Extranjeros en prisión cuestan $22 millones al año

Nicaragüenses representan más de la mitad de foráneos recluidos en sistema penitenciario

Extranjeros en prisión cuestan $22 millones al año

Excesivos trámites y desinterés de países por recibir a delincuentes complican repatriación

El 85% del presupuesto de Adaptación Social se utiliza para mantener a los reos

En momentos en que se discute una reforma fiscal que aumentaría la carga tributaria a los costarricenses, el Estado gasta buena parte de los impuestos que recauda para mantener a más de 10 mil presidiarios, con un costo superior a $148 millones anuales.

Además de los costarricenses, las cárceles nacionales recluyen a 1.600 extranjeros, más de la mitad de ellos de origen nicaragüense, quienes generan una fuerte presión sobre el presupuesto del Ministerio de Justicia.

Para costear la alimentación, servicios públicos e implementos de limpieza, el Gobierno debe desembolsar alrededor de $38 diarios por cada recluso.

El monto incluye los gastos derivados del pago a oficiales de seguridad, psicólogos y trabajadores sociales, quienes los atienden mientras están recluidos.

La manutención anual de los forasteros tiene un costo superior a $22 millones anuales.

Los nicaragüenses son los que consumen la mayor parte del presupuesto destinado a ese grupo de reclusos, ya que representan más del 60% de esa población, seguidos por los colombianos (12%) y los panameños (5%).

“Alrededor del 85% del presupuesto asignado a Adaptación Social se consume en el mantenimiento de todos los reos y una buena parte de ese dinero se invierte en los extranjeros. En las cárceles tenemos prisioneros de 35 nacionalidades, incluyendo de Lituania, Costa de Marfil, Austria o Yugoslavia, pero una gran parte de ellos son nicaragüenses”, dijo Hernando París, ministro de Justicia y Gracia.

Los extranjeros son detenidos en la mayoría de los casos por la venta o tráfico de drogas y se acogen a juicios abreviados, con el objetivo de cumplir sentencias de cinco años de cárcel y no exponerse a condenas de hasta 20 años.

Esto significa que la manutención de los 1.600 extranjeros podría costarle al Gobierno más de $110 millones en los próximos cinco años.

Costa Rica podría acogerse a los convenios internacionales firmados con diferentes países, para repatriar a los foráneos que han cometido algún delito en el territorio nacional.

Sin embargo, para hacer efectivos dichos instrumentos internacionales, debe existir anuencia del país de origen de los delincuentes para recibirlos y al mismo tiempo, tiene que haber una garantía de que cumplirán sus sentencias, requisitos que en muchas ocasiones son difíciles de cumplir. El año pasado, el Gobierno solo repatrió a 35 extranjeros, a Guatemala, Panamá y Nicaragua.

“Para lograr una repatriación, tanto la persona condenada como el país que lo recibe, tienen que estar de acuerdo y debe haber garantía de cumplimiento de la condena. En la práctica es muy difícil lograr esas condiciones, ya que se requieren muchos trámites y ningún país esta deseoso de recibir más delincuentes, sobre todo si se trata de antisociales peligrosos o que estén involucrados con drogas, por lo que el Gobierno debe asumir el costo de mantenerlos, aunque este sea alto”, expresó Carlos Roverssi, viceministro de Relaciones Exteriores.

Por el lado contrario, durante todo 2010, el país recibió a once compatriotas que se encontraban cumpliendo penas de cárcel en otros países como Panamá y Nicaragua.

Otro problema que se deriva de la cantidad de presos extranjeros en el país, está relacionado con el hacinamiento que se ha producido, ya que la población carcelaria superó en unos 2 mil espacios la capacidad que tienen las instalaciones.

Además de la evidente incomodidad para los reos y los problemas sanitarios que se podrían generar por las condiciones de sobrepoblación en las cárceles, esta situación podría ser de gran riesgo, ya que existe el peligro latente de que se produzca una situación similar a la acaecida en Santiago de Chile durante el mes de diciembre del año pasado, en el que un incendio en un centro penitenciario provocó la muerte de más de 80 personas.

“Estamos obligados a invertir más en cárceles. El país tiene 20 años de rezago en la construcción. El resultado son cárceles con fallas y debilidades que generan un desequilibrio en el sistema y que requieren inversiones urgentes, no solo en infraestructura, sino también en equipamiento, personal y programas de atención a la población privada de libertad. De repente a la gente no le gusta gastar en esto, pero es necesario hacerlo para evitar cualquier desgracia”, concluyó París.

Esteban Arrieta

earrieta@larepublica.net