En defensa del poder adquisitivo de los salarios
| Martes 15 abril, 2008
En defensa del poder adquisitivo de los salarios
Velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios debe ser responsabilidad número uno de todo gobernante y de quienes temporalmente ocupamos cargos de responsabilidad política en el país.
El salario representa la principal, y generalmente única fuente de ingresos de la mayoría de los costarricenses, para adquirir bienes y servicios fundamentales para la subsistencia, y ese derecho hay que mantenerlo por encima de cualquier circunstancia.
Cotidianamente escuchamos a muchísimas amas de casa, y también hombres que se ocupan de los quehaceres domésticos “quejarse” porque la plata no alcanza para comprar lo que se consume diariamente. Y esa queja está plenamente fundamentada.
Recientes datos del Banco Central dan cuenta que, en los primeros dos meses de 2008, el porcentaje de inflación se elevó al 1,85% con relación a diciembre de 2007; es decir, por ese camino no se cumplirán las expectativas del Central, en el sentido de llegar a diciembre con una inflación de un dígito.
Una vez más, Costa Rica aparece en los primeros lugares del continente por el alto índice de su inflación, y eso no es, ni más ni menos, que un creciente costo de la vida.
El aumento sostenido en el precio de los combustibles se levanta como principal factor de inflación, además de otras razones nacionales e internacionales, pero esos son fenómenos que afectan a todo el mundo, solo que aquí cobran dimensiones más groseras para el consumidor.
Un estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) da cuenta que entre 2004 y 2005, el salario real, es decir, el poder adquisitivo de ese salario, disminuyó en un 9,5%, y no se han generado acciones que compensen tan sensible pérdida.
En la misma dirección se mueven estudios realizados por el Programa Estado de la Nación, el Indice de Salario Mínimo Real y las mediciones periódicas que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Es decir, la queja ciudadana está plenamente fundamentada y de lo que se trata es de actuar en defensa del consumidor y de su salario.
Es en ese espíritu que recientemente presenté a la corriente legislativa dos proyectos ley, uno para reformar el artículo 163 del Código de Trabajo y el otro es una adición al artículo 57 de la Constitución Política.
Dice la reforma al 163 que “los salarios deberán ser objeto de revisión periódica, al menos dos veces por año, con el fin de compensar la pérdida de su poder adquisitivo, de acuerdo con los índices de precios oficiales calculados por el órgano institucional respectivo”.
Pero advierte que cuando los índices de inflación sobrepasen para el primer y tercer trimestre la cuarta parte de la proyección establecida anualmente en esa materia por el Banco Central, se realizará un ajuste automático de salarios en la cantidad justa y retroactiva, durante el mes siguiente a la finalización del trimestre respectivo.
Eso significa que no habrá que esperar la finalización de cada semestre, como ocurre actualmente, para hacer los reajustes necesarios en caso de inflaciones extraordinarias que superen las previsiones del Banco Central.
La reforma constitucional, estrechamente ligada a la reforma al Código de Trabajo, determina que el Estado garantizará, al menos, el poder adquisitivo de los salarios, de acuerdo con lo que determine el Indice Oficial de Precios en cuanto a compensación mínima anual aplicable en materia salarial.
Esto significa que, en materia de costo de vida, la Constitución obliga al Estado a actuar de inmediato para compensar pérdidas del poder adquisitivo de los salarios y, de no hacerlo, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede plantear un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, y hacer que el Estado cumpla con lo que le impone la Constitución.
El país está en capacidad de generar mayor justicia social, en la búsqueda de una sociedad realmente equitativa y solidaria. Garantizar legal y constitucionalmente el derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios ayuda a lograr esos propósitos y contribuye a la paz social.
José Luis Vásquez Mora
Diputado
Velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios debe ser responsabilidad número uno de todo gobernante y de quienes temporalmente ocupamos cargos de responsabilidad política en el país.
El salario representa la principal, y generalmente única fuente de ingresos de la mayoría de los costarricenses, para adquirir bienes y servicios fundamentales para la subsistencia, y ese derecho hay que mantenerlo por encima de cualquier circunstancia.
Cotidianamente escuchamos a muchísimas amas de casa, y también hombres que se ocupan de los quehaceres domésticos “quejarse” porque la plata no alcanza para comprar lo que se consume diariamente. Y esa queja está plenamente fundamentada.
Recientes datos del Banco Central dan cuenta que, en los primeros dos meses de 2008, el porcentaje de inflación se elevó al 1,85% con relación a diciembre de 2007; es decir, por ese camino no se cumplirán las expectativas del Central, en el sentido de llegar a diciembre con una inflación de un dígito.
Una vez más, Costa Rica aparece en los primeros lugares del continente por el alto índice de su inflación, y eso no es, ni más ni menos, que un creciente costo de la vida.
El aumento sostenido en el precio de los combustibles se levanta como principal factor de inflación, además de otras razones nacionales e internacionales, pero esos son fenómenos que afectan a todo el mundo, solo que aquí cobran dimensiones más groseras para el consumidor.
Un estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) da cuenta que entre 2004 y 2005, el salario real, es decir, el poder adquisitivo de ese salario, disminuyó en un 9,5%, y no se han generado acciones que compensen tan sensible pérdida.
En la misma dirección se mueven estudios realizados por el Programa Estado de la Nación, el Indice de Salario Mínimo Real y las mediciones periódicas que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Es decir, la queja ciudadana está plenamente fundamentada y de lo que se trata es de actuar en defensa del consumidor y de su salario.
Es en ese espíritu que recientemente presenté a la corriente legislativa dos proyectos ley, uno para reformar el artículo 163 del Código de Trabajo y el otro es una adición al artículo 57 de la Constitución Política.
Dice la reforma al 163 que “los salarios deberán ser objeto de revisión periódica, al menos dos veces por año, con el fin de compensar la pérdida de su poder adquisitivo, de acuerdo con los índices de precios oficiales calculados por el órgano institucional respectivo”.
Pero advierte que cuando los índices de inflación sobrepasen para el primer y tercer trimestre la cuarta parte de la proyección establecida anualmente en esa materia por el Banco Central, se realizará un ajuste automático de salarios en la cantidad justa y retroactiva, durante el mes siguiente a la finalización del trimestre respectivo.
Eso significa que no habrá que esperar la finalización de cada semestre, como ocurre actualmente, para hacer los reajustes necesarios en caso de inflaciones extraordinarias que superen las previsiones del Banco Central.
La reforma constitucional, estrechamente ligada a la reforma al Código de Trabajo, determina que el Estado garantizará, al menos, el poder adquisitivo de los salarios, de acuerdo con lo que determine el Indice Oficial de Precios en cuanto a compensación mínima anual aplicable en materia salarial.
Esto significa que, en materia de costo de vida, la Constitución obliga al Estado a actuar de inmediato para compensar pérdidas del poder adquisitivo de los salarios y, de no hacerlo, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede plantear un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, y hacer que el Estado cumpla con lo que le impone la Constitución.
El país está en capacidad de generar mayor justicia social, en la búsqueda de una sociedad realmente equitativa y solidaria. Garantizar legal y constitucionalmente el derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios ayuda a lograr esos propósitos y contribuye a la paz social.
José Luis Vásquez Mora
Diputado