Es imprescindible balancear la propuesta al FMI

El “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia” elaborado por el gobierno para presentar al FMI no cumple con criterios de eficiencia y equidad, y posiblemente conduzca a una nueva crisis fiscal a partir de 2025.

Pero es preciso cumplir con los objetivos del gobierno de “lograr un superávit fiscal 2,2% del PIB al 2024 y una razón deuda/PIB del 50% al 2034.”

Para poder alcanzar esas metas el camino menos espinoso es un convenio con el FMI ya que la magnitud del ajuste requerido es tan grande que lo mejor es poder ejecutarlo con gradualidad, pero sin perder credibilidad de que se ejecutaran las medidas para lograrlo. Un convenio con el FMI compromete al país y disminuye el riesgo para inversionistas, empresarios, trabajadores y ahorrantes y en consecuencia promueve acciones favorables al crecimiento.

Es preciso, pues, resolver esta contradicción entre una propuesta inconveniente y la necesidad de obtener sus objetivos.

Mi conclusión es que la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, trabajadores, empresarios y en general todos los ciudadanos, debemos colaborar para modificar la propuesta y hacerla más balanceada, eficaz, equitativa y sostenible para no volver a las andadas a partir de 2025 cuando termina la aplicación de las medidas transitorias.

El Plan del gobierno es ineficiente.

Es imposible realizar este ajuste sin afectar el crecimiento. No creo en “la economía de la varita mágica” que propone que a las personas se les puede bajar sus ingresos y que a la vez por expectativas favorables se incrementen la inversión y el consumo privados. Eso, como los milagros, solo se produce muy rara vez y solo en condiciones muy especiales, al menos en sus efectos a mediano plazo. Entre nosotros el año pasado en condiciones más favorables, no se dio ese efecto como respuesta a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Se trata de reducir la deuda pública respecto al tamaño de la producción y eso no se logra si solo se actúa sobre el numerador de ese cociente. Debe minimizarse el impacto negativo en el crecimiento del PIB. El plan propuesto no cumple con esta condición de eficiencia.

El gobierno justifica que podría no afectarse el PIB sin aportar ningún estudio que lo sustente. El Plan simplemente afirma “En el caso de Costa Rica nos enfrentamos a una situación especial, donde el nivel de deuda es muy alto y el gobierno debe apartar una importante parte de su presupuesto al pago de intereses. En esta circunstancia es posible que la consolidación fiscal tenga un efecto expansivo sobre la economía”. No hay referencia a ningún modelo de equilibrio general, y ni siquiera se aporta una estimación de la evolución del PIB durante el período de aplicación de las medidas.

Si no funciona la “varita mágica”, el Plan -recargado en aumento de impuestos y que incluye tributos que directamente desincentivan la inversión- compensará la disminución en el numerador (la deuda que se daría en los años siguientes) con la disminución en el denominador por la caída del crecimiento del PIB.

Para el año entrante el Plan propone aumentos a los ingresos que representan 5% del PIB. La reducción de gastos es de solo 0,95% del PIB, y su mayor componente no es una medida adicional, pues 0,76 puntos porcentuales (p.p.) del PIB corresponden a la regla fiscal adoptada en 2018, como contrapartida al establecimiento del IVA y a los cambios en el Impuesto de Renta. Esa relación de más de 5 a 1 entre impuestos y reducción del gasto mejora en los años siguientes, principalmente porque en 2023 desaparece la sobretasa temporal del impuesto de renta y se sustituye por la renta global, lo que reduce la recaudación en 0,5 p.p. del PIB, y porque en sus dos últimos años el Impuesto sobre Transacciones Bancarias disminuye en 1 p.p. del PIB. Pero aún en el último de esos años el aumento de impuestos es el doble de la disminución del gasto.

Es preciso un mayor ajuste en el gasto corriente y no en inversión en infraestructura que ayuda a bajar nuestros altos costos. Esto no se puede lograr sino se recurre a cambios en la estructura del gobierno para cerrar instituciones (como JAPDEVA y CNP), o consolidarlas con otras, o establecer cambios institucionales que las hagan más eficientes, disminuyendo el personal y los gastos operativos innecesarios, o de menor rentabilidad social. El gobierno pudo haber escogido algunas de las alternativas que incluso su partidario Ottón Solís ha propuesto para adelgazar y hacer más eficiente al estado. Las acciones propuestas respecto a órganos desconcentrados son muy insuficientes y solo significan 0,05 p.p. del PIB por año.

Incluso el instrumento de El Plan favorable a la formalidad del empleo y al crecimiento económico, la eliminación de la carga sobre las planillas de 5% en favor de FODESAF, queda sin financiamiento a partir de 2025 pues se compensa con un impuesto transitorio.

El Plan del gobierno no es equitativo.

El déficit se ha venido generando principalmente por aumento en los gastos. De 2008 a 2019 el gasto corriente sin incluir intereses ha aumentado en 4,5 p.p. del PIB (el 82% de ese aumento se dio en los dos primeros años) mientras la disminución de ingreso tributario fue de 1,7 p.p. Es cierto que temporalmente por la recesión causada por COVID-19 se ha dado este año y se mantiene para el siguiente una caída adicional considerable de la recolección de impuestos que justifica establecer tributos transitorios, pero no que el peso del ajuste caiga tan desproporcionadamente en ellos.

Tampoco cumple El Plan del gobierno con el criterio de equidad porque no afecta de manera significativa el gasto (el ajuste al gasto solo aporta 0,95 p.p. del PIB en 2021; 1,36 en 2022; 1,70 en 2023 y 1,88 en 2024) y por ende no toma en cuenta que buena parte del aumento de la desigualdad en nuestro país proviene del incremento en el diferencial salarial entre los sectores público y privado.

Para paliar esa inequidad la Ley de Empleo Público debe aplicarse a todos los servidores del estado, y no solo a las nuevas contrataciones.

El Plan además no es ni eficiente ni equitativo porque no utiliza medios disponibles que podrían disminuir su impacto negativo en el crecimiento y la exacción de recursos a los ciudadanos. La disposición de activos que se incluye es casi simbólica, y aporta solo 0,57% del PIB en 2023. Se deja de lado la venta de activos como el BCR , INS , o KOLBI que podrían traer mayor competencia al mercado financiero y de telecomunicaciones, y generar recursos para un fondo que permita permanentemente financiar la eliminación con cargo a la planilla de FODESAF, y no solo con impuestos temporales como lo hace la propuesta gubernamental, y que además, incluso proporcionaría financiamiento adicional a la seguridad social.

El Plan del gobierno no es sostenible.

Aún si para 2025 se alcanzara el objetivo de reducción del déficit con los instrumentos propuestos (esto es, aún si la caída en el crecimiento del PIB no impide que se alcancen) sin hay cambios estructurales que limiten los disparadores del gasto en remuneraciones y transferencias corrientes, en poco tiempo se volvería a la situación de grave desequilibrio fiscal que antecede a los efectos de la pandemia.

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Lo que debería buscarse es un programa de ajuste con componentes estructurales que permitan racionalizar el gasto público mediante cambios en la conformación de las entidades públicas, para bajar el insostenible costo de planillas y transferencias corrientes, destinar más recursos a infraestructura y mejorar la calidad y costo de los servicios públicos que abran oportunidades de progreso a todos, especialmente a las familias de menores ingreso. Además, para promover el crecimiento se debe mejorar la creación de habilidades en los estudiantes, la competencia en todos los mercados sea ellos servidos por el gobierno o por privados, y estimular la innovación y la productividad. Esto no se logra con un programa centrado en impuestos, y menos si esos impuestos afectan directa y negativamente los estímulos para invertir.

Queda en manos de las señoras y los señores diputados negociar con el gobierno un cambio sustancial a El Plan que elimine parte del aumento en tributos, principalmente los que más afectan la inversión y el crecimiento, y los sustituya por medidas específicas de disminución de gastos y disposición de activos estatales de manera que según las estimaciones del BCCR se logre alcanzar las metas propuestas de déficit y relación deuda a PIB.