Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
A principios de los años 80 el escándalo del aceite de colza causó conmoción en España y la peor crisis sanitaria del país europeo hasta la aparición del coronavirus.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España, 5.000 personas murieron y al menos 20.000 quedaron con secuelas de por vida tras consumir aceite industrial que se vendía como apto para el consumo humano.
El llamado "Síndrome de Aceite Tóxico (SAT)" se convirtió en una nueva enfermedad y destrozó la vida de miles de familias en el país.
Cuando el asunto parecía olvidado, una inusual protesta en el emblemático Museo del Prado de Madrid lo ha devuelto a los titulares.
Medios españoles reportaron este martes que seis personas, víctimas del aceite de colza (o canola), entraron al Museo del Prado y en la sala 12 de la pinacoteca, donde están Las Meninas de Velázquez, iniciaron una protesta por lo que califican como "el abandono del Estado".
Dentro del museo hubo momentos de tensión. Uno de los manifestantes amenazó con "ingerir pastillas" de no ser escuchado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al final la policía lo detuvo a él y a otro hombre.
El que fue considerado el primer envenenamiento masivo de la historia de España, tuvo su origen en las prácticas de compañías como RAPSA y Raelsa, que importaron, procesaron y comercializaron como aceite de concina de bajo coste un producto que resultó letal en muchos casos para quienes lo consumieron sin conocer el peligro.
Se vendió clandestinamente y sin control en todo el país, etiquetado en decenas de miles de botellas como el tradicional aceite de oliva español.
En la primavera de 1981 se detectaron en menores de la localidad de Torrejón de Ardoz, en Madrid, los primeros casos de una extraña enfermedad. En apenas dos semanas, los hospitales de la capital española colapsaron.
Los primeros síntomas fueron respiratorios, con la aparición de una neumonía atípica. Los pacientes se quejaban de dolor en el pecho, dolor de cabeza, pérdida de apetito y sudoración, entre otros síntomas.
Provocó también manifestaciones cutáneas, afectaciones como fibromialgia, fatiga crónica y dolor crónico generalizado, además de deformidades articulares.
El pediatra Juan Casado, que atendía a los pacientes en el Hospital Niño Jesús, decidió crear un equipo de diagnóstico que incluyó a cuatro de sus colegas. "Nos reuníamos todas las mañanas para revisarlo todo, nos poníamos a trabajar con estos niños", explicó al diario El Confidencial de España.
El equipo detectó que, al contrario de lo que las autoridades sanitarias pensaban, la enfermedad no tenía un periodo de incubación bacteriana, sino que afectaba casi al mismo tiempo a personas cercanas.
"Todos enfermaban a la vez. Esto era muy extraño para una enfermedad infecciosa", agregó Casado, quien después de analizar grupos e identificar edades, lugar de residencia y dieta de los pacientes, dio con la causa: un aceite de tapa roja y supuestamente de oliva que se vendía en mercados ambulantes a bajos precios.
De acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), estos aceites de 5 litros "tenían un 60% de aceite de colza desnaturalizado y 40% de aceite de orujo de oliva o grasas animales".
La desnaturalización del aceite es un proceso que consiste en añadir productos químicos para utilizarlo industrialmente en pinturas o instrumentos musicales, y no como alimento.
El escándalo provocó un endurecimiento de los estándares de control y seguridad en el país y un mayor control de la importación masiva de aceite desnaturalizado desde Francia, así como de su posterior refinamiento y mezcla con sustancias como la anilina.
Pero para muchas familias la colza sigue siendo una pesadilla de la que aún no han despertado.
38 empresarios del colectivo aceitero fueron procesados. Solo dos, directivos de RAPSA y Raelsa, fueron condenados a 20 y 12 años de cárcel, respectivamente. Las familias recibieron hace casi 20 años unas indemnizaciones que hoy les parecen insuficientes.
"En primer lugar queremos la reparación moral y un homenaje de dignidad y respeto como acto de Estado, que se tenían que haber hecho igual que se hace con todas las víctimas", dijo Carmen Cortés en diálogo con BBC Mundo.
La mujer de 55 años, que tenía 15 cuando enfermó con el síndrome y estuvo más de un año hospitalizada a causa de las secuelas, es la coordinadora de la Plataforma Síndrome Tóxico "Seguimos viviendo", una de las organizaciones que agrupa a al menos 600 sobrevivientes.
Para ella es importante que el caso no sea olvidado ni por el gobierno ni por la sociedad, debido a que todavía muchos afectados dependen totalmente de sus familias, necesitan atención médica constante y apoyo psicológico que, dice, nunca recibieron.
"Las víctimas no se enteran de dónde tienen que ir, ni de dónde tienen que hacer nada. No es labor de nadie", afirmó Cortés, quien además ve con preocupación el hecho de que los médicos que conocen del síndrome se estén jubilando sin pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones.
Además de la reparación por parte del Estado, los sobrevivientes piden la creación de un comisionado que se ocupe de la problemática que muchos enfrentan 40 años después, . "Estamos malviviendo", reitera.
Dentro de los proyectos que la Plataforma lidera para intentar recoger fondos está una exposición fotográfica de siete mujeres del grupo que posaron desnudas para mostrar las secuelas del SAT en sus cuerpos que no encuentra un espacio para ser exhibida.
"Queremos recoger fondos para llevar nuestra causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque como se está viendo, nuestro gobierno no responde. Se comprometieron a cuidarnos hasta el fin de nuestros días y no lo están cumpliendo".
Cuarenta años después, la batalla para ellas no ha terminado.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
