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Sábado, 19 de octubre de 2019



COLUMNISTAS


Elementos del mercado de transporte de personas previo a su regulación

Analistas Ecoanálisis [email protected] | Martes 01 octubre, 2019


Eco del Mercado


Departamento Económico, Ecoanálisis


El mercado de transporte de personas en Costa Rica ha cambiado significativamente en los últimos años, y todos los actores involucrados han actuado de distinta manera ante esta situación.

Como es bien sabido, en el pasado este servicio era dominado por las concesiones estatales de taxis, quienes circulaban basados en la legislación existente. No se estaba exento en esos momentos de las tensiones, principalmente por la participación de taxistas “piratas”, y del servicio de porteo. A pesar de esto, había un statu quo en el que las condiciones no vislumbraban las disputas actuales.

Hace poco más de un lustro todo cambió. La entrada en el país de la empresa Uber no fue anticipada correctamente por los demás participantes del mercado, ni por la legislación nacional. Evidentemente existían razones desde el punto de vista legal como para que se dieran los reclamos por parte de los taxistas “rojos”. Pero ese no es el tema a tratar en estos párrafos.

Las condiciones se prestaron para que se viera una suerte de experimento en este mercado durante los últimos años. Se ha tenido un incremento notorio en la cantidad de oferentes individuales, así como en la gama de servicios que se ofrecen alrededor de la actividad básica de transportar personas de un punto A a un punto B. Se pueden mencionar la variedad en medios de pago, la posibilidad de separar tarifas o de crear varias paradas, incluso, la evaluación del servicio, entre otros.

Todos estos detalles no deben pasar desapercibidos, pues se han convertido en el nuevo marco de referencia sobre el cual los demandantes del servicio esperan para cada movimiento, independientemente del proveedor, y es este precisamente el principal error que ha cometido una parte considerable del sector formal. Ha habido un tiempo relativamente prolongado para que estos actores estudiaran lo que ha estado ofreciendo esta competencia (desleal en muchos aspectos, pero competencia al fin), y adaptar lo que estaba al alcance. Es frecuente escuchar el malestar de los ciudadanos por elementos tan sencillos como el rechazo a viajes cortos, o alteraciones en las “marías” muy obvias, hasta temas de presentación personal. Correcciones de este tipo son determinantes, pues explican los gustos y preferencias de un público cada vez más sensible, y son de bajo costo para las empresas y los mismos taxistas.

Ahora bien, no todo lo que brilla es oro para Uber. Su boom inicial requirió de una gran cantidad de colaboradores, y este crecimiento ha implicado que cada uno de ellos tenga una mayor dificultad para generar sus ganancias, y vale decirlo, la calidad ha decaído en los detalles que se observaban en su prestación de servicio. Es preciso decir que estos actores tienen que preservar los principios que han hecho que su posición en el mercado haya crecido tanto, en un escenario en el que no se puede descartar la instalación de más competidores, y por qué no, de un resurgimiento del servicio de taxi “tradicional”.

Todo esto se ha observado en un escenario en el cual el gobierno no ha sabido responder a tiempo con una regulación balanceada, cediendo a presiones de gremios que no han podido (o querido) entender los cambios tecnológicos y sociales. En la corriente legislativa se archivó el proyecto de regulación presentado por el Ministerio de Obras Públicas, y se orientó un nuevo texto salido de la Comisión de Asuntos Económicos, con lo cual se podría dar un arranque definitivo al orden que se necesita en este mercado. Es necesario una revisión detallada y consciente de todas las partes, en donde se logre entender y permitir la dinámica particular de este tipo de servicio.

Hay mucho que se debe evaluar acerca de la situación que ha tenido el mercado, interesante desde el punto de vista teórico y del análisis económico, pero es más relevante la búsqueda de una solución con la menor afectación posible para un gran número de familias que dependen de estas actividades, y más en un contexto de desaceleración económica, en donde cada empleo cuenta.







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