El Estado no puede pretender mayores esfuerzos fiscales de unos ciudadanos abocados a utilizar más recursos en servicios esenciales privados

El Estado no es Robin Hood

Asistimos desde hace muchas décadas al debate vacío de liberalismo contra socialdemocracia: el mercado o el Estado.
La realidad es que la socialdemocracia desde el siglo XX nunca ha dejado de ser el elemento básico de la política económica en Occidente desde mediados, aplicando con mayor o menor intensidad la teoría de la redistribución.
Tanto es así, que el discurso liberal ha dejado de hablar de Adam Smith y prefiere que el Estado sea el garante de que todos tengamos el mismo acceso a servicios básicos, defender nuestra seguridad y la propiedad privada.
Por el contrario, el discurso socialdemócrata gira cada vez más hacia el socialismo.
No basta con garantizar igualdad de oportunidades, el socialismo quiere igualdad de resultados sea cual sea el nivel de mérito o esfuerzo de cada ciudadano.
Se les escucha hablar del Estado como benefactor de los pobres en detrimento de los ricos, un Robin Hood institucionalizado que, por medio del poder coercitivo de los impuestos o los precios regulados de servicios básicos (agua, luz, gasolina...), detrae dinero a los que más tienen para dárselo a los que no tienen tanto.
En este contexto y ante la situación actual del Estado en Costa Rica se alzan voces que ven una suerte de redistribución de la riqueza, incluso hablan de “justicia social”, en los abultados salarios y privilegios de un sector muy significativo de los empleados públicos.
Lo cual no deja de ser una falacia.
Sobre todo cuando descubrimos el siguiente dato: el 80 por ciento de los ciudadanos con las rentas más altas del país —percentil 90, es decir, el 10 por ciento con las rentas más elevadas— son empleados de las instituciones del Estado.
Conocido este dato, ¿a quién está robando este hipotético Robin Hood que nos receta la socialdemocracia?
Adicionalmente, tenemos un Estado que, no solo paga salarios hasta ocho veces más altos que la empresa privada, sino que además ha olvidado sus funciones primarias en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.
Para nadie es un secreto que muchos ciudadanos tienen que recurrir a la educación y la sanidad privadas para poder lograr estándares de calidad similares a los que el Estado tenía hace un par de décadas.
Por no hablar de funciones fundamentales para el desarrollo como la seguridad o la inversión en infraestructuras.
Ahí es donde encontramos esa dicotomía actual sobre el Estado costarricense: los ingresos son insuficientes pero los gastos no van dirigidos a lograr una mejor sociedad, sino a pagar cada vez mejor a sus funcionarios.
Podemos seguir culpando a la evasión fiscal de todos nuestros males como sociedad que no cree en el Estado del bienestar.
Pero no es menos cierto que el incentivo para aportar algo a ese Robin Hood del que hablan algunos es nulo.
Sin una planificación clara del destino del gasto público, el Estado no puede pretender mayores esfuerzos fiscales de unos ciudadanos abocados a utilizar más recursos en servicios esenciales privados.

Francisco Avilés
Economista