Los empresarios celebraron la aprobación de una serie de mociones que se incorporaron a la reforma fiscal y vienen a ponerles freno a los pluses salariales; sin embargo, piden más acciones.

El problema no disminuirá en un alto porcentaje con medidas cosméticas sino que el sector privado solicita privatizar instituciones que han sido ineficientes y ponerle freno a otros privilegios como las convenciones colectivas.

Para los industriales y comerciantes, las acciones promovidas por Ottón Solís, diputado oficialista, van en la línea correcta, porque han repetido innumerables veces que la solución al abultado déficit fiscal debe ir en dos vertientes: reducción del gasto público y aumento a los impuestos y no solo este último.

Entre los principales cambios sobresalen limitar las anualidades al 1,94% del salario base, este beneficio lo reciben los trabajadores públicos por cada año laborado, y en algunos casos llega hasta el 7%.

Además, cobrar un impuesto de renta del 20% a los salarios que oscilen entre ¢2,1 millones y ¢4,2 millones, y uno del 25% a los que superen los ¢4,2 millones, en la actualidad, esos salarios pagan el 15%; también poner un tope a la pensión de los expresidentes.

Reacciones

Los representantes de la diferentes cámaras solicitaron más medidas

Mario Montero
Director ejecutivo
Cámara Industria Alimentaria

Las medidas son muy laxas, están haciendo el ridículo, lo que nos preocupa demasiado es el golpe al sector productivo y a las familias más pobres, ya que la incorporación del IVA provocará un alza.

Juan Rafael Lizano
Presidente
Cámara de Agricultura y Agroindustria

No es suficiente con las medidas tomadas, se le debe entrar al fondo del asunto y disminuir el gasto en las instituciones públicas, incluso cerrar algunas que ya no están sirviendo.

Francisco Gamboa
Director ejecutivo
Cámara de Industrias

Estamos de acuerdo con las medidas porque son un primer paso, pero deben ser más integrales y que se ataque al gasto, pero también los ingresos.

Alonso Elizondo
Director ejecutivo
Cámara de Comercio

La Cámara considera que se deben revisar y ajustar los pluses salariales del sector público y que el gasto asignado a todas las instituciones y salarios debe responder a criterios de eficiencia en la función pública para que seamos un sector público más competitivo.