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Escogencia de nuevo magistrado de Sala Constitucional se atrasará hasta el próximo año
Elección de Sala IV se complica
Supuesta intromisión de la Sala IV, la reforma a la ley de jurisdicción constitucional y la afinidad política, dificultan nombramiento

El evidente entrabamiento en la Asamblea Legislativa para lograr el acuerdo político necesario para nombrar al nuevo magistrado de la Sala Constitucional, deja al descubierto que hay mucho más en juego en los pasillos del parlamento que una simple designación.
Aunque en principio las bancadas acordaron un debate reglado hace una semana, con el objeto de solventar el tema en unas cuantas sesiones legislativas, lo cierto del caso es que ahora se prevé que no se resolverá hasta finales de enero o principios de febrero de 2011.
Y es que hay varios factores que los diputados no incluyeron en sus cálculos iniciales y que, al final, entrabaron la elección del magistrado.
La supuesta intromisión de la Sala IV en las potestades de otros poderes del Estado, el futuro de la reforma a la ley de jurisdicción constitucional, la dirección que tomará el país en materia de derechos constitucionales y la afinidad política del nuevo magistrado son los elementos que complicaron la designación, reconocen los propios congresistas.
“No se trata solo de un nombramiento. El debate sobre el traslape de las competencias de la Sala IV y el futuro de la reforma a la ley que cobija al máximo tribunal dependen de esta designación, ya que el nuevo magistrado deberá analizar estos temas. No podemos permitir que los magistrados de ese tribunal le sigan ordenando al Congreso qué debe hacer y en qué plazo”, dijo Danilo Cubero, jefe de fracción del Movimiento Libertario.
Durante 2010 varios fallos de la Sala Constitucional levantaron un gran revuelo; entre ellos, la prohibición al Gobierno de realizar retenes policiales, así como la orden al Congreso de modificar la Constitución Política y parte del reglamento de la Asamblea Legislativa, para incluir nuevas causales de pérdida de credencial para los legisladores.
El supuesto traslape de funciones del máximo tribunal en las atribuciones de otros poderes del Estado, fue una de las principales razones que los legisladores de varios partidos arguyeron después, para presentar una reforma a la ley de jurisdicción constitucional y de esta forma, limitar el poder de la Sala IV.
Otro aspecto que complica la elección es que cualquiera de los aspirantes al cargo, debe reunir el respaldo de 38 legisladores, lo que implica el acuerdo de al menos tres diferentes bancadas.
Se suponía que la semana pasada se llevaría a cabo la primera votación según un acuerdo de jefes de fracción; sin embargo, Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Asamblea Legislativa, obvió el pacto entre las bancadas y ahora asegura que la designación del magistrado no se hará hasta el próximo año porque no hay acuerdo político.
La independencia política también es otro elemento de vital importancia para designar al nuevo magistrado, razón por la cual la oposición vetó a Jorge Araya, principal candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), quien se desempeñó como viceministro de la Presidencia y de Gobernación durante la administración de José María Figueres (1994-1998).
“La independencia política más que un requisito es una exigencia para un aspirante a magistrado de la Sala IV. El PLN no tenía los votos necesarios para su aspirante y por eso, Villanueva rompió el acuerdo”, expresó Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
Esteban Arrieta
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