Pedro Oller

Pedro Oller

Enviar
Martes 17 Marzo, 2015

Muchos desconocíamos del convenio de Ad Astra con Recope, para valorar la viabilidad de un sistema de transporte basado en hidrógeno en Costa Rica


Emprender sin energía

La sorpresiva ruptura del convenio entre Ad Astra y Recope es un ejemplo que debe valorarse más allá de las implicaciones que tiene para las dos partes. La decisión tomada por la empresa del Dr. Franklin Chang y denunciada por este hace unos días provoca, como bien decía ayer en estas páginas Iris Zamora, más dudas que certeza.
Muchos desconocíamos del convenio que data, según pude comprobar por una información de hecho relevante de la empresa Ad Astra, del año 2010 y que tiene por objeto valorar la viabilidad de un sistema de transporte basado en el hidrógeno en Costa Rica.
Lo desconocíamos porque a pesar de la trascendencia del proyecto, el esfuerzo de comunicación fue deficiente.
Ad Astra también dejó saber en 2012 y en 2014 mediante comunicados, el desarrollo del proyecto y la suscripción de acuerdos adicionales. En 2012 convino con Recope el aporte de $1.4mm por parte de este último para que la empresa desarrollara la implementación de un sistema de almacenamiento de hidrógeno. En 2014, informa de un convenio adicional con Recope por $400mil correspondiente a la siguiente etapa del proyecto.
En el caso de Recope, no encontré comunicación alguna respecto de este asunto si no hasta la denuncia del Dr. Chang Díaz y Ad Astra en prensa. En sendos comunicados de prensa, la institución aclara (1) que se trata de una decisión unilateral de Ad Astra, (2) que la Contraloría emitió un informe respecto de “la incursión de Recope en áreas no incluidas en el marco legal que la regula”, (3) que Ad Astra es un “actor preponderante” para apoyar al gobierno a desarrollar una nueva política energética, (4) la anuencia de Recope por incursionar en fuentes alternas de energía y (5) que debe esperar a conocer el criterio de la Procuraduría.
O sea que la duda venció a la razón. Recope prefirió poner en suspenso un proyecto que tiene 5 años y varios miles de Dólares en ejecución y desarrollo, a responder —como tiene la obligación de hacer— un informe de la Contraloría con argumentos y con hechos constatables.
En entrevista con ADN, el Dr. Chang Díaz declaraba que “el engranaje costarricense está un poco oxidado, tiene muchas trabas, le falta aceite entonces los engranajes no se mueven bien. Cuesta mucho. No es bueno echarle la culpa a nadie si no que nos demos cuenta que debemos reformar un poco la manera en que nosotros procedemos”.
Esta es nuestra triste realidad y en lugar de hacer algo para resolverla, lo cierto es que cada vez complicamos más nuestra competitividad desatendiendo el costo que implica estar y hacer en nuestro país.
Costa Rica se debe plantear, en este y muchos casos más, si la regulación del Estado en sus actividades económicas, si el sistema que impacta el emprendimiento privado y su confluencia, no son más que anacrónicas manifestaciones de nuestros miedos y desconfianzas.
En nada contribuyen para fomentar el desarrollo o disuadir la corrupción como ha quedado claro, solo para entrabar innecesariamente el esfuerzo de los ciudadanos. Sus consecuencias se sienten ya con la salida de empresas importantes, el creciente desempleo e informalidad y la pérdida de atractivo de nuestro país para nacionales y extranjeros. Así es muy difícil.

Pedro Oller