"Es absolutamente alucinante"
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Miércoles 02 noviembre, 2011
Definir futuro de megaterminal en el Congreso, aduce Ministro de la Presidencia
“Es absolutamente alucinante”
Contraloría sería la única instancia que tiene potestad para refrendar concesión
La intención de los diputados de llevar al Congreso la discusión del proyecto para dar en concesión la construcción de la megaterminal de contenedores en Moín, Limón, fue catalogada como “absolutamente alucinante” por Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia.
Esto, debido a que en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional se había pronunciado al respecto y definido que la Contraloría General de la República es la instancia que debe avalar o rechazar un contrato de esta naturaleza.
El lunes pasado, los 25 diputados de oposición que integran la Alianza por Costa Rica, presentaron un proyecto de ley para discutir en el Plenario la concesión otorgada por el Gobierno a la firma holandesa APM Terminals.
Esto bajo el argumento de que la Constitución Política en el artículo 121 los faculta para ello, al establecer que sus funciones “es decretar la enajenación o aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”.
Sin embargo, en 2005 tras una consulta de varios diputados con relación al mismo artículo y la concesión de los puertos de Caldera, los magistrados hicieron una interpretación totalmente diferente.
“De conformidad con la naturaleza de la 'concesión' no se están desafectando estos bienes, pues no se les está separando del fin público al cual están vinculados, por ende no salen del dominio público, tampoco se están enajenando, arrendando ni gravando, de manera que no se produce la vulneración acusada”, adujo en esa oportunidad la Sala IV.
Además, señala que “el caso de las concesiones de obra pública con servicio público es aplicable como ley marco la Ley General de Concesión de Obra Pública”.
“Es sorprendente que en este país se nos olvide la jurisprudencia nacional. La Sala IV ha resuelto el tema en reiteradas ocasiones, las concesiones de obra pública son del Ejecutivo y luego se refrendan en la Contraloría General, me parece absolutamente alucinante que se quiera repetir un debate que fue resuelto por la Sala IV en innumerables ocasiones”, dijo Benavides.
En el Congreso algunos diputados dicen desconocer la jurisprudencia que menciona el Poder Ejecutivo y que no darán marcha atrás a sus intentos de discutir el contrato de APM y de ser necesario interpondrán un recurso de amparo.
“Es un discurso para presionar a la Contraloría, hasta no ver la jurisprudencia que ellos hablan no vamos a cambiar de posición, la contralora Rocío Aguilar tiene que darnos una respuesta y ella nos dice que tiene que refrendar, llevamos el caso a la Sala IV”, dijo Walter Céspedes, subjefe de fracción de la Unidad Social Cristiana.
Otros mencionan que si bien la Contraloría es la encargada de refrendar el contrato, para ello debe contar con el aval de los diputados.
“Le estamos diciendo a la Contraloría que no puede culminar un proceso sobre el cual la Asamblea Legislativa aún no se ha pronunciado, como demanda la Constitución Política, en otras palabras, no es excluyente el proceso de la Contraloría con el de la Asamblea, son dos etapas distintas”, manifestó Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso.
El 31 de agosto pasado, la presidenta Laura Chinchilla y los representantes de APM firmaron el contrato de concesión, el cual obliga a la holandesa a invertir $1 mil millones en la construcción de un moderno puerto y administrarlo durante 30 años.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
“Es absolutamente alucinante”
Contraloría sería la única instancia que tiene potestad para refrendar concesión
La intención de los diputados de llevar al Congreso la discusión del proyecto para dar en concesión la construcción de la megaterminal de contenedores en Moín, Limón, fue catalogada como “absolutamente alucinante” por Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia.
Esto, debido a que en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional se había pronunciado al respecto y definido que la Contraloría General de la República es la instancia que debe avalar o rechazar un contrato de esta naturaleza.
El lunes pasado, los 25 diputados de oposición que integran la Alianza por Costa Rica, presentaron un proyecto de ley para discutir en el Plenario la concesión otorgada por el Gobierno a la firma holandesa APM Terminals.
Esto bajo el argumento de que la Constitución Política en el artículo 121 los faculta para ello, al establecer que sus funciones “es decretar la enajenación o aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”.
Sin embargo, en 2005 tras una consulta de varios diputados con relación al mismo artículo y la concesión de los puertos de Caldera, los magistrados hicieron una interpretación totalmente diferente.
“De conformidad con la naturaleza de la 'concesión' no se están desafectando estos bienes, pues no se les está separando del fin público al cual están vinculados, por ende no salen del dominio público, tampoco se están enajenando, arrendando ni gravando, de manera que no se produce la vulneración acusada”, adujo en esa oportunidad la Sala IV.
Además, señala que “el caso de las concesiones de obra pública con servicio público es aplicable como ley marco la Ley General de Concesión de Obra Pública”.
“Es sorprendente que en este país se nos olvide la jurisprudencia nacional. La Sala IV ha resuelto el tema en reiteradas ocasiones, las concesiones de obra pública son del Ejecutivo y luego se refrendan en la Contraloría General, me parece absolutamente alucinante que se quiera repetir un debate que fue resuelto por la Sala IV en innumerables ocasiones”, dijo Benavides.
En el Congreso algunos diputados dicen desconocer la jurisprudencia que menciona el Poder Ejecutivo y que no darán marcha atrás a sus intentos de discutir el contrato de APM y de ser necesario interpondrán un recurso de amparo.
“Es un discurso para presionar a la Contraloría, hasta no ver la jurisprudencia que ellos hablan no vamos a cambiar de posición, la contralora Rocío Aguilar tiene que darnos una respuesta y ella nos dice que tiene que refrendar, llevamos el caso a la Sala IV”, dijo Walter Céspedes, subjefe de fracción de la Unidad Social Cristiana.
Otros mencionan que si bien la Contraloría es la encargada de refrendar el contrato, para ello debe contar con el aval de los diputados.
“Le estamos diciendo a la Contraloría que no puede culminar un proceso sobre el cual la Asamblea Legislativa aún no se ha pronunciado, como demanda la Constitución Política, en otras palabras, no es excluyente el proceso de la Contraloría con el de la Asamblea, son dos etapas distintas”, manifestó Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso.
El 31 de agosto pasado, la presidenta Laura Chinchilla y los representantes de APM firmaron el contrato de concesión, el cual obliga a la holandesa a invertir $1 mil millones en la construcción de un moderno puerto y administrarlo durante 30 años.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net