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Desde 1997 Gobierno debía cancelar en efectivo
Estado no puede pagar con bonos a la Caja

Recientes arreglos de pago con títulos suman unos ¢933 mil millones

Resulta que el pago que el Gobierno hace con bonos del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social para saldar sus deudas es ilegal desde 1997.
Ello porque la Asamblea Legislativa en 1993 aprobó una ley que dice que el Ministerio de Hacienda debe cubrir las obligaciones reglamentarias con la Caja con pagos en efectivo.
Pero en forma consecutiva la Caja ha venido recibiendo bonos como parte de esos pagos que hace el Gobierno para cancelar la deuda estatal, al no atender en forma oportuna sus obligaciones con el Seguro Social.
Aunque al Estado se le concedió un periodo para cancelar de forma gradual lo adeudado entre 1993 y 1996, la legislación indica que a partir de 1997 Hacienda debía tomar las previsiones para realizar dichos pagos en efectivo y en su totalidad.
Se trata del total de las obligaciones que tiene con el Seguro Social, como es la cuota obrero patronal, la atención a indigentes, a privados de libertad y de la cuota del Estado como tal.
Se calcula que desde 2003 a la fecha se ha convenido cancelar con bonos cerca de ¢933 mil millones.
Al menos siete convenios firmados entre los jerarcas del Ministerio de Hacienda y del Seguro Social, establecen esa modalidad de pago.
Por una interpretación de lo dispuesto en la ley, la Caja se encuentra facultada para recibir bonos en pago de las obligaciones, argumentó Gilbert Alfaro, director jurídico de la institución, al ser consultado por LA REPUBLICA sobre la denuncia planteada.
Igualmente, se consultó a Fernando Herrero, ministro de Hacienda, sobre esa forma de pago, pero no hubo respuesta.
“De momento no puedo referirme por tratarse de un tema que cualquier instancia podría estar consultando, y no podría adelantar criterio”, hizo saber Lorena Brenes, procuradora general, por medio de Emilia Segura, periodista de dicha institución, al ser consultada sobre la legalidad de pagar con bonos a la Caja.
“La legislación no deja margen alguno para la interpretación. Los pagos deben hacerse en efectivo. El Estado debe redireccionar el camino sobre la forma en que paga”, dijo José María Villalta, legislador del Frente Amplio, quien denunció la situación.
Sin embargo, desde 2003 los jerarcas de la Caja y del Ministerio de Hacienda no han dejado de firmar en forma consecutiva, convenios de pago con bonos.
Por ejemplo, en diciembre de 2003 se firma el primer convenio, posterior a la legislación, por casi ¢47.700 millones que se hizo para poner al día la deuda acumulada de abril de 1997 a febrero de 2001.
Ese convenio indica que el pago se haría con títulos valores de conversión de deuda externa e interna.
El 13 de julio de este año, se firmó el último de los convenios por una suma cercana a ¢85.200 millones a pagarse en su totalidad con títulos de deuda interna.
Sobre el cual, el 12 agosto, Fernando Herrero, ministro de Hacienda, hizo la primera entrega de bonos a Balmaceda por ¢54.059 mil millones y la segunda fue por ¢15 mil millones, la que formalizó hace un par de semanas.
A dicho inconveniente se agrega que títulos como los anteriores son considerados de poca liquidez por especialistas, agregó Villalta al resaltar las condiciones del pago en efectivo.

Gabriela Masís
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