EL PUERTO QUE MERECEMOS
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 01 septiembre, 2011
Editorial especial
EL PUERTO QUE MERECEMOS
El contrato inquieta, pero no hay otro
Sin embargo, es el acuerdo que merecemos, por la mala fama en cuanto a la inseguridad jurídica que tiene el país en los mercados mundiales, una responsabilidad que tenemos todos que compartir.
El costo del proyecto es exageradamente alto, y además, no estimula la competencia.
Se trata de un muelle de 1.500 metros, con la inversión de $992 millones de parte de la holandesa APM Terminals, que ganó la concesión para construir y operar el puerto de contenedores durante un lapso de 33 años.
En comparación, Colombia impulsa la construcción de una terminal multipropósito en Buenaventura, la cual medirá 100 metros más que la nueva de Moín, a un costo estimado en tan solo $365 millones.
A su vez, México está gestionando la construcción de una terminal en Manzanillo, que costaría $770 millones, pero que podrá atender 2 millones de contenedores al año el doble del volumen que atendería Moín.
Con respecto a la competencia, este medio siempre ha abogado por un arreglo que le permita al actual puerto de Moín retar en todos los aspectos a la nueva terminal, asegurando así que los usuarios y por ende el público cuenten con los precios más cómodos.
No obstante, el acuerdo que firmaron anteayer el Estado y APM, le da a la empresa el monopolio en el movimiento de los contenedores, dejando a Moín solamente la carga a granel.
Todavía no ha habido una explicación por parte del gobierno, que fijó las condiciones del contrato.
Habría tres supuestas razones que explicarían el alto costo del proyecto, así como la ausencia de la competencia. Una sería que hubo corrupción, sin embargo no hay ningún indicio de que algo indebido sucediera.
La segunda sería que los representantes del Estado hayan tenido poca capacidad de negociar. Por otro lado, es poco probable que ellos no hayan sabido de los acuerdos logrados en proyectos portuarios en otros países, sin embargo no se pudo obtener mejores condiciones.
Lo que queda es la explicación que dice que como pueblo costarricense debemos pagar el costo de ser un país indeciso.
La votación sumamente estrecha en el referéndum de 2007 sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos, señaló las profundas discrepancias entre distintos sectores de la población, las cuales permanecen todavía.
La fragmentación legislativa es otro indicador de la división que existe en el país.
Por un lado, están los liberales, que abogan por una economía más abierta, y que no confían en el sector público, que se percibe como esclerótico.
Por otro lado, hay quienes creen en la importancia del Estado, para garantizar los estándares mínimos para los sectores más necesitados.
Tenga la razón cualquiera de las partes, el efecto de esta división ha sido que en los últimos años, algunos gobiernos han incumplido con los contratos de varias empresas privadas, en los sectores de telecom, energía, minería y seguridad.
Ante esta incertidumbre, una forma de procurar que APM acepte hacer negocios con el Estado costarricense, sería la de pagar un premio por la indecisión nacional.
La otra opción era simplemente no firmar el contrato.
Pero, si este acuerdo hubiera fracasado, habrían pasado muchos años, antes de que el país cuente con instalaciones decentes en Moín, que ya es uno de los peores puertos del mundo, en lo que a eficiencia se refiere.
En este caso, para seguir adelante se debe aceptar la responsabilidad colectiva.
De ser bien manejada la operación, el acuerdo traería importantes beneficios.
Lo más básico de una moderna terminal de contenedores, es que permitirá que los grandes barcos utilicen el puerto.
La profundidad del agua en el actual muelle de Moín es poca. Solo pueden atracar allí los pequeños barcos.
Usualmente es más barato transportar la carga en un barco grande, que en muchos pequeños.
Además, el muelle de Moín solo tiene espacio para atender cinco buques a la vez, por eso casi siempre hay otros esperando atracar, a menudo hasta días enteros, lo que eleva los costos.
Quienes pagan el precio de estos atrasos son las empresas de exportación costarricenses, así como los consumidores.
En un principio, el nuevo puerto no será menos caro que el muelle actual, en términos de la tarifa cobrada por contenedor.
Pero dentro de unos pocos años, la eficacia de las nuevas instalaciones debería hacerlas competitivas.
Sin duda, el acuerdo es duro para varias bananeras, que pagan un costo bajo por utilizar el actual muelle de Moín, dado que aprovechan sus propias grúas, así como otros equipos.
Bajo el nuevo contrato, esas empresas tendrían que pagar la misma tarifa que los demás usuarios, para mover su carga en contenedores.
Sin embargo, ningún arreglo puede satisfacer a todos.
En términos de capacidad, la empresa que construirá y operará la terminal es de clase mundial.
APM Terminals, con sede en los Países Bajos, cuenta con operaciones en 62 países.
El dueño de APM, Grupo Maersk de Dinamarca, es la mayor compañía mundial de transporte marítimo de contenedores.
Al darse cuenta de una eficiente operación portuaria, manejada por una empresa líder, en conjunto con muchos talentosos costarricenses, otros inversionistas del mundo verían a Costa Rica como un lugar atractivo para hacer negocios.
Además, el nuevo puerto sería el primer paso en el proceso de mejorar las condiciones de Limón.
El proyecto implica una reducción en la fuerza laboral, que opera el actual muelle de Moín, en el cual transitaría poca carga, una vez que opere la nueva terminal.
Por otro lado, el Estado está dispuesto a pagarle a cualquier trabajador actual dos años de salario, por encima de la cesantía normal, por renunciar, de manera que esa persona cuente con adecuados recursos, para encontrar otro camino productivo.
Además, una terminal moderna de contenedores ofrecerá a los limonenses puestos de trabajo en una variedad de áreas, desde la operación y mantenimiento de los equipos hasta la computación, desde la seguridad hasta la logística mundial.
Otro aspecto crucial del nuevo puerto, es que jugaría un papel importante en la reactivación de Limón.
Una vez que el proyecto de la terminal arranque, Costa Rica podrá planear un sobresaliente puerto de cruceros.
Unas instalaciones modernas y atractivas proporcionarían un gran impulso al turismo en la zona de Limón.
Si bien, Moín mueve el 80% de la carga, lo que entra y sale del país cada año, Limón es una de las provincias más pobres de Costa Rica.
El acuerdo con APM está lejos de ser perfecto.
Sin embargo, es el puerto que merece Costa Rica.
EL PUERTO QUE MERECEMOS
El contrato inquieta, pero no hay otro
Sin embargo, es el acuerdo que merecemos, por la mala fama en cuanto a la inseguridad jurídica que tiene el país en los mercados mundiales, una responsabilidad que tenemos todos que compartir.
El costo del proyecto es exageradamente alto, y además, no estimula la competencia.
Se trata de un muelle de 1.500 metros, con la inversión de $992 millones de parte de la holandesa APM Terminals, que ganó la concesión para construir y operar el puerto de contenedores durante un lapso de 33 años.
En comparación, Colombia impulsa la construcción de una terminal multipropósito en Buenaventura, la cual medirá 100 metros más que la nueva de Moín, a un costo estimado en tan solo $365 millones.
A su vez, México está gestionando la construcción de una terminal en Manzanillo, que costaría $770 millones, pero que podrá atender 2 millones de contenedores al año el doble del volumen que atendería Moín.
Con respecto a la competencia, este medio siempre ha abogado por un arreglo que le permita al actual puerto de Moín retar en todos los aspectos a la nueva terminal, asegurando así que los usuarios y por ende el público cuenten con los precios más cómodos.
No obstante, el acuerdo que firmaron anteayer el Estado y APM, le da a la empresa el monopolio en el movimiento de los contenedores, dejando a Moín solamente la carga a granel.
Todavía no ha habido una explicación por parte del gobierno, que fijó las condiciones del contrato.
Habría tres supuestas razones que explicarían el alto costo del proyecto, así como la ausencia de la competencia. Una sería que hubo corrupción, sin embargo no hay ningún indicio de que algo indebido sucediera.
La segunda sería que los representantes del Estado hayan tenido poca capacidad de negociar. Por otro lado, es poco probable que ellos no hayan sabido de los acuerdos logrados en proyectos portuarios en otros países, sin embargo no se pudo obtener mejores condiciones.
Lo que queda es la explicación que dice que como pueblo costarricense debemos pagar el costo de ser un país indeciso.
La votación sumamente estrecha en el referéndum de 2007 sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos, señaló las profundas discrepancias entre distintos sectores de la población, las cuales permanecen todavía.
La fragmentación legislativa es otro indicador de la división que existe en el país.
Por un lado, están los liberales, que abogan por una economía más abierta, y que no confían en el sector público, que se percibe como esclerótico.
Por otro lado, hay quienes creen en la importancia del Estado, para garantizar los estándares mínimos para los sectores más necesitados.
Tenga la razón cualquiera de las partes, el efecto de esta división ha sido que en los últimos años, algunos gobiernos han incumplido con los contratos de varias empresas privadas, en los sectores de telecom, energía, minería y seguridad.
Ante esta incertidumbre, una forma de procurar que APM acepte hacer negocios con el Estado costarricense, sería la de pagar un premio por la indecisión nacional.
La otra opción era simplemente no firmar el contrato.
Pero, si este acuerdo hubiera fracasado, habrían pasado muchos años, antes de que el país cuente con instalaciones decentes en Moín, que ya es uno de los peores puertos del mundo, en lo que a eficiencia se refiere.
En este caso, para seguir adelante se debe aceptar la responsabilidad colectiva.
De ser bien manejada la operación, el acuerdo traería importantes beneficios.
Lo más básico de una moderna terminal de contenedores, es que permitirá que los grandes barcos utilicen el puerto.
La profundidad del agua en el actual muelle de Moín es poca. Solo pueden atracar allí los pequeños barcos.
Usualmente es más barato transportar la carga en un barco grande, que en muchos pequeños.
Además, el muelle de Moín solo tiene espacio para atender cinco buques a la vez, por eso casi siempre hay otros esperando atracar, a menudo hasta días enteros, lo que eleva los costos.
Quienes pagan el precio de estos atrasos son las empresas de exportación costarricenses, así como los consumidores.
En un principio, el nuevo puerto no será menos caro que el muelle actual, en términos de la tarifa cobrada por contenedor.
Pero dentro de unos pocos años, la eficacia de las nuevas instalaciones debería hacerlas competitivas.
Sin duda, el acuerdo es duro para varias bananeras, que pagan un costo bajo por utilizar el actual muelle de Moín, dado que aprovechan sus propias grúas, así como otros equipos.
Bajo el nuevo contrato, esas empresas tendrían que pagar la misma tarifa que los demás usuarios, para mover su carga en contenedores.
Sin embargo, ningún arreglo puede satisfacer a todos.
En términos de capacidad, la empresa que construirá y operará la terminal es de clase mundial.
APM Terminals, con sede en los Países Bajos, cuenta con operaciones en 62 países.
El dueño de APM, Grupo Maersk de Dinamarca, es la mayor compañía mundial de transporte marítimo de contenedores.
Al darse cuenta de una eficiente operación portuaria, manejada por una empresa líder, en conjunto con muchos talentosos costarricenses, otros inversionistas del mundo verían a Costa Rica como un lugar atractivo para hacer negocios.
Además, el nuevo puerto sería el primer paso en el proceso de mejorar las condiciones de Limón.
El proyecto implica una reducción en la fuerza laboral, que opera el actual muelle de Moín, en el cual transitaría poca carga, una vez que opere la nueva terminal.
Por otro lado, el Estado está dispuesto a pagarle a cualquier trabajador actual dos años de salario, por encima de la cesantía normal, por renunciar, de manera que esa persona cuente con adecuados recursos, para encontrar otro camino productivo.
Además, una terminal moderna de contenedores ofrecerá a los limonenses puestos de trabajo en una variedad de áreas, desde la operación y mantenimiento de los equipos hasta la computación, desde la seguridad hasta la logística mundial.
Otro aspecto crucial del nuevo puerto, es que jugaría un papel importante en la reactivación de Limón.
Una vez que el proyecto de la terminal arranque, Costa Rica podrá planear un sobresaliente puerto de cruceros.
Unas instalaciones modernas y atractivas proporcionarían un gran impulso al turismo en la zona de Limón.
Si bien, Moín mueve el 80% de la carga, lo que entra y sale del país cada año, Limón es una de las provincias más pobres de Costa Rica.
El acuerdo con APM está lejos de ser perfecto.
Sin embargo, es el puerto que merece Costa Rica.