Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 12 Agosto, 2015

Si la Sala IV devolvió el proyecto ley (procesal laboral) a su estatus de mayo de 2013, procede resolver. No archivar

El vaso medio lleno


La reforma al Código de Trabajo, conocida como Procesal Laboral, es resistente como un virus de esos que a fuerza de inclemencias y anticuerpos, muta desarrollando capacidades adaptativas para no morir. Ciertamente el reciente fallo de la Sala IV que estableció la incorrección del procedimiento ejecutado por la presidenta Chinchilla en mayo de 2013 levantando parcialmente su propio veto de 2012, fue interpretado como la sentencia de defunción de la iniciativa. Para más, como hay hambre y ganas de comer, no faltaron las voces que corrieron a señalar que era mejorar apurar el entierro. Sin embargo, el análisis más pausado tras el primer impacto, permitió observar el horizonte con mayor claridad. Ese horizonte podría resumirse así: si los diputados hoy no pueden encontrar criterios de consenso para prácticamente ninguna iniciativa y menos aún para una polémica, lo sensato es que envíen el proyecto ley a la Sala IV para que esta determine la inconstitucionalidad o no de los artículos en duda; los que avalan las huelgas en servicios esenciales e inhiben la contratación de personal externo en esos casos.
Hay que entender que hasta ahora los magistrados han elaborado varias y muy interesantes argumentaciones sobre las facultades del Ejecutivo para objetar el texto legislativo en el contexto de plazos y procedimientos; pero no se han manifestado por el fondo. Es decir, los constitucionales no han evaluado la (in)viabilidad de las huelgas en servicios esenciales y la contratación foránea.
Lo anterior pareciera perfilar entonces una salida llana para que el Judicial resuelva el conflicto de intereses planteado entre los otros dos poderes del Estado de cara a un proyecto ley que fue aprobado en su momento con lujosa y concertada mayoría tras años de negociaciones para darle el necesario remozamiento a nuestro derruido aunque muy apreciado conjunto de normas laborales.
Sin embargo, sería muy ingenuo hacerse el tonto con la realidad. Si hay sectores que estiman que es mejor hacer borrón y cuenta nueva es porque en el fondo no quieren una reforma en los procedimientos de resolución de discriminaciones y conflictos en los que los trabajadores —como el eslabón más débil de la cadena— sufren en la relación con el patrono perjuicios de los que hoy son incapaces de defenderse (y de ser defendidos), una paradoja como muchas otras de nuestra convivencia, porque existiendo leyes que establecen esos derechos y hasta su irrenunciabilidad, ya enfrentados a casos puntuales y desgraciadamente cotidianos, no hay forma realista de hacerlos valer.
La asistencia legal gratuita, el amparo laboral, el aseguramiento de los derechos efectivos para la seguridad social, la oralidad de los hoy lentísimos procesos que devienen en enormes injusticias y la conciliación efectiva entre las partes, entre otras muchas normas remozadas del Código de Trabajo y el Código Procesal que contiene el proyecto ley aprobado en su día, deben ser rescatadas.
Si la Sala IV devolvió el proyecto ley a su estatus de mayo de 2013, procede resolver. No archivar. Que sería lo mismo que firmar la sentencia, no solo de la Procesal Laboral, sino de la incapacidad del Congreso para tomar acuerdos.
Los diputados tienen la palabra.

Vilma Ibarra