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El éxito del Sistema de Banca para el Desarrollo dependerá del correcto criterio con que se determine quiénes deben ser apoyados con esos recursos

Exito dependerá de probidad y acierto

En los próximos días será conocido por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que propone modificaciones al funcionamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), a fin de flexibilizar las condiciones para el acceso al crédito de los pequeños y medianos productores.

Aparentemente las reformas son necesarias para que el SBD pueda otorgar créditos en condiciones especiales. Los pequeños empresarios necesitan esos recursos para avanzar y solo podrían hacerlo mediante esas condiciones especiales y con mayor razón en el caso de los productores agropecuarios en la presente coyuntura en que confluyen las consecuencias de la crisis económica con las del cambio climático. Más bien, este sistema debió estar ya en pleno funcionamiento.

Sin embargo, en este como en otros casos, el verdadero éxito del sistema dependerá del correcto criterio con que se determine quienes deben ser apoyados con estos recursos económicos. Si se fallara en esto, al igual que ha ocurrido en otros proyectos, todo habría sido un esfuerzo inútil y una pérdida de tiempo y recursos. La ciudadanía deberá estar pendiente de esto.

Según lo explica una nota de este medio hoy, la potestad de definir a los beneficiarios y otras variables contempladas en el proyecto de ley para el funcionamiento del SBD, estará concentrada en el Consejo Rector del Sistema, órgano que deberá ejercer su función con probidad y acierto para que redunde en verdadero beneficio de aquellos que más lo necesitan y por tanto en el adecuado desarrollo de las pequeñas empresas del país. Este órgano deberá estar atento y vigilante del desenvolvimiento del proyecto y rendir debida cuenta.

El proyecto señala que habría una instancia técnica establecida por el propio Consejo Rector, quien sería responsable de la administración operativa del SBD y de realizar un control de la correcta asignación del financiamiento otorgado a los sujetos beneficiarios.

Este nuevo proyecto de ley debería establecer con claridad un sistema de controles que garantice el adecuado funcionamiento del sistema y prever las sanciones para su incumplimiento. Esto por cuanto se han repetido, como se sabe, lamentablemente, situaciones en las que se dio mal manejo de fondos públicos.
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