El Secreto Bancario y la Dignidad Nacional

TROTANDO MUNDOS

El Secreto Bancario y la Dignidad Nacional

En un “Summit” excepcionalmente grande y bueno de AMCHAM, los empresarios expusieron los retos de Costa Rica hacia delante. En primera fila colocaron a la OCDE. En torno a ésta su representante Pascal Saint-Amans había manifestado en La Nación del 7 de mayo anterior que el año pasado su organización incluyó a Costa Rica en la más oprobiosa lista negra de paraísos fiscales por “no haberse comprometido suficientemente en aplicar los estándares de transparencia y de intercambio de información en materia fiscal”.

Pero OJO, en el mismo artículo señala una verdad de Perogrullo: “Efectivamente, Costa Rica no es un paraíso fiscal”.

Sostiene Saint-Amans que el secreto bancario de este país no le permite “cooperar plenamente con otros países en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal”. Pero no dice que aunque nuestro país sí coopera, y mucho, lo que pretende la OCDE es que se elimine la intervención de un Juez en el proceso de levantamiento del secreto bancario. Ni la OCDE ni el señor Saint-Amans han aclarado porqué solo a Costa Rica castigaron cuando otros ocho ó nueve países de América Latina, además de INGLATERRA y CANADA (miembros estos últimos de ese exclusivo club), exigen la intervención de un Juez para levantar el secreto bancario.

Para llegar al fondo de este juego hay que leer una carta de la entonces Vice-Ministra de Hacienda a la OCDE de marzo del 2009 en la que se afirma que en Costa Rica hay acciones al portador, anatema en dicha organización. Nos cuesta creer que la Vice-Ministra no supiera que fueron eliminadas en la Administración Monge, hace casi tres décadas. Sin perjuicio del agenda que tuviera (sí es que es el de ella), esa afirmación nos costó la oprobiosa sanción de ese organismo al mes siguiente.

No dice Saint-Amans que esa carta embaucó a la OCDE a condenarnos y que cuando se dieron cuenta, nos pasaron a una lista gris porque, para salvar cara, no podían sacarnos de toda lista con una disculpa, como procedía. Como sí fuera poco, una nueva defensa de la ascendida a Ministra ante Francia, en diciembre del año pasado, nos ganó en febrero de este año el denigrante calificativo de Paraíso Fiscal, arruinando las posibilidades de varias inversiones francesas grandes que se estaban proyectando hacia el país.

Asegura Saint-Amans que solo hemos firmado un tratado de intercambio de información tributaria con Argentina, omitiendo olímpicamente que fuimos precursores de esos tratados en la América Latina cuando en 1984 suscribimos uno aún vigente con los Estados Unidos. Hasta donde sabemos, los jueces costarricenses jamás han rechazado una petición de información de Estados Unidos.

Ignoramos a que se debe que el Gobierno todavía no haya suscrito los otros diez tratados (once sí los parámetros del norteamericano ya no dan) que exige la OCDE. Eso, según afirma Saint-Amans, acabaría con esta ignominia.

Es sospechoso que un proyecto de ley para quitar de en medio al Juez, que algunos empresarios han dado en llamar “de doña Jenny”, cobija también a los costarricenses aunque, según Saint-Amans, “el secreto bancario es necesario” y lo único que la OCDE pretende es que no se aplique “en el caso concreto de solicitudes de asistencia internacional en materia fiscal”. Es decir, de pedidos de otros países.

Obviamente hay quien quiere meter a los costarricenses en el mismo saco, aunque la OCDE no lo pidió ni es necesario para que dejen de hostigarnos, mediante una amorfa reforma legal que convierte al Juez en un adorno. Mientras tanto, seguimos en esa oprobiosa lista y ya compañías costarricenses buscando proyectos de infraestructura en ese continente, han sufrido impedimentos para desenvolverse ante ciertos organismos internacionales en Europa.

Es hora de ponerse serios y deponer agendas ocultas: hay que negociar rápido los tratados de información tributaria que faltan, repitiendo el de Argentina. Y decirle a la OCDE que Costa Rica cumplió pero no está dispuesta a prescindir de la intervención tutelar del juez porque en este ejemplar país, democrático y respetuoso de las instituciones jurídicas, es en los tribunales de justicia donde se hacen valer los derechos de los individuos.

Sí aún así tuviéramos que complacer a la OCDE retirando la intervención del Juez en los pedidos extranjeros, esto no debe extenderse a los ciudadanos y residentes de Costa Rica, cuya seguridad física y jurídica no tiene porque ser puesta en peligro arbitrariamente.

Los paraísos fiscales más grandes del planeta- Estados Unidos, que no grava los depósitos bancarios de extranjeros, e Inglaterra, que como el primero tiene compañías y trusts exentos para extranjeros- ambos tipifican con sus beneficios a extranjeros el ringfencing que gravemente castiga la OCDE.

¿Cómo es que no figuran más que en su lista de membresía?

Con defensores así, mejor que “no nos defiendas, Compadre”.

Humberto Pacheco

vikocr@racsa.co.cr