Hoy tenemos una de las peores infraestructuras de transporte del mundo. ¿A qué se podrá deber semejante desatino?

¿Emergencia nacional?

A pesar de que la construcción de obra pública es primordial para reactivar las economías y aumentar el empleo, Costa Rica no avanza en esta área y hoy tenemos una de las peores infraestructuras de transporte del mundo.
¿A qué se podrá deber semejante desatino? Algunas razones pueden ser las siguientes:
Concesión de obra: Aunque tenemos carreteras y puertos en pésimas condiciones, nos empecinamos en satanizar la figura de la concesión de obra pública. Gracias a la concesión (o figuras similares) contamos con excepciones de calidad como la ruta 27, los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, y el puerto de Caldera.
Expropiaciones: Por años ha sido casi imposible tomar posesión de los terrenos expropiados para construir obra pública. Se estima que en Costa Rica se debe esperar hasta cuatro años desde el anuncio de nuevos proyectos de este tipo hasta iniciar su ejecución. En otros países vecinos, como el resto de América Central y Colombia, eso ocurre en tres meses, ya que el propietario sigue en posesión del bien mientras la disputa se resuelve.
Sin embargo, el proceso podrá acelerarse con la reciente aprobación de una reforma a la Ley de Expropiaciones, que permite al Estado ocupar los terrenos de su interés 15 días después de depositar el monto del avalúo a los dueños. En el caso de expropiación de viviendas, los propietarios tendrán dos meses para desalojarlas, antes de que el Estado entre en posesión de estas.
Oposición irresponsable: En no pocos casos, grupos de interés irresponsables se oponen a proyectos de desarrollo nacional. El mejor ejemplo es el atraso de dos años y duplicación del costo en la construcción del muelle granelero en puerto Caldera, a causa de las acciones judiciales presentadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos, alegando que un nuevo muelle ahí “amenaza el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente balanceado”.
Igualmente, los que siempre se oponen a todo están en contra de la terminal de contenedores, la carretera a San Ramón, la ruta 27, y muchos otros proyectos. ¿Las consecuencias que enfrentan esas entidades o personas al oponerse? Lamentablemente, ninguna.
Mala gestión: Más del 80% de las carreteras del país están bajo administración municipal. ¿Tienen esas entidades capacidad de gestión de esos proyectos? En muchos casos no y esto causa que, por temor o desconocimiento, se atrasen o rechacen los permisos.
El mal estado de nuestras carreteras y puertos es deplorable, pasando una alta factura a nuestra competitividad y aumentando la inflación.
Es triste ver desarrollos inmobiliarios o turísticos de millones de dólares en Nosara, Pinilla, Tamarindo, Guiones y Santa Teresa, a los que se llega por carreteras destrozadas, de lastre, casi sin mantenimiento.
Además, esta incapacidad estatal y el mal estado o ausencia de infraestructura vial, coadyuvan en muertes y accidentes más que evitables.
Toda una emergencia nacional.

David Gutiérrez

davgutswa@gmail.com

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