El Inamu defiende la paridad
| Sábado 02 abril, 2011
El Inamu defiende la paridad
La participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país, en condiciones de igualdad y no discriminación, permite un aumento en la calidad de la democracia.
Costa Rica ha tenido un protagonismo histórico: en materia electoral comenzamos con la lucha por el sufragio femenino, luego se estableció el sistema de cuotas y, recientemente, la promulgación de la paridad con alternancia en los puestos de elección popular.
El país está promoviendo una democracia paritaria, tendiendo como punto de partida el hecho de que si la ciudadanía está compuesta por hombres y mujeres, ambos deben estar representados en iguales porcentajes, y eso se traduce en la expresión más amplia de la universalidad de los derechos.
La paridad como una aspiración ética y democrática que propicia una distribución equitativa del poder y de los bienes sociales entre los géneros, se construye para erradicar las condiciones de discriminación y de desigualdad que sufren las mujeres en los espacios privados y públicos; así como de la exclusión de la que son objeto en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
La producción jurídica de la Sala Constitucional ha sido abundante en el tema de los derechos humanos de las mujeres, precisando criterios como el de la igualdad, el respeto y la no discriminación. Las diferentes instancias que generan resoluciones vinculantes han reconocido la absoluta legitimidad de que el Estado costarricense promulgue acciones afirmativas a través de su normativa, que son medidas tendientes a lograr la igualdad real en el ejercicio de sus derechos de poblaciones históricamente excluidas.
Las modificaciones a la normativa, así como las acciones afirmativas relacionadas con la participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida pública, y recientemente la representación paritaria en las asociaciones, reafirman el compromiso del Estado de armonizar el ordenamiento jurídico nacional con los requerimientos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La Ley 8901 es un instrumento que fortalece estas posibilidades de participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, tan variados como las Cámaras o las Asociaciones de todo tipo, que son la base de la democracia costarricense. El Inamu teniendo claro esa realidad y la diversidad de asociaciones que existen en el país, emitió el criterio de que se considerara la aplicación de esta normativa solo a las asociaciones mixtas, para no obviar la realidad de estos espacios en el quehacer nacional.
La paridad no resulta inconstitucional, discriminatoria, limitante, ni impide que las personas tengan menos posibilidades de ser elegidas en cualquier cargo, todo lo contrario, es el instrumento que se utiliza para garantizar la participación y representación efectiva de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades.
Maureen Clarke Clarke
Presidenta ejecutiva del Inamu
La participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país, en condiciones de igualdad y no discriminación, permite un aumento en la calidad de la democracia.
Costa Rica ha tenido un protagonismo histórico: en materia electoral comenzamos con la lucha por el sufragio femenino, luego se estableció el sistema de cuotas y, recientemente, la promulgación de la paridad con alternancia en los puestos de elección popular.
El país está promoviendo una democracia paritaria, tendiendo como punto de partida el hecho de que si la ciudadanía está compuesta por hombres y mujeres, ambos deben estar representados en iguales porcentajes, y eso se traduce en la expresión más amplia de la universalidad de los derechos.
La paridad como una aspiración ética y democrática que propicia una distribución equitativa del poder y de los bienes sociales entre los géneros, se construye para erradicar las condiciones de discriminación y de desigualdad que sufren las mujeres en los espacios privados y públicos; así como de la exclusión de la que son objeto en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
La producción jurídica de la Sala Constitucional ha sido abundante en el tema de los derechos humanos de las mujeres, precisando criterios como el de la igualdad, el respeto y la no discriminación. Las diferentes instancias que generan resoluciones vinculantes han reconocido la absoluta legitimidad de que el Estado costarricense promulgue acciones afirmativas a través de su normativa, que son medidas tendientes a lograr la igualdad real en el ejercicio de sus derechos de poblaciones históricamente excluidas.
Las modificaciones a la normativa, así como las acciones afirmativas relacionadas con la participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida pública, y recientemente la representación paritaria en las asociaciones, reafirman el compromiso del Estado de armonizar el ordenamiento jurídico nacional con los requerimientos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La Ley 8901 es un instrumento que fortalece estas posibilidades de participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, tan variados como las Cámaras o las Asociaciones de todo tipo, que son la base de la democracia costarricense. El Inamu teniendo claro esa realidad y la diversidad de asociaciones que existen en el país, emitió el criterio de que se considerara la aplicación de esta normativa solo a las asociaciones mixtas, para no obviar la realidad de estos espacios en el quehacer nacional.
La paridad no resulta inconstitucional, discriminatoria, limitante, ni impide que las personas tengan menos posibilidades de ser elegidas en cualquier cargo, todo lo contrario, es el instrumento que se utiliza para garantizar la participación y representación efectiva de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades.
Maureen Clarke Clarke
Presidenta ejecutiva del Inamu