En manos de Sala IV nuevos impuestos
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 15 marzo, 2012
Aprobado anoche plan fiscal por Congreso
En manos de Sala IV nuevos impuestos
Decisión de magistrados podría atrasarse hasta 18 mese
Después de más de un año de caminar por el filo de la navaja, el plan fiscal superó anoche su escollo inicial tras ser aprobado por los diputados en primer debate.
Sin embargo, todavía el Gobierno no puede respirar tranquilo por los nuevos impuestos que pretende, pues desde ayer, el aval final del controvertido proyecto de ley quedó en manos de la Sala IV.
El futuro aún incierto de la iniciativa fiscal se debe a que Luis Fishman, diputado de la Unidad Social Cristiana, reclamó ante los magistrados, una supuesta ilegalidad en el procedimiento utilizado para discutir el paquete tributario.
Si los magistrados declaran ilegal la forma como se discutió el proyecto, podría comenzar desde cero su trámite en el Congreso otra vez.
La incertidumbre para Laura Chinchilla, presidenta de la República, podría extenderse hasta casi el final de su mandato, pues Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, estimó que la acción de inconstitucionalidad de Fishman duraría en promedio 18 meses para ser resuelta, en el peor de los casos.
Mientras tanto, los diputados no pueden dar el segundo debate a ese proyecto.
Sin embargo, esto no es definitivo pues en el mejor de los panoramas para el Gobierno, los magistrados podrían unir la consulta facultativa habitual de los diputados tras la aprobación del proyecto de ley, con el reclamo del socialcristiano y resolver en un plazo no mayor a un mes, reconoció el propio Fishman ayer.
El plan fiscal fue aprobado a las 7.50 p.m. con 31 votos de los diputados de Liberación Nacional, Restauración Nacional y la mayoría del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En ese sentido, Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, y Carmen Muñoz, rompieron la línea de fracción rojiamarilla, la cual fue impuesta por Ottón Solís, líder y fundador del PAC.
El resto de las bancadas de oposición, en su totalidad, votaron en contra de los nuevos impuestos.
“No podemos avalar este paquete de impuestos, pues los ricos no están pagando lo que tienen que pagar, mientras que la clase media tendrá que cubrir el grueso de los nuevos impuestos”, indicó Mendoza.
Con la iniciativa, el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal, aumentando la recaudación en al menos ¢400 mil millones.
Para lograrlo, la iniciativa crea un impuesto al valor agregado del 14% sobre los bienes y servicios, lo que vendría a sustituir el impuesto de ventas que hoy es de un 13%.
Ese gravamen tasará prácticamente todo, incluidos el agua, la electricidad y el alquiler de viviendas, por encima de ciertos límites.
Los productos de la canasta básica, eso sí, igual que los libros y las medicinas, quedaron exentos.
El plan fiscal introduce dos nuevos conceptos al impuesto de renta, como lo son la renta global y la renta mundial.
En ese sentido, se mantiene la tarifa general del 30% del impuesto sobre la renta de empresas, mientras que se gravará con una escala del 10% al 25% los salarios superiores a ¢685 mil.
Uno de los puntos que generaron más polémica, fue el gravamen del 15% a las nuevas empresas que se instalen bajo el régimen de zonas francas a partir de 2015.
“Durante la tramitación de este proyecto, los diputados han votado más de 24 mil veces, lo que significa que es el proyecto con más discusión en la historia de Costa Rica. Con este proyecto, pretendemos retener el gasto y al mismo tiempo, aumentar la recaudación”, indicó Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción de los verdiblancos.
La aprobación del plan fiscal en primer debate no fue bien vista ni por sindicatos, ni por grupos empresariales ayer.
“La introducción del cambio en las reglas del juego sobre impuestos a las empresas en zonas francas es una señal de inseguridad jurídica”, indica Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
En manos de Sala IV nuevos impuestos
Decisión de magistrados podría atrasarse hasta 18 mese
Después de más de un año de caminar por el filo de la navaja, el plan fiscal superó anoche su escollo inicial tras ser aprobado por los diputados en primer debate.
Sin embargo, todavía el Gobierno no puede respirar tranquilo por los nuevos impuestos que pretende, pues desde ayer, el aval final del controvertido proyecto de ley quedó en manos de la Sala IV.
El futuro aún incierto de la iniciativa fiscal se debe a que Luis Fishman, diputado de la Unidad Social Cristiana, reclamó ante los magistrados, una supuesta ilegalidad en el procedimiento utilizado para discutir el paquete tributario.
Si los magistrados declaran ilegal la forma como se discutió el proyecto, podría comenzar desde cero su trámite en el Congreso otra vez.
La incertidumbre para Laura Chinchilla, presidenta de la República, podría extenderse hasta casi el final de su mandato, pues Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, estimó que la acción de inconstitucionalidad de Fishman duraría en promedio 18 meses para ser resuelta, en el peor de los casos.
Mientras tanto, los diputados no pueden dar el segundo debate a ese proyecto.
Sin embargo, esto no es definitivo pues en el mejor de los panoramas para el Gobierno, los magistrados podrían unir la consulta facultativa habitual de los diputados tras la aprobación del proyecto de ley, con el reclamo del socialcristiano y resolver en un plazo no mayor a un mes, reconoció el propio Fishman ayer.
El plan fiscal fue aprobado a las 7.50 p.m. con 31 votos de los diputados de Liberación Nacional, Restauración Nacional y la mayoría del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En ese sentido, Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, y Carmen Muñoz, rompieron la línea de fracción rojiamarilla, la cual fue impuesta por Ottón Solís, líder y fundador del PAC.
El resto de las bancadas de oposición, en su totalidad, votaron en contra de los nuevos impuestos.
“No podemos avalar este paquete de impuestos, pues los ricos no están pagando lo que tienen que pagar, mientras que la clase media tendrá que cubrir el grueso de los nuevos impuestos”, indicó Mendoza.
Con la iniciativa, el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal, aumentando la recaudación en al menos ¢400 mil millones.Para lograrlo, la iniciativa crea un impuesto al valor agregado del 14% sobre los bienes y servicios, lo que vendría a sustituir el impuesto de ventas que hoy es de un 13%.
Ese gravamen tasará prácticamente todo, incluidos el agua, la electricidad y el alquiler de viviendas, por encima de ciertos límites.
Los productos de la canasta básica, eso sí, igual que los libros y las medicinas, quedaron exentos.
El plan fiscal introduce dos nuevos conceptos al impuesto de renta, como lo son la renta global y la renta mundial.
En ese sentido, se mantiene la tarifa general del 30% del impuesto sobre la renta de empresas, mientras que se gravará con una escala del 10% al 25% los salarios superiores a ¢685 mil.
Uno de los puntos que generaron más polémica, fue el gravamen del 15% a las nuevas empresas que se instalen bajo el régimen de zonas francas a partir de 2015.
“Durante la tramitación de este proyecto, los diputados han votado más de 24 mil veces, lo que significa que es el proyecto con más discusión en la historia de Costa Rica. Con este proyecto, pretendemos retener el gasto y al mismo tiempo, aumentar la recaudación”, indicó Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción de los verdiblancos.
La aprobación del plan fiscal en primer debate no fue bien vista ni por sindicatos, ni por grupos empresariales ayer.
“La introducción del cambio en las reglas del juego sobre impuestos a las empresas en zonas francas es una señal de inseguridad jurídica”, indica Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net