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Martes, 18 de diciembre de 2018



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Falencias electorales

Vladimir de la Cruz [email protected] | Miércoles 08 febrero, 2017


Pizarrón

Falencias electorales

El proceso electoral costarricense es, en general, un proceso democrático, que resulta de una práctica democrática nacional, y que expresa nuestra democracia. Es un proceso electoral que ha sido diseñado para garantizar la participación ciudadana, por medio de partidos políticos, para de esa forma, y solo mediante los partidos políticos, elegir ciudadanos a los poderes Ejecutivo, presidente y vicepresidentes, y al Legislativo, los diputados, para lo cual está en marcha toda la cronología electoral, desde el 1° de enero de este año, elaborada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que culminará el primer domingo de febrero de 2018, con la elección de estos representantes populares.

El trámite de inscripción de partidos políticos es riguroso en su formalismo, bien vigilado por el TSE para garantizar la efectiva inscripción de los mismos. No es el TSE un órgano facilitador de organización de partidos políticos, ni de asesoramiento a los ciudadanos para que los constituyan con todo el rigor formal para evitar que el mismo TSE los rechace en su proceso de inscripción. En este sentido el TSE ha actuado históricamente como un gendarme con vil garrote. Ni siquiera tiene el TSE una oficina, como la que existe en la Asamblea Legislativa para que los ciudadanos que quieran presentar un proyecto de ley, les instruyan y les lleven de la mano en la redacción de ese proyecto para que pueda ser bien presentado. En el TSE no existe una oficina en este sentido que promueva, bajo la tutela del propio TSE, a los ciudadanos para que puedan bien inscribir sus partidos políticos. Tan solo señala los requisitos formales y queda a la expectativa de si los presentan bien o no para su respectivo trámite de inscripción o de rechazo. Recientemente hemos visto los respectivos anuncios oficiales de los que pudieron cumplir con los trámites y del número de partidos que fueron rechazados en su proceso de inscripción.
En materia de financiamiento público de los partidos, en lo que a campañas electorales se refiere, nunca ha salido del TSE un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para hacer más democrático y accesible el sistema de financiamiento a todos los partidos, eliminando la guillotina que significa el artículo 96 de la Constitución Política en el reconocimiento que establece solo a los partidos que han obtenido un 4% de votación o que han elegido un diputado.
El artículo 96 era claro en el extremo del 4% de votación para poder tener acceso al reconocimiento de deuda pública para pagos de la campaña electoral. Pero cuando hubo partidos políticos que eligieron diputado sin tener ese 4% de votos, se hicieron los cambios constitucionales para garantizarles a estos partidos ese mismo reconocimiento, porque los votos de esos diputados eran importantes para la toma de decisiones parlamentarias. Así negociaron ese reconocimiento financiero, por lo demás nada democrático, en tanto dejaban fuera de este reconocimiento financiero a los partidos que no tenían el 4% de votos o no elegían diputado. Al mismo tiempo, los partidos que sin haber obtenido el 4% de los votos pero que habían elegido diputado, siendo minoritarios, de izquierda o no, ya no se preocupaban de modificar el artículo 96 de la Constitución Política para favorecer a todos los partidos, porque en ese posible favorecimiento estos partidos han visto una competencia, por el apoyo económico que recibirían, de esos otros partidos, que con dicho financiamiento podrían garantizar más permanencia, y más lucha política electoral. De modo que, los partidos de izquierda, que han defendido derechos, estos derechos electorales de los otros partidos no han sido su bandera, porque han asegurado su nicho, por pequeño que sea. A los otros partidos políticos no les ha interesado ampliar estos derechos y cubrir la totalidad de los partidos con el respaldo de la deuda electoral o del financiamiento público para las campañas electorales por las mismas razones de exclusividad de uso para ellos, y de exclusión para los partidos que no alcancen ese porcentaje o no elijan diputado.
Pero, aquí no se debe pagar ese porcentaje o la elección de un diputado. Lo que se debe reconocer es el costo individual, de cada votante, para cada partido, en términos de la campaña electoral en sus resultados para todos los partidos. Todos los ciudadanos somos iguales, todos los votantes somos iguales en relación a cada partido, a cada partido proporcionalmente cada votante le es igual al de los otros partidos. ¿Por qué se pagan unos votos y otros no? Esta es una práctica del sistema electoral costarricense, que todavía funciona y funcionará para la elección de 2018. Esto hace en la práctica un sistema discriminatorio, violatorio de derechos humanos en los respectivos derechos electorales de igualdad con que deben medirse todos los votantes o ciudadanos.
Lo peor de este sistema de financiamiento es que lo que no se les paga a los partidos que no logran el 4% de votos o no eligen diputado, se distribuye proporcionalmente entre los partidos que si logran ese porcentaje o eligen diputado, haciendo en la práctica que el voto de ellos valga más de 1 (uno), contra el voto de los otros que pasa a valer 0 (cero), lo que hace la final del proceso electoral que haya ciudadanos de distinto valor económico en el proceso electoral, con el perjuicio correspondiente para unos partidos políticos, que como los otros igualmente incurrieron en gastos que deberían ser cubierto como los otros con el financiamiento público electoral.
Como yo no creo en los santos, no creo que san Juan baje el dedo, como dice el refrán, para que el TSE proponga esta reforma democrática, o para que los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa impulsen una reforma de este tipo, de carácter más democrático.
Por ahora del TSE no se pueden esperar reformas democráticas, de esta naturaleza, porque responde al sostenimiento del sistema de partidos que tradicionalmente han gobernado bajo este sistema de exclusión de partidos del financiamiento público y del aprovechamiento de los dineros de los partidos que no lograron el 4% o eligieron diputados.
Como soy ingenuo para algunas cosas, abrigo la esperanza que después de las elecciones, porque ya no se puede modificar legalmente nada que afecte el próximo proceso electoral, el TSE impulse alguna reforma en este sentido, o la nueva integración de la Asamblea Legislativa lleve diputados que se preocupen de este problema.
Tampoco el TSE ha hecho nada para modificar el sistema de interpretación de elección de diputados. Así tenemos que se eligen diputados por cocientes, por subcocientes y por el llamado residuo de votos. El cociente electoral es el número exacto que se requiere para elegir un diputado en correspondencia al resultado de votos y el número de diputados a elegir por provincia. Así por ejemplo, si un diputado se elige con 100 votos, en una provincia que elige 19 diputados como San José, y el partido A saca 551 votos, el partido B saca 370, el partido C saca 420, el partidos D 215 y los partidos E y F sacan 49, 39, la distribución de diputados se hace por cocientes primero, 5 para un partido, 3 para otro, 4 para otro y 2 para otro, para un total de 16 electos por cociente. Luego los diputados restantes se distribuyen entre los que tienen subcociente más de la mitad necesaria lo que permite elegir a dos partidos dos diputados más, porque tuvieron 51 y 70 votos sobrantes. Los tres diputados que restan por elegir una vez que se ha limpiado el cociente y el subcociente, el TSE los asigna en aquellos partidos que habiendo elegido diputado tienen residuo mayor, sin tomar en cuenta el mayor número de votantes que queda en otros partidos. Así, en este ejemplo los partidos que eligieron y que les sobró 20 y 15 votantes les dan los dos restantes diputados contra los que tuvieron 49 y 39 votantes, haciendo de esta manera que con menos votos se elijan más diputados en favor de los grandes partidos, en perjuicio de los pequeños. Este sistema también hay que llegarlo a modificar. Democráticamente uno podría esperar que el TSE hiciera estas reformas o las propusiera, pero… eso es como pedirle peras al olmo.
La participación en mesas redondas con igualdad para todos los partidos políticos, en lo que refiere a la participación de los candidatos presidenciales, de lo que se había logrado, por el recurso de amparo constitucional que establecí en 1998, que dio y obligó a esa igual participación en debates, luego el TSE la modificó haciéndola restrictiva únicamente a escenarios públicos, y no privados.
Así opera el sistema electoral costarricense entre otros aspectos. En la práctica electoral es una situación de varios burros amarrados, partidos pequeños y nuevos, contra pocos tigres sueltos, partidos grandes o tradicionalmente reconocidos, aceptados y llamados a usufructuar el sistema electoral con ventajas. ¿Podemos saber de esta manera quiénes llevan la ventaja electoral? ¿Se puede predecir entre quienes está el ganador?


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