El más prostituido de los ideales

El bien común, como agregado por encima de la suma de intereses individuales, es un ideal engañoso, por no decir imposible.
El documento programático firmado por el PAC, el FA y la agrupación sindical autodenominada “Patria Justa”, lleva por título, precisamente, Agenda Patriótica para el Bien Común. En el idiolecto de las burocracias sindicales, se trata en realidad de la expresión a ultranza de la defensa de intereses sectoriales y egoístas. ¿Cómo es que un “ideal noble” funciona como caballo de Troya para penetrar estructuras estatales, ganar tramos cada vez mayores de poder y manosear las arcas públicas en beneficio propio?
La respuesta es simple: subordinando los derechos de propiedad, única salvaguarda del individuo frente a los desmanes estatales, a abstracciones colectivistas de tinte sacrificial.
Es una de las dimensiones de lo que los economistas estudian bajo el concepto de “tragedia de los comunes”, es decir, aquellos bienes que, perteneciendo supuestamente a todos, no son, al mismo tiempo, de nadie.
El carácter social de las finanzas públicas —lo verdaderamente ‘común’ en sociedades complejas y multiculturales, más que el propio idioma o la religión— las convierte en el “común” tangible por definición. Sin embargo, los defensores del “patrimonio de todos los costarricenses”, quienes no representan más que a un sector interesado de la población, se auto-posicionan, favorecidos por su legal condición laboral, como guardianes desinteresados frente a la “codicia neoliberal”.
Pero esto no hace sino borrar de un codazo la verdad fundamental subyacente a toda lógica representativa: las democracias esconden, por definición, procesos de exclusión de sectores sociales, que, en sistemas estatistas como el nuestro, tienden a ser marginados de forma permanente por las vocerías chillonas de las burocracias estatales y sus respectivas bisagras político-parlamentarias.
La agenda de la mencionada alianza ameritaría un análisis puntual, pero su contenido es evidentemente reaccionario: rechazo a la ampliación de la participación del sector privado en la generación eléctrica, oposición a la reforma salarial en el sector público, espaldarazo a las medidas autoritarias y confiscatorias proyectadas por Hacienda, etc.
Si el “bien común” está llamado a seguir desempeñando función alguna en el lenguaje político, lo será no en cuanto ideal a priori del que grupos de presión se apropian para llevar adelante agendas privadas, sino en tanto esfuerzo social a posteriori que, una vez implementadas las necesarias políticas económicas de libre mercado —únicas de probada eficacia a la hora de hacer prosperar a las naciones— se proponga agendas complementarias compensatorias o “redistribucionistas”.
De lo contrario, es solamente un concepto semánticamente hueco, aunque útil para manipular a la ciudadanía. En suma, el llamado “bien común” debe poder ser retraducido a una técnica, lo más ideológicamente neutra posible, que, de manera post festum, contribuya al diseño de políticas públicas destinadas a ampliar y extender democráticamente los beneficios previamente creados por la economía libre de mercado.
En Costa Rica, no obstante, solemos poner la carreta delante de los bueyes.

Iván Villalobos Alpízar
Profesor UCR
villalpi@gmail.com