En derecho a la defensa de elegir
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¿Es justo que la atención de estas personas se postergue por un déficit de profesionales, provocado por una incongruencia entre el tiempo que requiere la formación y las nuevas necesidades de la sociedad?

En derecho a la defensa de elegir

En los regímenes totalitarios, las personas están predestinadas a cumplir la labor asignada por los altos mandos. No hay espacio para la elección, ni derecho a esforzarse por una posición en una tarea que genere satisfacción.
Costa Rica está lejos de tener un sistema de este tipo, pero desde hace varios años se defienden algunas limitaciones que impiden a las universidades formar especialistas médicos por convenios entre la Caja y los centros de estudios del Estado.


El binomio conformado por la Caja y la Universidad de Costa Rica es generador de pasiones, porque tiene férreos defensores y opositores.
La defensa es el principio de calidad y excelencia que debe mediar en la preparación de los profesionales que atenderán la salud de la población.
Este medio coincide completamente con el principio de certificación de la calidad recibida por los médicos, y que la salud pública merece atenciones y cuidados especiales.
También, es reconocida en el ámbito mundial la calidad de la formación brindada por la UCR a los estudiantes que fueron formados en las aulas de dicho centro educativo.
No en vano, los indicadores en salud posicionan a Costa Rica como una nación privilegiada por la calidad del sistema médico, tanto público como privado.
Sin embargo, esta fórmula de binomio es incongruente con la visión de desarrollo país. Es cierto que funcionó, pero las necesidades y el contexto del país exigen también un cambio.
De la misma manera en que la UCR responde a la fiscalización del Sistema Nacional de Educación Superior (Sinaes), el resto de universidades privadas pueden ser calificadas con las mismas reglas.
En caso de cumplir, no debiera existir ninguna restricción para que otro centro de estudios forme profesionales en las ciencias de la salud.
La realidad es que, a marzo de este año, 145 mil asegurados hacían fila, a la espera de ser atendidos por un especialista.
¿Es justo que la atención de estas personas se postergue por un déficit de profesionales, provocado por una incongruencia entre el tiempo que requiere la formación y las nuevas necesidades de la sociedad?
La misma UCR ha recibido críticas por parte de las auditorías internas de la Caja, como en 2013 cuando LA REPÚBLICA hizo público una de ellas, que advertía de deficiencias en el proceso de formación.
Este mismo sistema puede funcionar con los centros privados y, si incumplen, impedirles la participación en el mercado.
O bien, el Colegio de Médicos puede imitar el camino seguido por el Colegio de Abogados, para evaluar la calidad del profesional graduado; eso sí, con las mismas reglas para los egresados del sistema público y del privado.
La Sala Constitucional ordenó a la Caja para que colabore con las universidades privadas en la formación de especialistas médicos. Es probable que exista cierta oposición, entendible por lo mucho que dio la UCR en esta materia.
Empero, no se puede crear una burbuja aplicable a las especialidades médicas, que, a la larga, beneficia a los pocos especialistas al cotizarlos, mientras el tiempo de atención de los asegurados está en juego.


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