Estalla polémica por irrupción en privacidad

Rastreos telefónicos afectaron a periodistas de Diario Extra

Estalla polémica por irrupción en privacidad

Caso afectaría confidencialidad de las fuentes y actividad periodística

Durante diez meses el periodista de Diario Extra, Manuel Estrada, fue objeto de una investigación que tenía como fin identificar quién era la fuente del comunicador a lo interno del OIJ.

Rastreos telefónicos, listas de llamadas y números a los que se enviaron mensajes de texto formaron parte de la labor que realizaron en conjunto el Ministerio Público y la policía judicial.

“Nos intervinieron los teléfonos de la central del periódico, me tenían monitoreado el celular, sabían con quién hablaba y lo que hablaba con cualquier persona”, dijo Estrada.

Presentar un recurso de amparo contra el Poder Judicial es la primera acción legal que tomaron los representantes de la empresa periodística.

La otra medida podría ser una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de defender la confidencialidad de las fuentes que cubre la labor de los periodistas en todo el mundo.

Por otra parte, se denunciaron intervenciones telefónicas a funcionarios de Diario Extra, como Iary Gómez, directora corporativa y Paola Hernández, subdirectora de la empresa, además de supuestos espionajes a periodistas de otros medios nacionales vinculados con Estrada.

Incluso como parte de la denuncia se presentó un expediente de más de 200 páginas que revela los detalles de la investigación realizada por el OIJ en la que no figura como sospechoso el comunicador de Diario Extra, sino una agente de la policía judicial.

La oficial fue detenida en su propia oficina y suspendida por tres meses con goce de salario mientras avanza la investigación, por divulgación de información confidencial.

“Lo extraño es por qué aparece Manuel Estrada en el centro del organigrama que se incluye en el expediente judicial, como si se tratara de una banda de narcotráfico o un grupo criminal. La investigación violenta el derecho de confidencialidad de la fuente”, explicó Hernández.

Tras la denuncia, se aclararon algunos procedimientos realizados por el OIJ durante la investigación.

Por ejemplo, se explicó la diferencia entre una intervención y un rastreo telefónico, mientras en el primer caso se puede escuchar la conversación en tiempo real con la orden de un juez, en el segundo escenario solo se siguen pistas con base en listas de números y llamadas.

“En este caso se utilizaron rastreos telefónicos, aunque parece un término muy sofisticado, lo que se hizo fue cruzar información de números que fueron obtenidos mediante listas de llamadas, las intervenciones no se aplicaron”, afirmó Jorge Chavarría, fiscal general.

También trascendió que la suspensión de la oficial del OIJ se debe al proceso de investigación que se lleva en su contra por presuntamente dar a conocer detalles sensibles de un caso de secuestro que pudo tener repercusiones negativas contra víctimas o testigos.

Lo cierto es que los representantes del OIJ y del Ministerio Público rechazaron el supuesto espionaje y la intervención de teléfonos a periodistas denunciados por Diario Extra.

Mantener en secreto las fuentes que facilitan la información es parte de la confidencialidad profesional que cobija la labor periodística, así lo comparten diversos organismos internacionales, entre ellos la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Para continuar con el caso, los magistrados de la Corte Plena, solicitaron al OIJ y a la Fiscalía informes para analizar el asunto.

Manuel Avendaño

mavendano@larepublica.net

@MavendanoLR