónde han quedado la justicia y la eficiencia?

Parece que no solo no aprendemos de los fracasos. Tampoco aprendemos de los éxitos.