Estados Unidos vs. Google

La demanda presentada recientemente por el Departamento de Justicia contra Google por prácticas monopolísticas recuerda mucho al caso EE. UU vs. Microsoft, que iniciaba en 1998, mismo año en el que Google, Inc. nacía en un garaje de California.

En una columna en el mes de agosto (Los emperadores de la economía digital), me referí a la audiencia que había acontecido días antes ante el House Judiciary Committee del Congreso, en el marco de una histórica investigación sobre presuntas violaciones en materia de competencia atribuidas a las principales empresas de tecnología del planeta. En aquel momento, opinaba que lo que se discutía en estas audiencias no era menor, y podía tener incidencia global por las acciones legales que el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio podrían emprender. El informe que emitió semanas después el Congreso fue básicamente un acuerdo bipartidista sobre la necesidad de emprender acciones legales para limitar las prácticas monopólicas de estas empresas.

Y las acciones no tardaron en ejecutarse. La semana pasada el Departamento de Justicia -DOJ- presentó una histórica demanda contra Google por prácticas monopólicas bajo el Sherman Antitrust Act. Pese a que las investigaciones se enfocaban tanto en el dominio del buscador como a la forma en la que Google estaría redirigiendo búsquedas a sus propios productos o a aquellos que le contratan publicidad, finalmente el DOJ decidió centrar la demanda en el primero de los puntos, acusando a la empresa de incurrir en prácticas monopólicas relacionadas con su buscador.

¿En qué consiste? Según indica la demanda, Google mantiene acuerdos con otras empresas para posicionar su buscador como predeterminado. En el caso de Apple, paga anualmente entre 8.000 y 12.000 millones de dólares para que Google sea el buscador predeterminado en el iPhone, que representa el 15% de los teléfonos inteligentes del planeta, y acapara el mercado estadounidense. Esos gigantescos recursos que paga Google representan aproximadamente el 20 por ciento de los ingresos de Apple.

Google tiene su propio sistema operativo, Android, que es la única competencia real del iOS de Apple, y que mantiene una mayoría de mercado por encima del 80%. Android puede operarse en teléfonos de diversas marcas, y además es gratuito, y ahí es donde viene un nuevo acuerdo. Con la finalidad de permitir que los fabricantes instalen Android, Google exige a éstos que instalen varias de sus aplicaciones, incluyendo su buscador como predeterminado, y además les comparte un porcentaje de sus ganancias.

En criterio del DOJ, valiéndose de estos acuerdos, Google logra una posición de mercado inmejorable: El 60% de las búsquedas en Internet se hace por medio de una aplicación en la que Google tiene un acuerdo de exclusividad, y otro 20% se hace por medio del navegador de Google, Chrome. Con esa posición de mercado, Google obtiene unas ganancias gigantescas de 40.000 millones de dólares anuales derivadas de la publicidad digital en su buscador. Es decir, gracias a estos acuerdos, estaría reconduciendo a la gran mayoría de los cibernautas a su buscador, en el que vende a las empresas publicidad, y las ganancias obtenidas son compartidas con las empresas que le permiten lograr este mecanismo, es decir, los fabricantes de los dispositivos. Esta circunstancia, según se lee en la demanda, cierra o limita las posibilidades de entrada a nuevos competidores, que se ven imposibilitados a competir dadas las barreras de acceso impuestas por Google. Resalta la demanda que tal es la posición de Google que su nombre se ha convertido en un verbo que significa buscar en Internet.

Google ha insistido en que su buscador es el mejor, y que los usuarios lo prefieren independientemente de estos acuerdos, y que el usuario siempre tiene la posibilidad de cambiar al buscador de preferencia. La duda que muchas voces reconocidas de la Industria manifiestan es ¿Por qué si su producto es tan superior, invierte esa cantidad de dinero anualmente en lograrlo? Aunque quizá Google pudo ganarse la preferencia de sus usuarios lícitamente, la discusión se centra en la existencia de estos acuerdos, que podrían ser el mecanismo mediante el que garantiza su posición de dominio.

Si hay algo claro hasta el momento es que esta no será una batalla rápida ni sencilla. Google cuenta con recursos ilimitados para defenderse, y existe incertidumbre sobre cómo podrá influir el resultado de las elecciones de la semana entrante. Si bien 11 fiscales generales se sumaron a la demanda del DOJ, todos son Republicanos, y podría ser que un gobierno de Biden cambie de línea, aunque lo cierto del caso es que, hasta ahora, la necesidad de establecer regulaciones a los gigantes tecnológicos ha sido uno de los temas que han unido a Demócratas y Republicanos. También podría ser que Google opte por readecuar sus prácticas y llegue a un acuerdo con el DOJ, para evitar el desgaste que podría representar someterse a un proceso que recuerda mucho al caso EE. UU vs. Microsoft, que iniciaba en 1998, mismo año en el que Google, Inc. nacía en un garaje de California.