Evidencia pesa más en contra de Barrenechea y Bolaños, según Fiscalía
Al empresario se le acusa de peculado, denuncia calumniosa, simulación de delito y tráfico de influencia.
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La evidencia recabada en el caso del cemento chino aumenta la probabilidad de que Juan Carlos Bolaños, empresario cementero, Mario Barrenechea, exgerente del Banco de Costa Rica, y otros dos funcionarios de esta institución, figuren como responsables.
Al empresario se le acusa de peculado, denuncia calumniosa, simulación de delito y tráfico de influencia, mientras que a los directivos del BCR se les acusa de peculado.
“Durante los últimos tres meses se recabó evidencia que nos lleva a determinar que aumentó la probabilidad de que estas cuatro personas son responsables de los hechos que estamos investigando”, dijo Emilia Navas, fiscal general interina.
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Tanto Bolaños y Barrenechea, como Andrés Víquez Lizano, subgerente de banca mayorista, y Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de finanzas y riesgo, continuarán en prisión preventiva hasta el 4 de agosto de 2018.
Estos tres acusados de peculado.
Mientras tanto, la Fiscalía continuará recolectando y analizando pruebas.
Además de estas cuatro personas, el 3 de noviembre de 2017 el Ministerio Público detuvo a Marvin Corrales Barboza, subgerente de banca minorista; a Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de riesgos y control interno; y a Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de gestión de créditos.
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Estos tres últimos se encuentran bajo libertad condicional. Por lo tanto deberán firmar los 15 y 30 de cada mes, no podrán salir del país ni acercarse a testigos, tener domicilio fijo y asistir a convocatorias de las autoridades.
La libertas condicional no significa que Corrales, Barrantes y Ramírez no hayan participado en el caso del cemento chino, aclaró la Fiscalía, sino que su responsabilidad puede ser menor que la de Bolaños y Barrenechea.
“Hasta donde las pruebas nos han llevado en este momento, la probabilidad nos dice que la participación de estos tres imputados pudo haber sido menor y, de acuerdo con los principios de objetividad y proporcionalidad, el Ministerio Público consideró que era pertinente el cambio de medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones”, dijo la fiscal general interina.
