Empleo pagado para las mujeres es gran reto y oportunidad

La discriminación que por milenios han sufrido las mujeres en la vida en familia y en sociedad se da tanto en su acceso al poder como en lo referente a sus actividades económicas.

Con los gobiernos liberales de las últimas décadas del siglo XIX en Costa Rica se reconoce a las mujeres sus derechos civiles, pero, a pesar de intentos que se dan desde ese siglo XIX, el voto no lo logran conquistar sino hasta a la constitución de 1949.

Después de ese hito, en la práctica política la discriminación de facto se mantuvo vigente sin mayores cambios las siguientes cuatro décadas, con limitada participación de algunas muy excepcionales mujeres en ministerios y en diputaciones.

La situación de la mujer con relación al poder político tiene importantes avances en las últimas décadas con la Ley de Igualdad Real de la Mujer debida a la iniciativa de la Primera Dama doña Margarita Penón; con las cuotas de participación en órganos partidarios y en las papeletas de puestos de elección popular, con la Ministra de la Condición de la Mujer, y con las oficinas de la Mujer en Instituciones Públicas y Municipalidades que me honra reconocer se debieron en mucho al empuje constructivo de Lorena en el PUSC; y con la paridad vertical y horizontal.

También las mujeres han logrado muy importantes avances en su participación en la academia, y Costa Rica se ha distinguido por la alta escolaridad de mujeres en la enseñanza primaria y secundaria.

Claro que en todos los campos queda mucho por recorrer, pero el camino por delante es más largo y empinado en cuanto a la participación de la mujer en la actividad productiva remunerada.

En empleo, en informalidad, en ingresos, en salarios menores por trabajos iguales a los de los hombres en el sector privado y en altas posiciones ejecutivas en el mundo empresarial la discriminación contra las mujeres sigue siendo muy fuerte.

Ya antes de que sufriéramos la covid-19 en el trimestre terminado en febrero 2020 el desempleo que entre los hombres era de 9,1%, en las mujeres era mucho mayor, 16,7%; en el último trimestre de 2019 la informalidad en los hombres era de 45,3% y en las mujeres de 48,4% (la informalidad solo la reporta INEC al final de cada uno de los cuatro trimestres del año). En setiembre de 2010 el salario de mujeres era un 17,1% menor al de los hombres. Fue mejorando poco a poco en los años siguientes y el promedio de salario de las mujeres es inferior al de los hombres en 9% de setiembre 2010 a julio 2021. En febrero 2020 el salario promedio de los hombres era de ₡ 470.407, mientras el de las mujeres era inferior en un 6,3% pues era de ₡ 440.816.

La Encuesta de Hogares nos muestra que las mujeres sufren desde antes de la pandemia en una mayor proporción la pobreza y la pobreza extrema. Según el II Informe sobre brechas financieras entre hombres y mujeres de INAMU, las Superintendencias y el Sistema de Banca para el Desarrollo, aunque ha habido progreso, las mujeres tienen menor acceso al crédito que son por menores montos promedios y mantienen menos recursos en el sistema financiero. Salvo en los regímenes del magisterio, hay menos pensionadas mujeres que hombres en todos los otros regímenes de pensiones y menores pensiones. Según datos de la OIT al año 2015, el porcentaje de personas cotizantes en relación con las personas ocupadas para Costa Rica es de un 72,9% para los hombres y un 60,4% para las mujeres. En cuanto a seguros, una proporción sensiblemente menor de mujeres que de hombres tienen seguro voluntario para sus automóviles.

Esas discriminaciones que sufren las mujeres se afectan por la pandemia.

El mayor golpe del covid-19 al empleo se dio en julio 2020: un 15,7% de los puestos ocupados por hombres desaparecieron, el impacto en las mujeres fue mucho mayor, se perdieron un 24,2% de sus empleos. Se ha recuperado muy parcialmente las ocupaciones perdidas, y la restitución ha sido menor para las mujeres. En julio 2021 la pérdida remanente de puestos para los hombres respecto a febrero 2020 era de 7,5%, mientras que para las mujeres era de 14,4%.

Nuestro mayor reto social es la creación de empleo, y por sus muy favorables efectos en justicia y en producción se debe privilegiar las políticas que fomenten la creación de puestos formales para mujeres.

La tasa de ocupación de las mujeres en el trabajo pagado (mujeres ocupadas con relación a mujeres mayores de 15 años trabajando o buscando trabajo) ha sido baja en Costa Rica incluso en relación con América Latina. Con la pandemia cayó y es de solo un 37%. Este es un gran reto y una gran oportunidad. La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado es nuestro segundo bono demográfico que puede incrementar aceleradamente la producción, el ingreso de los hogares y los recursos de la seguridad social.

Pero para materializarlo se requiere de importantes cambios.

En promedio, las mujeres dedican 35:49 horas semanales a tareas del hogar y de la crianza de los hijos, mientras que los hombres dedican únicamente 13:42 horas a la semana. Un resultado de esta injusticia es que un 28,8% de las mujeres no buscaron trabajo debido a que tienen obligaciones familiares, comparado con un 1,3% de los hombres. (INEC 2028)

Además de las políticas generales de educación y capacitación para crear empleabilidad y de políticas de reactivación y modernización de nuestros sectores productivos tradicionales para generar mayor demanda por trabajadores formales a las que me he referido en esta columna (Urge generar empleos formales), para aprovechar este segundo bono demográfico se requieren otras acciones específicas:

1.- generar información para las mujeres sobre oportunidades laborales, lo que se podría llevar más directamente a las interesadas utilizando además de las oficinas del IMAS y de INAMU los EBAIS que son las unidas más descentralizadas con atención a las familias,

2.- Promover una equitativa dedicación de los hombres a las tareas hogareñas y aumentar considerablemente la capacidad de las diversas modalidades para atender a los niños fuera del hogar extendiendo la Red de Cuido con CEN-CINAE, y

3.- luchar contra barreras discriminatorias que atentan contra el trabajo formal de las mujeres.

La justicia y la producción nos llaman a actuar en este campo con determinación.