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El altísimo porcentaje de evasión fiscal que tenemos puede bajarse considerablemente si existe la voluntad para enmendarlo: los contribuyentes dejando de evadir y el Gobierno aumentando los recursos y la tecnología para atacar el problema


En guerra avisada no muere soldado

Mientras se dedican días a interminables interrogatorios a las más altas autoridades del Gobierno, en la Asamblea Legislativa, para intentar esclarecer un supuesto caso de corrupción, otros temas que urge atender están aún en lo que parece ser una angustiosa lista de espera.
Una lista que, por cierto, tiene ciertas similitudes —guardando todas las diferencias— con las que deben lidiar los enfermos en Costa Rica para recibir atención médica del Seguro Social.
Uno de esos temas es el de la advertencia hecha por Fitch Ratings acerca del riesgo que tiene el país de perder la calificación actual (BB+), si no se logra poner en práctica una estrategia para corregir el actual desequilibrio fiscal.
Al igual que los enfermos empeoran o mueren debido a las listas de espera, el país podría enfermar seriamente si el desequilibrio fiscal permanece y crece.
Lograr una solución a esto requeriría un acuerdo público - privado en el que prevaleciera una clara conciencia de que seguir en la peligrosa cuesta abajo a que fue impulsado el país cuando se decidió adquirir deuda externa en la anterior administración, en vez de bajar el gasto público, perjudica a todos.
Es un perder-perder, sin duda.
Hacer una reforma fiscal implica poner a los diputados de acuerdo en nuestro Congreso. Esto podría ser, de nuevo, una interminable lista de espera.
No obstante, si se llega a un acuerdo público - privado es posible tomar ciertas acciones inmediatas, que no requieren trámite legislativo, aunque este deba darse también, de todos modos, y para una reforma fiscal profunda, pero al ritmo que ya sabemos.
Por ejemplo, el altísimo porcentaje de evasión fiscal que tenemos puede bajarse considerablemente si existe la voluntad para enmendarlo.
Esto se logra si los contribuyentes dejan de evadir (lo cual es, además, competencia desleal con respecto a los que sí actúan en el marco de la ley) y el Gobierno aumenta los recursos y la tecnología para atacar el problema.
Un control del comercio ilegal y el contrabando requiere fuertes acciones realizadas con el respaldo de un gran acuerdo nacional en ese sentido para evitar la bancarrota.
Las empresas privadas pueden contribuir a establecer estrategias para esto.
Por otro lado, el sector público debe comprender que en épocas de crisis económica no se puede pedir que sea solo el sector privado el que cargue en sus hombros la cruz.
No más viajes y asesorías innecesarias, para nombrar solo los dos factores más visibles de la fuga de dinero público que ocurre.
 

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